203 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Desde temprano, las columnas de docentes, no docentes y estudiantes universitarios avanzaron hacia Plaza de Mayo con un ritmo firme y obstinado. Tal vez sin épica, pero sí con urgencia. Más de un millón y medio de personas dieron cuerpo a la cuarta Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo réplicas también multitudinarias desde La Quiaca hasta Ushuaia, para exigir al Ejecutivo nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada cinco veces en el Congreso Nacional y 203 días sin entrar en vigencia.
“Milei, la educación no se vende”, decía un cartel sostenido por una profesora que lleva treinta años en el aula. “Cumplan la ley”, repetían los megáfonos, las voces, las pancartas. “No somos gasto, somos el futuro”, agitaban las y los estudiantes secundarios. La Marcha Federal Universitaria puso en evidencia el desguace estatal, no solo en materia educativa, sino también en el ámbito científico, profesional y laboral.
A medida que la multitud avanzaba, la ciudad parecía estirarse para hacerle lugar. No había muecas de romanticismo en los rostros cansados de los docentes, ni en los bombos y batucadas que marcaban un pulso de la jornada, ni en las pancartas escritas a mano donde se leían miles de consignas; algunas de ellas en clara alusión a los recientes hechos de corrupción del jefe de Gabinete: «Estudia, no seas Adorni», «Por una cascada de financiamiento». Otras, en cambio, apuntaban al porvenir: «Somos el futuro; nos estamos haciendo cargo del presente», «Nos quieren brutos como ellos». No los dejemos». Había bronca, sí, pero también una claridad que pocas veces se ve en las calles: la defensa de la universidad pública es urgente.
Entre la gente, los testimonios se mezclaban con el ruido de los bombos y el típico humo de las improvisadas parrillas de choripán. Una docente de la UBA y becaria del CONICET decía: «Doy clases en la mejor universidad de Latinoamérica y cobro 250.000 pesos. Lo hago por vocación, pero necesito comer para sobrevivir». A su lado, una médica formada en la UNLP explicaba por qué había viajado desde La Plata: «La universidad pública argentina es un ejemplo en el mundo. ¿Cómo no acompañarla en este crítico momento?».
Los estudiantes hablaban con una mezcla de miedo y determinación. Jerónimo, de 17 años, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de Mar del Plata, decía: «Nuestro futuro está en riesgo. El Gobierno finge demencia: la ley está, la plata está, pero no se ejecuta». Una joven aspirante a Medicina resumía su sensación con una frase que repetían muchos: «Hay que salir a protestar. No hay que rendirse, porque si no, no nos van a dejar nada».
La marcha avanzaba como un río ancho, desbordado, caudaloso. La bronca palpitaba, mixturada con una especie de serenidad lúcida: la certeza de que la universidad pública —esa institución que tantas veces sostuvo al país cuando todo lo demás fallaba— no podía quedar librada a la suerte de un presupuesto recortado, negado, anulado.
Cuando comenzó a leerse el documento del Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y los gremios docentes, el murmullo de la plaza se aquietó. La voz que lo leyó no necesitó elevarse para que cada frase pesara. En un momento, una línea cayó como un golpe seco: “Estamos ante un desprecio institucional sin precedentes.” La sentencia quedó suspendida en el aire, como si la multitud la hubiera inspirado al mismo tiempo.
«Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo», remarca el texto más adelante.
En tanto que alerta: «El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema».
«La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario», concluye el escrito.
Mientras este diagnóstico sonaba con fuerza frente a la Casa Rosada. Funcionarios del Ejecutivo minimizaban la protesta, calificándola de “política”, y aseguraban que los reclamos eran “exagerados”. Según ellos, la Ley de Financiamiento Universitario está judicializada y la responsabilidad del deterioro universitario es «heredada». Para quienes marchaban, esas palabras sonaban a eco, como si vinieran de un lugar demasiado lejano para entender lo que ocurría en las calles.
El Gobierno insiste en que la situación presupuestaria es «compleja» y que la marcha responde a «intereses opositores». También subrayó que la cautelar que lo obligaba a transferir fondos había quedado suspendida por decisión de la Corte Suprema.
Nada de eso calmó los ánimos. Para la comunidad universitaria, la discusión no es técnica: es existencial.
Al caer la tarde, cuando las columnas empezaron a dispersarse, quedó flotando una sensación difícil de definir. Ni de alivio, ni de derrota. Algo más parecido a una advertencia. La marcha no resolvió nada, pero dejó claro que la universidad pública no piensa rendirse. Y, mientras las últimas banderas se alejaban por Avenida de Mayo, un cartel escrito manualmente pareció resumir el espíritu del día: «No marchamos por lo que fue. Marchamos por lo que todavía puede ser».