Ni un pibe ni una piba menos. Ni una bala más
El lunes 28 de agosto, se celebró la 3º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, convocada por la la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), familiares de víctimas de gatillo fácil y varias organizaciones sociales y políticas. Una multitud de manifestantes recorrió el trayecto que va desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo bajo las consignas: ¡Basta de represión policial! ¡Ni un pibe ni una piba menos! y ¡Aparición con vida de Santiago Maldonado!
Un documento elaborado por la CORREPI da cuenta que durante la gestión de la alianza Cambiemos, el número de personas muertas en manos de las fuerzas policiales se va incrementando: “Con el gobierno anterior nos mataban a una persona cada 28 horas, y ahora una cada 25. Sí, cambiamos. Para peor. Y el gatillo del Estado es cada vez más fácil”, señala el escrito.
Desde la recuperación de la democracia, en 1983, existen en nuestro país alrededor de 5200 casos de muertes en manos del Estado. Esta es cifra no está cerrada. Es una aproximación sobre los hechos que se denuncian o adquieren trascendencia mediática, pero se sabe, que en la mayoría de las veces las muertes se ocultan o se disfrazan. “Es imposible calcular la ‘cifra negra’ del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura”, explican desde la CORREPI.
La estadísticas que este organismo antirrepresivo lleva adelante desde 1996, han podido establecer el número aproximado de este tipo de asesinatos ocurridos en el país desde la década del ’80 en adelante. Y sirvieron para corroborar que la mayoría de los homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden.
“Detrás de cada bala hay una vida. Una historia por ser contada, una familia, sus amigos. Un barrio, con sus necesidades, problemas, y también sus alegrías; el trabajo nuestro de cada día, y los muchos caminos y calles que construimos para hacer mañana. Nuestras calles, con nuestra bronca, y nuestra dignidad”, dice el comunicado leído en Plaza de Mayo.
Delia Garcilazo, la madre de Rodolfo “Fito” Ríos, un joven torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, tiró la primera piedra. Propuso a la CORREPI hacer una lista de todas las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de todo el país desde el fin de la dictadura. Corría el año 1996. No eran tiempos de informática y menos de Internet, así que Delia junto a tres compañeras, munidas de birome y cuadernos se dedicaron a recopilar esa información. Empezaron con los propios, los casos de los familiares organizados en CORREPI. Siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron a periodistas como Enrique Sdrech y Carlos Rodríguez, que les facilitaron sus archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil. Hacia fin de ese año, tenían contabilizadas 262 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983.
“Detrás de cada bala que se dispara se va una parte nuestra también. Algo del todos y todas nosotras que nos matan, que ya perdimos más de 5000 veces, por cada una de las víctimas de las fuerzas de ‘seguridad’ en democracia. Y no queremos que nos pase más. Como sabemos también, que para que no pase más tenemos que ser miles para cambiar las cosas. Pero de verdad”.
Aquella lista del cuadernito de Delia, se convirtió en una base de datos con miles de registros de distintos lugares del país, y motivó a la CORREPI a dar cuenta de lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, como lo son las muertes en cárceles, comisarías y los casos de gatillo fácil. Al día de hoy se calcula que, desde el inicio de la democracia, la cifra de personas asesinadas por el aparato Estatal ronda las 5200 almas.
“Somos pueblo, y nos duele cada parte de nuestro pueblo. Somos la mayoría que hace que funcionen todas las cosas, y sin embargo también quienes pagamos todas los platos, enteros y también los rotos, con nuestro propio cuerpo, y nuestra vida. Las y los pobres somos cada vez más pobres, y los ricos son cada vez más ricos. Somos muchos y muchas más, y ellos los mismos pocos de siempre”.
Los fusilamientos de gatillo fácil representan el 46% del total de las muertes en mano del aparato estatal. En tanto que los asesinatos de personas detenidas alcanzan el 39%. Las recurrentes campañas de ‘ley y orden’, amparadas por el discurso oficial de la ‘inseguridad’, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres. Otro dato significativo es que más de la mitad de las víctimas promedian los 25 años o menos.
“Detrás de cada bala están los y las que ya no están. Pero también los y las que estamos, para que ya no pase más. Por ellos y ellas, pero también por nosotros, los que vienen. Y para eso necesitamos más unidad, más organización, y más lucha.”
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluye cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención, como por ejemplo patrulleros, confluyen principalmente inverosímiles suicidios por ahorcamiento que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
Las desapariciones, que superan las 200 desde 1983, no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como muertes bajo custodia u otras modalidades. Por ejemplo, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían. Una clara muestra de este accionar es la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería nacional durante operativo en la Comunidad Mapuche “Pu Lof” en Resistencia en la provincia de Chubut, el 1 de agosto pasado. En este sentido, cabe acotar, que los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 víctimas.
“Nos tienen miedo. Saben que somos más, y de lo que somos capaces si nos juntamos. Por eso nos quieren divididos, en nuestras casas, quietos, y apuntándonos con el dedo. Por eso todos los días se esfuerzan en hacernos creer que la culpa es nuestra; que nuestros pibes son peligrosos, que son el problema; que las pibas también; que la inseguridad somos nosotros, y no ellos, que son quienes administran el robo organizado, las zonas liberadas, la prostitución, las redes de trata y el narcotráfico. Por eso nos tiran, y por eso hoy estamos acá, una vez más, como hace más de 25 años CORREPI está en la calle”.