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NO NOS OLVIDEMOS DE SANTA FE

Mariane Pécora

En abril del año pasado, sobrevino la crecida del Río Salado que inundó la tercera parte de la ciudad de Santa Fe. El agua arrasó vidas, destruyó casas; e invadió historias, el antes y el después de un pueblo. Hubo cientos de muertes y más de 120 mil personas sufrieron el abandono del Estado.

La solidaridad de la gente no se hizo esperar. En nuestro barrio está la Casa de Santa Fe y por aquellos húmedos días de otoño, se cortó el tránsito de la calle Montevideo al 300, para cargar cientos de camiones con alimentos, agua, abrigos, colchones, ropa. Donaciones. Nunca sabremos si efectivamente llegaron a manos de los necesitados. Sabemos sí, que se destituyó a una funcionaria del gobierno santafesino que pretendía retener la entrega de víveres para hacer clientelismo con la desesperación de la gente.

Responsable de la inundación, al parecer, es sólo el Río Salado y su tumultuoso cauce. Ningún funcionario preso por falta de previsión. Ninguno condenado por no hacer obras de protección, ni por evacuar la ciudad con antelación cuando se los previno de lo que estaba ocurriendo. En lugar de castigar a los responsables, se los premió. Ahora ostentan cargos más importantes, de mayor responsabilidad, y siguen “representando” a los ciudadanos que ellos, literalmente, sumergieron.

La inundación no sólo produjo pérdidas materiales, el agua también se llevó los recuerdos, la familia, el barrio. A más de un año, nada se ha hecho para paliar la situación de desamparo de las víctimas. El gobierno provincial no gobierna para los pobres. “Ni siquiera tienen un terrenito donde construir algo” le dijo, sarcástica, una funcionaria al historiador Osvaldo Bayer, cuando éste fue a reclamar por la dignidad y los derechos de estas personas.

El Gobierno no los ve. Son fantasmas. Decenas de familias, víctimas de la inundación, viven hacinadas en un lodazal, recluidas en carpas, sin piso, sin agua potable. Corroídas por el frío, el hambre y la humedad.

El 27 de julio, los desamparados de Santa Fe, vinieron a la Capital. Vinieron para ser vistos. Dieron una conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación. Paradójicamente, el mismo día que el ministro Lavagna anunciaba, en otra conferencia, que: “en nuestro país, tres millones de personas dejaron de ser indigentes y 2,7 millones se alejaron de la pobreza ” (sic) , cifra récord en 18 meses de gobierno.

Días después, los fantasmas de Santa Fe, acompañados por organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos. Que sí los ven. Hicieron un acto frente a la casa de esa provincia. Quebrados por el dolor, dieron cuenta de la cantidad de suicidios que se producen día a día, hombres en su mayoría. Las mujeres resisten, su naturaleza de madre las sostiene. Una de estas mujeres contó que su pequeña hija se congeló una noche, dentro de un baño químico en el campamento del lodazal. Relatos del horror que los medios masivos de comunicación no hicieron trascender. ¡Cómo podrían trascender, si según las cifras oficiales, se está acabando con la pobreza y la indigencia! En definitiva, Santa Fe ya no es noticia.

¿QUÉ ES LA LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL?

Rafael Gómez

Hoy, 5 de agosto de 2004, el Parlamento sancionó la mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal que enviara el Poder Ejecutivo al Congreso por iniciativa del FMI (Fondo Monetario Internacional). Digo mal llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, porque la responsabilidad sería en todo caso distribuir el fisco, el erario o el Tesoro Público –formado con el aporte de todos nosotros-, para generar el bien común o el bienestar general. Nada más ajeno a este objetivo que la ley sancionada. La Ley de Responsabilidad Fiscal limita el gasto social (alimentos, salud, educación) de las provincias al pago de la deuda externa. Ejemplo: si el superávit fiscal es del 8% (cifra estimada para el 2004), una provincia con el 60% de su población por debajo del límite de pobreza no podrá aumentar su gasto social a más del 8%, según esta ley. Es decir, los gobiernos provinciales no podrán alterar sus presupuestos en la medida adecuada para contrarrestar la pobreza. Más claro: si en este país mueren 100 niños por día por desnutrición y falta de condiciones sanitarias, y el porcentaje de superávit trasladado al gasto social no alcanza para alimentos y estructura sanitaria, entonces no podremos evitar esas muertes.

La Responsabilidad Fiscal, entonces, atañe al pago de la deuda externa y no a las condiciones de vida de la gente. Desgraciadamente, esta ley no es excepcional, la mayor parte de las acciones de nuestros “representantes” tiene el mismo sentido. Sólo para tomar casos recientes, considerar el Ajuste de Precios a las Privatizadas y la Negociación con los Bonistas. Este Gobierno no gobierna para nosotros sino para los organismos acumuladores de capital. La responsabilidad la tiene con las corporaciones multinacionales a través del FMI, con las empresas privatizadas, y con los inversores externos e internos. Nuestro presidente y nuestros legisladores saben perfectamente que nos oponemos a la sanción de leyes como la de Responsabilidad Fiscal. De hecho, hoy, millares de personas se tomaron la molestia de ir a protestar frente al Congreso. Y aunque no hubieran ido, aunque no se hubieran enterado, nadie con un leve rasgo de humanidad podría sancionar esta ley que está prácticamente condenando un pueblo a la pobreza, mucho menos si se considera su representante.

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
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