La Villa 31 en la mira del mercado

por Mariano Pagnucco

En Retiro hay mucho agite. La dinámica alborotada del barrio se nutre de miles de personas que suben y bajan de trenes, micros, subtes y colectivos, otras tantas que recorren a diario los pasillos de los Tribunales de la calle Comodoro Py, más el devenir de quienes participan en la intensa actividad del Puerto de Buenos Aires. A la sombra de todo ese revuelo, que se condensa en pocas cuadras, hay un agite con menos visibilidad pública: la situación que atraviesan los vecinos y las vecinas de las villas 31 y 31 bis.

La gestión del intendente Horacio Rodríguez Larreta, levanta orgullosa la bandera de la urbanización en Villa 31, refiriéndose a esa zona como «Barrio 31», para reforzar la supuesta vocación de integrar las villas al resto de la Ciudad. Pero los gestos para los medios de comunicación afines y los buenos modales de campaña contrastan en el territorio con la realidad de quienes habitan allí. Especulación inmobiliaria, soluciones habitacionales de baja calidad, falta de participación real de lxs vecinxs y patotas que amenazan y aprietan a las voces disidentes, son algunos de los componentes de un cuento de terror que Larreta y compañía suelen transformar en un relato romántico cuando se encienden las cámaras.
En las PASO de agosto en la Villa 31, la grieta entre el relato y la realidad le dio un sopapo inesperado al Equipo gobernante: el intendente de la ciudad más rica de la Argentina perdió por casi 50 puntos frente a Matías Lammens, el candidato del Frente de Todxs. Después de los resultados en las urnas, el lobby mediático afín a Cambiemos se preguntaba por qué había perdido en la Villa el Gobierno que más había invertido en su desarrollo urbano.

Memorias del territorio
A pesar de que cierto sentido común instalado en las cabezas argentinas señala que las villas son un invento del peronismo, las investigaciones históricas demuestran que los asentamientos precarios nacieron en el país en las primeras décadas del siglo XX. En pleno auge de la economía agroexportadora, uno de los polos más dinámicos donde conseguir trabajo era el puerto, y a sus alrededores se instalaron también las primeras casillas que fueron conformando en los años posteriores la Villa 31.
Los vaivenes de la economía nacional y las corrientes migratorias hicieron crecer la población villera, por eso La 31 se expandió más tarde a La 31 Bis. Carlos Mugica, el cura asesinado en 1974 por su compromiso político, supo echar raíces en ese territorio. En la parroquia Cristo Obrero que fundó en el corazón de la villa, descansan actualmente sus restos. Carlos Mugica es, además, el nombre con el que se conoce al barrio oficialmente, más allá de los bautismos impuestos por la gestión Larreta.
Históricamente pensada como contrapunto de los hoteles cinco estrellas y los edificios de lujo de Retiro, la Villa 31 está hoy en la encrucijada del desarrollo inmobiliario, cuyo plan en marcha es la construcción de un vial costero entre la Capital Federal y la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Una de las zonas más conflictivas de La 31-31 Bis es el sector «Bajo Autopista», donde residen actualmente unas 1.300 familias. Entre los saberes de albañilería y los esfuerzos económicos, las familias edificaron allí sus casas y sus proyectos de vida. Ahora, esas familias deben ser relocalizadas por la nueva traza de la autopista.

Promesas agrietadas
«Nosotros no nos vamos a ir», dice Sonia Lozano. Habla desde su arraigo de 13 años en Bajo Autopista, donde construyó un hogar junto a su marido y donde crecieron sus tres hijos. El caso de Sonia es representativo de cientos de vecinos y vecinas que se niegan a trasladarse a los departamentos construidos por el Gobierno porteño en el sector llamado «YPF» (allí funcionó antiguamente una refinería de la empresa).
La lista de motivos para justificar la negativa es extensa. Por un lado, les ofrecen viviendas cuyas paredes están revestidas de madera, lana de vidrio, chapa y durlock (las casas que lxs vecinxs construyeron a lo largo de estos años son mayormente de ladrillos y cemento). Además, la relocalización no contempla los ingresos que tienen las familias por las actividades económicas que realizan en sus hogares. En muchos casos, las viviendas conviven con comercios o talleres de oficios. Leslie Rojas, integrante de la mesa participativa por la urbanización, cuenta el caso de una familia que se dedica a la carpintería desde que llegó al barrio. ¿Qué solución le ofrece el Gobierno para que pueda relocalizarse en una vivienda sin lugar para montar un taller? «Traen cursos de emprendimientos para que reorienten su actividad económica», comenta Leslie con indignación.
Otro problema recurrente es el desglose de hogares dentro de una vivienda. Actualmente, conviven bajo el mismo techo familias compuestas por padres, hijos y nietos. Tal crecimiento familiar fue acompañado por la ampliación o la subdivisión de la vivienda, mientras que en el nuevo hábitat deberían acomodarse todos en tres o cuatro ambientes de un mismo departamento.

Unas semanas atrás, la primera tanda de relocalizaciones despertó la alarma de las familias que todavía no se mudaron. Luego de trasladar muebles y pertenencias familiares, el nutrido equipo de obra -decenas de personas con cascos que componen el actual paisaje de la Villa, maniobrando con pequeños vehículos de carga entre los pasillos donde circulan madres, ancianxs, niñxs y perros- completó la mudanza de un modo llamativo: demolió las viviendas desocupadas para evitar usurpaciones. La percusión de los martillos neumáticos no sólo debilitó la estructura de estas casas, sino que además generó daños en varias viviendas aledañas. «A una vecina se le cayeron pedazos de loza en el comedor», ilustra Leslie. El enojo fue en aumento hasta que intervino la Defensoría del Pueblo, que mandó veedores para supervisar las relocalizaciones y evitar nuevos incidentes.

Entre el diálogo y el apriete
La intervención en el Barrio Padre Mugica está a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), que es el órgano responsable de ejecutar las obras y de establecer acuerdos participativos junto a la vecindad, tal como lo indica la ley de urbanización (N° 3.343) sancionada por la Legislatura en 2009. La SISU realizó un relevamiento en 2017 para establecer la cantidad de habitantes en la villa. El resultado fue de 40.000 personas, mientras que las estimaciones barriales arrojan 60.000 personas o más. Una de las consecuencias de ese censo informal es que aquellas familias que no aparecen en los registros oficiales, quedan afuera de las soluciones habitacionales del Gobierno.
También es cuestionado el lugar que tiene la mesa participativa en el proceso de urbanización, ya que en la práctica la SISU avanza según lo que resuelven los once consejeros del barrio (que tienen mandato cumplido). Desde los tiempos de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno porteño, el PRO supo ganarse la simpatía de los consejeros gracias a recursos económicos y trabajos para las cooperativas nacidas en La 31.
Promediando agosto de 2019, una vecina de la Villa denunciaba en un video -filmado delante de un cerco colocado por los bomberos- que su casa había sido incendiada por los cooperativistas que actúan como fuerza de choque de los intereses del Gobierno. ¿El motivo? Su negativa a abandonar el hogar de siempre para mudarse a cualquier parte.

Letra chica, letra tramposa
«Los contratos que firman las familias son leoninos», advierte el abogado Jonatan Baldiviezo, que preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Se refiere al vínculo formal que establecen los futuros propietarios de las viviendas del sector YPF con el Gobierno porteño a través de la SISU.
El protocolo elaborado por la SISU para la relocalización encubre, según Baldiviezo, «un desalojo forzoso» porque no les da alternativa a los residentes de Bajo Autopista. El artículo 4 del protocolo dice: «En el caso que el BENEFICIARIO se negare a suscribir la escritura traslativa de dominio (…) se le hará saber en dicho acto, que tal negativa produce el efecto de cesar su derecho como titular o condómino de la unidad funcional asignada como así tampoco, se le podrá otorgar nuevo beneficiario de solución habitacional definitiva (…)». El temor de la gente a quedar en la calle hizo que la mesa participativa comenzara a alertar a la vecindad de no firmar nada sin asesoramiento previo.
Las 1.044 soluciones habitacionales (para 1.300 familias) que ofrece el Gobierno dentro de la relocalización en el sector YPF, están al final de un corredor que también integran los edificios del futuro Ministerio de Educación porteño y del Polo Educativo María Elena Walsh, donde ya funcionan distintos niveles educativos. Las dos grandes moles de cemento y vidrio contrastan con las viviendas coloridas hechas de chapa, madera y durlock que están enrejadas en el exterior.

Algunas familias ya están viviendo en los nuevos departamentos. Por una mezcla de fe ciega en la palabra del Gobierno y falta de asesoramiento, varios antiguos residentes de Bajo Autopista firmaron la propuesta de la SISU sin atender a los detalles. Entre los puntos opacos del contrato, no está claro cuánto pagarán los propietarios en concepto de cuota por los créditos contraídos. Además, estas familias tendrán un impacto directo en el bolsillo por trasladarse a un edificio con gastos mensuales de expensas, ABL y consumo eléctrico dependiente, porque en las unidades no hay conexión a la red de gas.
La trampa mayor para los propietarios son las hipotecas. Según se lee en una de las cláusulas del contrato, «el deudor confiere al acreedor (el Gobierno de la Ciudad) un PODER ESPECIAL IRREVOCABLE» para que realice «los siguientes actos en su nombre y representación: (a) reinscriba la presente hipoteca cuantas veces fuere necesario, y (b) suscriba Letras Hipotecarias (…)».
Baldiviezo clarifica: «Las letras hipotecarias son títulos de valor que están resguardados por la hipoteca de las viviendas y que pueden ser comercializados en el mercado». Dicho en palabras de barrio, si los propietarios adeudan cuotas de sus créditos, el Gobierno porteño podría transferir esa obligación. «Toda la villa puede quedar endeudada con un solo banco o una sola empresa», remata el abogado.

Parada entre los edificios del sector YPF donde deberían relocalizarla, Sonia mira el movimiento de los hombres que mudan pertenencias de otras familias. Al levantar la vista, surge un contraste evidente entre el revestimiento colorido y las rejas que rodean los edificios. A Sonia se le humedecen los ojos: «Nosotros no podemos mudarnos acá, esto parece una cárcel».

 

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