Sin vacantes ni voluntad política
En la Ciudad de Buenos Aires cada año hay miles de niños y niñas, sobre todo del Nivel Inicial, que se quedan sin lugar en las escuelas públicas. Las respuestas del Gobierno son precarizar la educación infantil hacia Centros de Primera Infancia o bien accionar cuando los casos llegan a la Justicia.
Cómo se organizan las familias para garantizar un derecho constitucional.
por Mariano Pagnucco y Alejandro Volkind
No importa si esta nota la leen ahora o dentro de un año, porque la situación se repite continuamente: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miles de pibes y pibas se quedan sin vacantes en las escuelas públicas. La cifra estimada para el ciclo lectivo 2019 fue de 15.600 vacantes de menos, afectando sobre todo a familias con niños y niñas de entre 45 días y 5 años de edad.
Mientras se esperan los resultados de la inscripción online para 2020, el número que manejan off the record los funcionarios porteños asciende a 14.000 lugares sin cubrir por el Estado; de ese total, casi 14.000 corresponden al Nivel Inicial.
La situación se agrava año tras año, porque en paralelo a la falta de vacantes se multiplican los parches educativos, que van desde la apertura de Centros de Primera Infancia (CPI) con personal precarizado, hasta la judicialización de los casos y el incremento de la matrícula en los establecimientos privados. A su vez, la mayoría de diputados y diputadas que tiene Horacio Rodríguez Larreta en la Legislatura bloquea cualquier intento de la oposición por pedir explicaciones oficiales.
El contexto adverso ha hecho nacer en los últimos años diversas agrupaciones de padres y madres que encuentran respuestas colectivas para garantizar un derecho presente en la Constitución porteña y olvidado en el devenir político. La pregunta es siempre la misma: ¿Adónde van los miles de niñes que quedan fuera de la escuela pública?
Números a la fuerza
Patricia Pines es especialista en una asignatura para padres y madres creada por el Ministerio de Eduación porteño en 2013: la inscripción online. Al principio fue víctima de esa modalidad excluyente y hoy es una de sus vengadoras. La primera camada de vacantes asignadas por internet (para el ciclo lectivo 2014) estuvo tan mal planificada, que generó el doble de inscriptos y situaciones como las que vivió Patricia, que el primer día de clases se acercó con su hijo de un año al jardín del Hospital Ramos Mejía y en una sala de tres metros por tres había 40 chicas y chicos asignados.
De esa experiencia, y de la lucha por mejorar las condiciones en ese jardín, surgió «Vacantes para tod@s en la escuela pública», una organización de familias que pelean por que se cumpla el artículo 24 de la Constitución porteña: «La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine».
Un bebé de un mes y medio tiene derecho constitucional a ser recibido por una institución educativa «pública, estatal laica y gratuita», pero en los hechos eso no sucede, porque el Estado porteño solo atiende el «carácter obligatorio» de ofrecer educación a partir de los 4 años (preescolar).
Esa zona gris entre la responsabilidad y la obligación es la que provoca miles de vacantes menos cada año. Patricia: «En 2015 presentamos los primeros 60 amparos y todos resultaron favorables. ¿Por qué? Hay un derecho constitucional vulnerado». Salvo las familias afectadas, no hay mucho eco social por la indiferencia del Gobierno ante la falta de vacantes. De hecho, la gestión Larreta (y antes la de Mauricio Macri) tiene bien guardadas las cifras del déficit educativo.
Después de la primera tanda de inscriptos (2014), el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, reconoció públicamente que había quedado sin vacantes una población de entre 7.000 y 9.000 niños y niñas. Así todos los años. En 2017 debió intervenir la Justicia a partir de un amparo colectivo impulsado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Patricia recuerda una audiencia pública en la que la jueza Elena Liberatori les hizo varias veces la misma pregunta a los funcionarios de Educación: ¿cuántas son las vacantes no cubiertas? No hubo ninguna respuesta, por lo que el proceso judicial terminó con la magistrada sugiriendo que iba a convocar a un perito informático para obtener los datos a la fuerza.
Se supo, después de varios meses, que 11.958 pibes y pibas se habían quedado sin espacio en las escuelas públicas. Ése fue el último dato oficial difundido, y a partir de ahí las familias organizadas hacen una ponderación para dimensionar la crisis generada por las autoridades porteñas.
CPI (Cómo Privatizar la Infancia)
Antes de ocupar una banca como legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Laura Marrone se licenció en Ciencias de la Educación y trabajó durante muchos años como docente. Consultada por las prioridades de la ministra de Educación e Innovación porteña, Soledad Acuña, Marrone no duda: «El objetivo es congelar la dimensión que actualmente tiene el sistema público e ir favoreciendo a través de subsidios el desarrollo de la educación privada».
En el Nivel Inicial, esta política privatizadora se manifiesta en un dato concreto: de 720 jardines de infantes distribuidos por los barrios de la Ciudad, sólo 245 son públicos. También están los Centros de Primera Infancia (CPI), que son un invento del macrismo para «garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social”, según la definición oficial.
Los primeros CPI nacieron en 2009. Son establecimientos subsidiados íntegramente por el Estado pero gestionados por oenegés, iglesias, fundaciones, clubes y hasta por particulares. Pese a que el Gobierno los equipara con jardines, los CPI tienen diferencias cualitativas. La primera y fundamental es que no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Social. “El formato de los CPI no es educativo, es de contención social y así lo define el Ministerio cuando requiere algo así como un certificado de pobreza para poder obtener una vacante”, advierte Marrone.
Señalan quienes conocen de cerca cómo funcionan los CPI que los únicos requisitos que pone el Gobierno para otorgar el subsidio correspondiente, se vinculan con atender temas de nutrición y psicopedagogía, pero no existe ninguna exigencia específica para las personas responsables del cuidado de los niños. «Conducir un centro educativo no puede estar en manos de cualquiera, pero esto forma parte de la idiosincracia de la gestión Cambiemos”, asegura Patricia Pines, y recuerda cuando la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal convocó a voluntarios para reemplazar a los docentes durante el paro de 2017.
Patricia amplía el panorama: «Hay que revalorizar los títulos de formación docente, que este Gobierno también quiere quitar. Apuntan a cerrar los 29 institutos de formación docente y a abrir estos espacios de juegos (los CPI), que representan un retroceso pedagógico de 50 años, cuando no existía la carrera de formación docente».
Además de empobrecer la calidad educativa de los chicos, los CPI le permiten al Gobierno desligarse de cualquier responsabilidad sobre lo que allí sucede. “La tercerización de este servicio supone que tanto los problemas edilicios como cualquier accidente que pueda haber, ya sea a niños como a su personal, corren por responsabilidad de esa oenegé o fundación”, explica Marrone.
El personal empleado en los CPI suele facturar como monotributista entre marzo y diciembre. Es decir, no tiene ninguno de los derechos consagrados en el Estatuto docente, conquistado tras largos años de lucha. Los Centros de Primera Infancia son la otra cara de la moneda para entender la falta de vacantes, porque en vez de construir nuevas escuelas, el presupuesto se destina a tercerizar servicios que le corresponden al Estado.
Una década después de la puesta en marcha de los CPI, en la Ciudad hay actualmente 76 establecimientos. Conseguir una vacante no es tan sencillo tampoco, porque Desarollo Social asigna los lugares en función de las posibilidades económicas de las familias. Si el padre o la madre tiene empleo en blanco, por ejemplo, las posibilidades de ingresar se reducen. El combo de privatización y precarización está especialmente destinado a los ciudadanos porteños de menores ingresos. A los “pudientes” les tocará destinar su sueldo a un jardín privado.
Justicia colectiva
La respuesta del Ministerio ha sido siempre coherente, dice Patricia: desentenderse del problema de la falta de vacantes. Desde su origen en 2015, el colectivo «Vacantes para tod@s» ha ido sucesivas veces a las puertas del edificio donde trabaja la ministra Acuña para que algún funcionario dé la cara. Las estrategias elegidas por las autoridades fueron variadas, desde colocar patovicas en la puerta principal hasta permitirles el ingreso al hall de entrada y desconectar los aires acondicionados.
Agotada la instancia del Ministerio, el otro lugar estratégico al que concurrieron fue la Legislatura. Recibieron el apoyo de los sindicatos docentes y de algunos bloques de la oposición, pero ni la presencia en las reuniones de la Comisión de Educación ni la redacción de proyectos de ley para la construcción de nuevas escuelas dieron resultado. El macrismo-larretismo ha conseguido el blindaje suficiente en el recinto para impedir que avancen las iniciativas que no se alinean con las prioridades de gestión.
La tercera instancia de reclamo fue, también, la vencida: los tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Salvo algunos despachos judiciales con sintonía fina con el Ejecutivo porteño, la mayoría de los magistrados que reciben amparos por vacantes suelen dictar medidas cautelares favorables a las familias. En algunas sentencias se incluye el pago de una multa del bolsillo de la propia ministra Acuña, por lo que «al día siguiente las vacantes aparecen mágicamente», señala Patricia.
¿Cuál es el balance de «Vacantes para tod@s» en estos años de lucha? «Estoy súper contenta porque vamos avanzando y se va generando una mirada colectiva», dice su impulsora. Un ejemplo: en la etapa de inscripción hay dos grupos de chat de padres y madres, que abarca a unas 400 personas, encargadas de ayudar en los trámites. También hay otro grupo de más de 200 voluntarios que ya lograron la vacante y se ponen a disposición del resto para colaborar.
El trabajo colaborativo se expande gracias a las redes sociales. «Mamá, te volviste viral», le dicen a Patricia sus hijos, porque cualquier posteo en el grupo de Facebook de «Vacantes para tod@s en la escuela pública» (tiene más de 13.000 seguidores) se retroalimenta a los pocos minutos.
El caso de Patricia es uno de entre miles de madres y padres que al cierre de la inscripción se encuentran sin vacantes para sus pibes y pibas. Ella, que ganó su batalla individual, entiende que la salida al problema trasciende los casos particulares: «Cuando mi hijo se quedó sin vacante yo estaba angustiada porque no tenía a mi mamá, tenía que renunciar a un cargo, etc. Después me di cuenta de que no se trata de una angustia personal, sino de una política de Estado que hay que combatir colectivamente».
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