El Presupuesto Participativo es un proceso convocado por el Gobierno a través del cual los vecinos, a partir de los recursos disponibles y en el desarrollo de debates y consultas, definen los valores de los ingresos y gastos, y deciden en qué áreas deberán hacerse las inversiones, cuáles deberán ser las obras a realizar y, finalmente, controlan sus ejecuciones.
En absoluta asimetría con esta premisa, el Presupuesto Participativo lanzado por el gobierno de Ibarra en el año 2002 sirvió de trampolín para saltar sobre las Asambleas Vecinales y neutralizarlas, desgastando además una genuina herramienta participación ciudadana, El Centro de Salud de Viamonte 1747, surgió como necesidad prioritaria de un grupo de vecinos que «sanamente» creyó en el Presupuesto Participativo convocado desde el Gobierno. Pero el Gobierno los engañó. A los vecinos se les hacía creer que tenían injerencia sobre el 5% del presu-puesto total de la Ciudad.1 Tampoco les decían que sus decisiones no pesaban en absoluto sobre las genuinas arcas fiscales (los recursos disponibles), sino que cada prioridad elegida y ejecutada implicaría un mayor endeudamiento de ellos mismos. Efectivamente, la obra del Centro de Salud se financia(ba) con parte de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).2 Sin embargo, en ninguna de las reuniones de Presupuesto Participativo el gobierno propuso discutir con los vecinos si era conveniente o no, tomar o utilizar un crédito de un organismo internacional. Estos créditos comprometen los recursos por muchísimos años. Basta observar como el Presupuesto de la Ciudad de Buenos se cuadriplicó en los últimos seis años (ver cuadro) entre otras cosas para atender deudas, y cómo se profundizó el deterioro en la salud pública, educación, obras públicas, etc.

Lo cierto es que la obra del Centro de Salud formó parte de un paquete de 19 proyectos similares del Programa de Apoyo Institucional, Reforma Fiscal y Plan de Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordado con el BID, por $ 8.900.484. La Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Gobierno de la Ciudad encaró la realización del proyecto y la licitación. La Empresa Constructora ECMA S. R. L. resultó adjudicataria y el monto de la obra a la fecha de la contratación fue de $ 2.149.288. ECMA S.R.L. inició las obras el 11 de octubre de 2005. Siete meses más tarde, el 30 de mayo de 2006 la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad de Buenos Aires intimó a paralizar la construcción. Se estaba infringiendo el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.3 Es incomprensible que un proyecto surgido de un organismo público viole una reglamentación de ese mismo organismo. Pero sucedió así y el proyecto debió ser reformulado.
Modificado el proyecto, la obra se reinició el 16 de marzo de 2007. En octubre estaba paralizada otra vez a raíz de una presentación de la empresa constructora. ECMA SRL intimó al Gobierno de la Ciudad a: «regularizar los pagos suspendidos desde hace más de un año». La Dirección General de Recursos Físicos de Salud dice que ECMA SRL incumplió el contrato. Mientras dura esta suerte de reclamo cruzado, el expe-diente duerme en el Área Legal y Técnica de Centros de Salud y Equipamientos Técnicos. En resumen: la obra del Centro de Salud cuyo plazo de terminación se había fijado en 310 días y debió terminarse el 29 de diciembre de 2006, lleva según el último certificado de obra ( N° 12 del 31 de julio de 2007 ) un avance de solo el 14,49 %. Y nada se sabe del destino de los 2.149.288 pesos otorgados por el BID (ver recuadro aparte) que, seguramente, ya comenzamos a devolver a través del escandaloso aumento del servicio de ABL.
Conclusión: El barrio San Nicolás, limitado por las avenidas Callao-Córdoba-Madero-Rivadavia, un lugar donde moran, trabajan, y transitan a diario más de un millón doscientas mil personas, no tiene un Centro de Salud, no tiene un sólo hospital público. Recordamos las palabras del funcionario que nos atendió en el Ministerio de Salud. «La obra continuará sólo si media la voluntad política de hacerla». ¿Quién tiene esa voluntad política? ¿El jefe de gobierno Mauricio Macri? Nosotros enviaremos esta nota a Macri. ¿Usted qué piensa?

1. El Presupuesto 2003 para la Ciudad de Buenos Aires se calculó en $ 3.713.190.146 y se obtuvo un superávit fiscal cercano a los 160 millones de pesos. El Presupuesto 2004 fue de $ 4.129.762.273 y el superávit fiscal se estimó entre 700 y 800 millones de pesos.

2. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un crédito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1999 por 200 millones de dólares, para «contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires, procurando un marco de sustentabilidad fiscal y financiera a mediano y largo plazo, manteniendo un adecuado equilibrio fiscal a través de acciones, tanto por el lado de gastos como por el de los recursos, fortalecer y modernizar el desempeño de la administración de la CBA a través de: 1) incrementar la eficiencia y transparencia de los procesos de gestión. 2) promover la participación de la sociedad a través de procesos de descentralización y fortalecimiento del órgano legislativo, y apoyar el programa de inversiones para asegurar un adecuado nivel de la calidad y cobertura de los servicios públicos

3. No se respetó la reglamentación que exige no invadir con construcciones la línea de Frente Interno de la manzana.