Esa costumbre de matar

Cada 21 horas el Estado asesina a una persona en nuestro país. Este dato se desprende del informe anual elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), donde se señala que desde el inicio de la democracia, en 1983, hasta febrero de este año,  las fuerzas de seguridad estatal asesinaron a 6.500 personas.

El gatillo fácil, es decir, el fusilamiento, la inducción al ahogamiento o al suicidio, la incineración en la celda de una comisaria y, desde hace una semana, la patada certera, conforman una antología del terror estatal. Terror que en los últimos se vio robustecido a partir de las políticas de seguridad implementadas por actual la alianza gobernante. Cambiemos, no solo premió a policías asesinos como Chocobar, instaló la doctrina de la impunidad a partir de una normativa que ampara la violencia: la Resolución 956 del 3 de diciembre de 2018, legaliza el uso de las armas de fuego para las fuerzas federales, sin que medie la voz de alto. 

Estas medidas coercitivas tienen como objetivo disciplinar a la población directamente afectada por las políticas de ajuste y profundización de la pobreza: la clase trabajadora, la juventud de los barrios populares y las disidencias sexuales. “Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, fueron asesinadas 1.303 personas”, señala el informe elaborado por Correpi, donde se indica, también, que en el curso de 2018 hubo 1.102 casos de muertes por violencia estatal. 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si se incluyen 28 casos chequeados de 2019, ocurridos entre enero y los primeros días de febrero. Esta cifra, representa el 20% del total de asesinatos cometidos por el Estado desde diciembre de 1983.

El mecanismo de la inversión de la culpa sostiene la impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad estatal. La víctima se convierte en su propio victimario  y se la compatibiliza de su propia muerte: “no sabía nadar”o “cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento”. Los medios hegemónicos alimentan esta teoría y el sistema judicial escatima llegar al hueso de la cuestión. Son pocos los casos que lograron sentar en el banquillo de los acusados a los responsables. «Este escenario nos demuestra que es indispensable profundizar y fortalecer la lucha antirrepresiva en todo el país», señalan desde la Correpi, que lleva 25 años denunciado que el gatillo fácil es una política de Estado.  

En este marco, el martes 28 de agosto, se celebró una nueva Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, convocada Correpi, familiares de víctimas de gatillo fácil y varias organizaciones sociales y políticas. Una multitud de manifestantes recorrió el trayecto que va desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo bajo las consignas: ¡Basta de represión policial! ¡Ni un pibe ni una piba menos!

La estadísticas que este organismo antirrepresivo lleva adelante desde 1996, han podido establecer el número aproximado de este tipo de asesinatos ocurridos en el país desde la década del ’80 en adelante. Y sirvieron para corroborar que  la mayoría de los homicidios perpetrados desde el Estado no trascienden. El Archivo de Casos donde se registran los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad es la herramienta que sustenta esta premisa. Se trata de una búsqueda exhaustiva, dado que la mayoría de estos crímenes quedan recluidos en los ámbitos en donde ocurrieron, impunes, bajo el manto legitimador de “actos de servicio”, “combate contra el delito”y otros argumentos.

¿Vivir Mejor es Ley?

La Ciudad de Buenos Aires, está muy lejos del eslogan Vivir Mejor es Ley, esbozado en la usina de Uspallata, donde Horacio Rodriguez Larreta diseña una metrópolis de estatura tan gigantesca como sus aspiraciones políticas. En el territorio porteño la Policía de la Ciudad asesinó 43 personas en 26 meses. Más de dos personas por mes.
La Policía de la Ciudad es el fruto de la fusión de la Policía Metropolitana -creada por Mauricio Macri en 2008 cuando oficiaba de Jefe de Gobierno porteño- con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Esta mega fuerza policial se puso en marcha en enero de 2027, cuando su Larreta  había tomado el comando de la Ciudad.  El total de efectivos con que cuenta la Policia de Ciudad es desorbitante:  25.800 policías para un territorio que no llega a los tres millones de habitantes. Es decir, hay un policía cada 112 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por cada 100.000 almas que recomienda la ONU.
En dos años, la Policía de la Ciudad, duplicó la cantidad de casos de Gatillo Fácil efectuados por la Metropolitana en 8 años. El brutal accionar de esta fuerza quedó en evidencia el 2o de agosto pasado, cuando el oficial karateca, Esteban Armando Ramírez, remató de una patada a un hombre en presunto estado de ebriedad.  El asesinato a sangre fría de Jorge Martín Gómez quedó registrado en una cámara de la seguridad. Sin embargo, desde el Estado se sostiene que la víctima es culpable de su propia muerte dado que, supuestamente, portaba un cuchillo tramontina y su cabeza golpeó contra el pavimento al caer.

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