Generación y degeneración de la clase política

por Rafael Gómez

¿A dónde van los políticos cuando dejan sus cargos porque han terminado los mandatos? Es de esperar -pensando el asunto democráticamente- que vuelvan a integrarse a la vida ciudadana, que vuelvan al “llano” (como dicen ellos), a ser gobernados. Y que el recambio permita a otros gobernados pasar a ser gobernantes. Es de esperar un flujo en el poder, para que las aguas sean limpias y transparentes y no se estanquen en la quietud de lagunas contaminadas o pantanos. La idea del flujo es limpiar, distribuir el poder en el tiempo y entre la ciudadanía, para evitar el despotismo, la corrupción, el personalismo, la impunidad, el nepotismo, la arbitrariedad y el totalitarismo. La limpieza del buen fluir resulta evidente y necesaria para construir una sociedad sana y democrática. Hay acuerdo en esto. Sin embargo no se cumple. Los políticos al terminar su mandato van por una reelección (hay legisladores que ocupan una banca durante treinta años) y si no la consiguen ocupan otro puesto clave en el poder hasta que vuelven a ser elegidos. Siempre están más o menos los mismos, mueren algunos y llegan sus hijos políticos o biológicos y continúan las cosas. Los políticos se enquistan en el poder, se desarrollan como larvas, y se sostienen unos a otros mediante pactos, cambio de figuritas, negocios non sanctus y escenografías electorales. Porque las elecciones están condicionadas. No son verdaderamente libres. Siempre elegimos entre los candidatos que los políticos proponen. ¿Quiénes propusieron a Macri y a Scioli en las elecciones del 25 de octubre? ¿Quiénes propusieron a los demás candidatos? Los políticos se reproducen a sí mismos y tienen intereses corporativos, por eso son una clase. La ideología es para ellos sólo el maquillaje que cubre los pactos y negocios de la clase. Cómo si no, se pueden entender los travestismos; por ejemplo: los de Patricia Bullrich y Elisa Carrió, que van desde el trotskismo y la lucha armada hasta la derecha más capitalista encarnada por Macri. Y hasta el mismo Macri se peroniza en la campaña para ganar voluntades engañando a la gente. No hay ideologías para ellos. Sólo las relaciones de clase, los pactos y los negocios, aunque estos sean criminales. ¿Cómo se entiende si no, que Carlos Ménem ande suelto y sea senador? Hay una complicidad corporativa. No cabe otra explicación. ¿Son Scioli, Macri, Massa y compañía, hijos políticos de Ménem? ¿Hay un pacto de impunidad entre Ménem y el Gobierno? ¿Hay un pacto de impunidad entre Ménem y la Oposición? Debe de ser así, porque no puede andar suelto y con inmunidad parlamentaria un tipo que destruyó medio país. Hay una matriz mafiosa que atraviesa toda la clase política. No puede separarse una cosa de otra. Se entra en la clase y, inevitablemente, a la matriz. Y todo empieza por un cargo.

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De los cargos políticos nunca se vuelve
Los cargos políticos tienen varios atractivos. Poder. Salarios de más de $ 60.000. Negocios y riqueza. Inmunidad. Ornamento y distinción. Estas características son extraordinarias en un país donde la mayoría de las personas recibe un salario que ronda los $ 6000 y es tratada como rebaño. Quien llega a un cargo político, en este contexto, es un privilegiado. Debería haber otros atractivos, otras vocaciones en la carrera política. Ayudar a generar una sociedad mejor y más igualitaria respecto a las oportunidades, por ejemplo. Pero estas vocaciones se pierden entre la desproporción de salarios y las oportunidades de negocios que ofrecen los cargos. Quien llega a la zona de privilegio querrá quedarse. Para esto tendrá que negociar, venderse, arrasar su ideología. “Yo me beneficio pero también la sociedad”, tratará de conciliar el funcionario. Pero no será cierto. El beneficio del político proviene de las corporaciones y los negociados y raramente coincide con el beneficio de la sociedad. Tómese el caso de Monsanto o de la Barrick Gold, que envenenan a las personas y a la tierra. Pero no sólo ocurre en estos casos tan trágicos. La corrupción de anteponer los negocios privados al bien común está en todo el espectro de la política, abarca desde la corporación internacional hasta la empresa fantasma o con tres empleados creada por un funcionario para medrar con el Estado. Un ejemplo de nuestra Ciudad. Se considera un excelente negocio el de las grúas que acarrean autos mal estacionados. Se genera una empresa de grúas. Hacen falta más playas para los autos acarreados. Los alquileres de las playas son caros. Entonces en la Legislatura se promulga una ley para construir playas de estacionamientos subterráneas en las plazas públicas con la excusa de evitar la congestión del tránsito, porque en la Ciudad hay cada vez más vehículos y faltan estacionamientos, blabá, blabá. Entonces el negocio se duplica porque a la empresa de las grúas se suma la constructora de las playas subterráneas. Hay que convencer a los legisladores para que aprueben la ley. “Si vos me votás ésta, yo te voto la otra, o te consigo un cargo”. También el pacto puede ser en metálico. Se llega a un acuerdo. Y lo que ocurre después es que los vecinos no consiguen más lugares para estacionar porque la playa está concesionada para las grúas, que precisamente hacen negocio llevándose los autos de los vecinos. Y el tránsito se pone peor porque a los autos que ya había se suman las grúas, que también circulan y entorpecen el tránsito enganchando los autos. Todo es mucho peor, la contaminación ambiental y el mal humor de los vecinos. Pero además, la plaza que tenía raíces profundas en la tierra se transforma en una plaza seca, es decir, en un macetero sobre la estructura de hormigón del estacionamiento subterráneo. Si llueve el agua no escurre, queda en el lugar, o corre por las calzadas e inunda las zonas bajas de la Ciudad.
Hay miles de negocios en Buenos Aires. Muchos tienen que ver con la construcción y con el código de planeamiento urbano. Y hay ‘causalmente’ una comisión en la Legislatura encargada puntualmente de eso. La comisión de Planeamiento Urbano, que permite o no las obras. También están los negocios de la obra pública, que maneja el Ejecutivo porteño con empresas amigas. Un ejemplo: el negocio de las veredas, que se investiga y analiza en la nota central, página 6. Otro ejemplo: la privatización del espacio público, ver la nota sobre el predio de Buenos Aires Design en la página 9. Las oportunidades para medrar son muchas, sólo hay que pertenecer a la clase política para acceder. Y nadie de los que acceden quiere dejar de pertenecer. De modo que la matriz mafiosa se afianza por sí misma.

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Cómo dejar el cargo y seguir perteneciendo
Sin considerar la reelección y la extensión del mandato, que son prácticas usuales, se puede dejar un cargo en una institución y pasar a ocupar otro en otra institución distinta pero del mismo Estado. Ménem, por ejemplo, pasó de ser presidente a senador. También se puede pasar de una banca a ocupar un cargo en los distintos entes de control que tiene el Estado, y después volver a la banca o ir al Ejecutivo. Las combinaciones son muchas y consiguen lograr, mediante pactos y negociaciones, la permanencia en el poder.
Tomemos el caso concreto de la Legislatura porteña. En torno a la Legislatura se han creado los siguientes entes de control: La Auditoría General de la Ciudad (AGC), la Defensoría del Pueblo (DP), el Consejo de la Magistratura (CM), Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Consejo del Plan Urbano Ambiental. A estos entes, que deberían ser autónomos pero no lo son -porque están para controlar los negocios urdidos en la Legislatura pero sus miembros son elegidos por la Legislatura-, van a parar los diputados porteños que no consiguen renovar sus mandatos.
AGC. Actualmente, hay 7 lugares en la Auditoría General y los aspirantes son: Oscar Moscariello, diputado porteño por el PRO; María Raquel Herrero, diputada PRO y Jorge Garayalde, diputado porteño PRO, que aspira también a diputado nacional; Santiago de Estrada, ex funcionario de Videla, integrante del PRO y actual auditor, espera renovar su cargo. Y por el lado del FpV: Cecilia Segura Rattagan, actual presidenta de la AGC, miembro de la Campora y pareja del diputado Cabandié, espera renovar su cargo; Eduardo Epszteyn, ex diputado y actual auditor, espera renovar su cargo; Emelina Alonso, secretaria parlamentaria, espera ingresar. El sueldo de un auditor es de $ 65.000. La planta de la AGC es de 700 empleados y su presupuesto para el año próximo llega a $ 315 millones.
DP. La Defensoría del Pueblo, un ente que prácticamente no hace nada, también tiene sus miembros elegidos por la Legislatura. Alejandro Amor, ex diputado del FpV; María América González, ex diputada nacional y ex legisladora porteña; Lidia Saya, ex legisladora de la Ciudad por el PRO durante dos períodos; Claudio Presman, ex diputado radical; Oscar Zago, ex legislador del PRO durante dos períodos. La DP tendrá un presupuesto para el próximo año de $ 498 millones; según su titular Alejandro Amor el 92 % de este presupuesto se va en sueldos y buena parte del resto en el alquiler de las sedes. Aparte de ser un aguantadero político de lujo con un gasto enorme, no sabemos cuál es el número de empleados ni tampoco qué es lo que hace específica y efectivamente por la comunidad la Defensoría del Pueblo porteña.
CM. El Consejo de la Magistratura tiene tres vacantes, vía legislatura. Se postulan el actual presidente del ente: Juan Manuel Olmos, ex legislador del PJ; Enzo Pagani, actual legislador del PRO, que preside la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad; Alejandro Fernández, actual auditor general de la Ciudad por el PRO; Vanesa Ferrazzuolo, apoderada del FpV porteño y funcionaria de la Defensoría; y Mauro Riano, también funcionario de la Defensoría por el FpV y miembro de la Cámpora.
Además de estas últimas opciones -que son las más apetecibles-, los legisladores con mandato cumplido el próximo 10 de diciembre podrán asentarse en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dispone 12 cargos, y en el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que dispone de 15 cargos. Ya están anotados para estos entes, respectivamente: la legisladora Virginia González Gass, que no tuvo chance de renovar su mandato por el frente electoral ECO (Energía Ciudadana Organizada), y Pablo Bergel, diputado porteño por el Proyecto Sur, ex director ejecutivo de Greenpeace.

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La carga de los cargos
En un tiempo remoto y tal vez incierto, todos los cargos públicos eran considerados una carga para quienes los tenían. De allí la sinonimia: cargo, oficio, obligación, mochila, peso, responsabilidad… En la etapa colonial estos significados empiezan a cambiar porque se asocia a los cargos el honor, el prestigio social y también los beneficios. Atento a esto, la Corona vende los cargos, les cobra impuesto a los gobernantes -fuertes impuestos que llegan a la mitad del sueldo-, y les hace juicio de residencia a todos los gobernadores cuando terminan sus mandatos. Otro tiempo. Hoy, la carga del cargo público la lleva la sociedad. Nosotros soportamos la carga de la clase política: el negociado, la corrupción, el personalismo, la impunidad, el nepotismo, la arbitrariedad, el latrocinio, la gestión para las corporaciones. Y la carga se hace cada vez más pesada.

¿Qué hacer? ¿Hay solución? Sí, claro que hay. Pero la solución depende de nuestra participación, la clase política es incapaz de modificar su esencia. La solución es quitar los privilegios a la clase, por ejemplo: reducir sus salarios a una escala normal y ciudadana. Esto permitiría hacer una política más vocacional que corporativa. La solución es distribuir el poder en la ciudadanía. Generar una verdadera democracia participativa. Hay una fuerte tendencia al respecto y medios tecnológicos para relacionar, informar e interactuar y hacerla posible. No será fácil porque la clase política no querrá perder sus privilegios, pero es una lucha que debemos dar.

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