Visibilizar para Humanizar. Cuarta entrega

La esquina de dos avenidas del barrio de Balvanera, se ha convertido en el dormitorio de un hombre de mediana edad, padre de tres hijos. Darío vive en González Catán y trabaja en la Ciudad. Lo que gana apenas le alcanza para sostener a su familia. Ahorra el dinero del pasaje durmiendo de lunes a sábado a la intemperie.
Esta es una historia real, tal real como el hombre  que pasa el día acurrucado en el rincón de esta vereda junto a la frazadita azul o rosa que le da el Gobierno porteño. Como la mujer que duerme sentada en un umbral de avenida Corrientes protegida por una trinchera de cartones. Como la familia que consiguió una caja gigante y armó  un dormitorio en la puerta del teatro Alvear. Como el joven que escarba los contendedores instalados frente al cine Premier, buscando algo para ponerse, porque hace frío y está casi desnudo. Como las miles de personas que duermen tapadas con cartones sobre algún colchón rescatado de la basura.  

Parafraseando la canción de Serrat: la ciudad se nos llenó de pobres, señor Larreta.

Cuando el pobre es el enemigo

“Para nosotros que una persona viva en la calle es un signo de vulnerabilidad social. El simple hecho de estar en esta situación es suficiente para que uno merezca el reconocimiento de su derecho a la vivienda por parte del Estado”, dijo el  Defensor del Pueblo Horacio Corti, el 19 de julio pasado, durante la presentación del informe del 1º Censo de Popular que arrojó una cifra de 25.872 personas en situación de calle o en riesgo de estarlo.[1]
Once días después, luego que esta cifra fuera reproducida hasta en los medios que, supuestamente, nutren su exaltada verborrea, Elisa Carrió afirmaba la inexistencia de la pobreza. “Es un invento”, decía en la mesa de la Legrand,  parpadeando con el aletargo propio de quien se siente henchida.[2] 
Al día siguiente, el abogado oficialista Alejandro Fargosi, contradijo a su candidata con un argumento, al menos, extravagante. “De varias fuentes directas: muchos de los sin-techo de Recoleta-Barrio Norte están pagados por punteros (…)”, publicaba en su cuenta de Twitter. El abogado de Aerolíneas Argentinas durante el vaciamiento de la gestión Marsans,  sostiene que las personas en situación de calle forman parte de una escenografía, subvencionada por algún puntero político, para perjudicar la administración de Horacio Rodríguez Larreta.[3]
Hasta el mismo Horacio Rodríguez Larreta se animó a contradecir a Carrió, cuando junto a Ministra de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri,  anunció que la Ciudad quiere ser garante para que los sin techo puedan alquilar.[4] Esta tímida irreverencia del Jefe de Gobierno porteño fue subsanada de inmediato en el programa televisivo de la diva de los teléfonos. Susana Jiménez, avaló la delirante similitud que Elisa Carrió hizo entre la estación de Constitución y la de Nueva York, argumentando que había gente en situación de calle que cobraba para ser linyera. Sentadas, una a cada lado de la matrona del disparate, la “hormiguita” Ocaña asentía impertérrita, en tanto que la gobernadora Vidal, cual contestador automático, repetía una y otra vez que hay que discar el 108 para notificar sobre personas en situación de calle. 
Invisivilizar, criminalizar y desvalorizar son algunas de las formas en que la discriminación toma cuerpo. Estigmatizar al vulnerable lo convierte en algo inferior, menos humano. Esta devaluación del otro, pone en marcha una ideología que activa y justifica la violencia social e institucional. 
Las políticas que desarrolla el Gobierno porteño respecto al espacio urbano, dan cuenta de una forma particular de concebirlo y producen sentido en torno a los usos y usuarios legítimos del mismo. El proceso de renovación o recuperación del espacio público que la ciudad de Buenos Aires desarrolló en los últimos años, produjo una mercantilización de bienes y servicios que benefician únicamente a los sectores de altos ingresos. Como consecuencia, la política de criminalización de la pobreza se convirtió en una práctica cotidiana.

Los Derechos Humanos de las personas en situación de calle

La criminalización que desde distintos estamentos del poder mediático y político se hace de las personas en situación de calle, reproduce un patrón de estereotipos que justifica distintas formas de violencia social e institucional. “Las personas en situación de calle sufren una doble discriminación: Son invisivilizadas desde la política social y son hipervisibilizadas desde las fuerzas de seguridad”, señala Christian Gruenberg, miembro del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Publico de la Defensa Ciudad. “A esta criminalización -que es una de las principales barreras que tiene la población en situación de calle para acceder a los servicios públicos, a la educación y a una vivienda digna-, se le añade la violencia social ejercida por vecinos, comerciantes y transeúntes”, agrega Gruenberg, y explica que esta es una de las variables que se incorporó a las preguntas del Censo Popular de Personas en Situación de Calle.
El informe de este relevamiento da cuenta que el 70% de los encuestados han sido víctima de una o varias formas de violencia institucional y/o social: discriminación, amenazas,  violencia física, abuso sexual, robos o hurtos. De estas categorías, las tres primeras son las más frecuentes. Siendo la primera fuente de violencia la institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por los funcionarios públicos de instituciones y programas estatales del Gobierno que deben interactuar de manera directa: hospitales, Programa Buenos Aires Presente, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, etc.  La violencia social ocupa el segundo lugar. Respecto a los casos de abuso y violencia sexual, la mayoría de las veces se ejercen desde la violencia social.
La discriminación es la conducta negativa e injustificada hacia un determinado grupo o sector social que implica violencia física, agresiones, marginación, desvalorización y hasta invisibilización.  Se origina en el prejuicio, es decir en la opinión banal acerca de algo que se conoce poco o muy mal. Los ejemplos citados al comienzo de esta crónica, ilustran como los prejuicios habilita estereotipos  que conducen a la estigmatización y/o criminalización de las personas en situación de calle.
Para cambiar este patrón conductas violentas, la Ley 3076 obliga al Estado de la Ciudad a promover un cambio social para desnaturalizar y deconstruir estigmas y estereotipos que reproducen la discriminación y la criminalización de las personas en situación de calle. En la práctica esto significa ser reconocidos como sujetos de derecho y no como receptores pasivos de asistencia estatal. Esto implica que las políticas y programas sociales asignados a esta población no deben ser asistencialistas, ni paternalistas, ni discrecionales.  
Nada de esto cumple el Estado porteño que cuenta con un extenso dossier de criminalización y exclusión de los sectores vulnerables:
El 26 de julio de 2005, el entonces Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, bajo la órbita de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, creaba el RECEP. Un organismo de Recuperación del Espacio Público, con facultades para remover las cosas o personas que ocupasen de forma indebida el espacio público. [5]  
Más tarde, la concisa gestión de Jorge Telerman  transformó,  y hasta humanizó este organismo, con la creación de la Unidad Operativa de Recuperación y Control en el Espacio Público (UORCEP),[6] que tenía facultades para planificar, organizar y ejecutar acciones de abordaje en los espacios públicos donde existieran asentamientos, instando a priorizar la atención debida a las personas que los habitaban.
En 2008, la gestión de Mauricio Macri creó la Unidad de Espacio Público (UCEP). Este organismo tenía entre sus funciones “Mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”.[7]  El programa cerró un año después, como consecuencia de las denuncias de violencia verbal y física a sus agentes, lo que derivó incluso en una causa judicial que implicó hasta al propio Macri y al entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, quienes luego fueron sobreseídos.
Luego de la disolución de la UCEP las denuncias sobre maltratos a personas en situación de vulnerabilidad se continuaron. La Subsecretaría de Higiene Urbana, la Policía Metropolitana y las empresas de recolección de residuos, siguieron aplicando prácticas similares a las de la UCEP. Así dan cuentas los archivos del Ministerio Público Fiscal y La Defensoría del Pueblo. 
Antes de promulgar la Ley 3706,[8] parida tras el conflicto del Parque Indoamericano, Mauricio Macri y su entonces Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, vetaron el artículo que definía el derecho a la Ciudad como una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público.[9] Es decir, si bien esta normativa significa un cambio de paradigma en la protección de Personas en Situación de Calle, no impide que se las criminalice.

Invisibilizar para omitir

En la sesión de la Legislatura del 3 de agosto pasado, el diputado Gabriel Fucks presentó un proyecto para declarar de interés social el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle. En su intervención, el legislador, hizo referencia a la disparidad entre las cifras que maneja el Gobierno porteño y los resultados de la experiencia de las organizaciones que se ocupan de esta problemática. Destacó el relevamiento de población en situación de calle que hicieron, durante el mes de mayo, 40 organizaciones sociales, con el aval de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de la Presidencia de la Auditoría de la Ciudad, y de la Defensoría General de la Ciudad.  
El resultado del censo de las organizaciones sociales quintuplicó las cifras dadas por el Gobierno porteño.  Y, arrojó una población en situación de calle o en riesgo de estarlo de 25.872 personas. Esta diferencia abismal, “amerita un debate de la realidad” dijo Fucks en su intervención. “No tomar en cuenta este relevamiento y no abrir un debate sobre esta problemática, es ejercer violencia por parte del Estado”, señaló más adelante y llamó a sus pares a declarar de interés social el Censo Popular de Personas en Situación de Calle. La aprobación de este proyecto de resolución requería el voto de los dos tercios de los ediles presentes. El resultado fue negativo[10]. El oficialismo cuenta con mayoría legislativa. El bienestar, el buen vivir y la inclusión social no son temas de agenda para el Gobierno porteño.

Informes anteriores:

Visibilizar para Humanizar. Primera entrega
Visibilizar para Humanizar. Segunda entrega
Visibilizar para Humanizar. Tercera entrega

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[1] http://www.periodicovas.com/visibilizar-para-humanizar-segunda-entrega/
[2] http://www.diarioregistrado.com/politica/insolito–para-carrio-el-aumento-de-la-pobreza-es-un-invento-de-c5n_a597e1b65a9b2d972884034cf
[3] https://www.pagina12.com.ar/53776-muchos-de-los-sin-techo-estan-pagados-por-punteros
[4] http://www.lapoliticaonline.com/nota/107334-la-ciudad-quiere-ser-garante-para-que-los-sin-techo-puedan-alquilar/
[5] Decreto N° 1136/05. El objetivo principal de este organismo era recuperar los espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tales, no sólo los espacios verdes, sino también los llamados “espacios grises” que comprenden plazas secas, veredas, calles y avenidas que en la actualidad o en el futuro puedan encontrarse ocupadas en forma indebida, por diferentes personas y en circunstancias diversas.
[6]  Decreto Nº 351/06
[7] Decreto 1232 BO del 29 de octubre de 2008 y Anexo
[8] http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3706.html
[9] http://proyecto7.org/wp-content/uploads/2017/01/Ley-3706-Veto.pdf
[10] Acta de la 17ª Sesión Ordinaria – 3 de agosto 2017

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