4,3 millones de niñes y adolescentes con hambre en Argentina
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, más de 4,3 millones de niñes y adolescentes sufren hambre en Argentina . Esta situación de inseguridad alimentaria es preocupante, especialmente en un país con gran capacidad de producción de alimentos. El problema se agrava debido al ajuste económico y la ausencia de políticas públicas efectivas por parte del gobierno actual.
por Cristina Peña
El viernes 10 de julio, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó el informe “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, que revela que más de 4,3 millones de niñes y adolescentes en el país sufren hambre o privaciones alimentarias. Si bien esta problemática no es nueva, sino estructural, se ha agravado con las políticas de ajuste aplicadas por la actual gestión de gobierno.
El informe atribuye los principales factores a la pobreza, el empleo informal o precario y la insuficiencia de ingresos en hogares monoparentales o numerosos. Además, destaca que la inseguridad alimentaria afecta especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a familias con niños en edad escolar que dependen de comedores para asegurar su alimentación básica.
Estos datos coinciden con otros estudios recientes, como el de Unicef, que dan cuenta de un deterioro significativo en la calidad de vida de la infancia en Argentina. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que un millón de niños se van a dormir sin cenar y más de 10 millones han reducido el consumo de carne y lácteos por falta de recursos. La información subraya la urgencia de políticas públicas efectivas para revertir esta situación que compromete el desarrollo y bienestar de las nuevas generaciones.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Capital Humano interrumpió la asistencia alimentaria en comedores comunitarios y escolares, una medida que despertó la preocupación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Esta interrupción, junto con un recorte del 29% en el presupuesto destinado a políticas alimentarias para 2024, ha provocado una caída significativa en el acceso a la alimentación para miles de niños argentinos.
La gestión del presidente Javier Milei ha profundizado la pobreza estructural, afectando directamente a los sectores más vulnerables. Programas sociales clave como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar sufrieron recortes, disminuyendo la capacidad de compra de las familias en un contexto de inflación superior al 300% en alimentos durante el último año. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), la inseguridad alimentaria severa afecta ya al 16,5% de la infancia.
Además del impacto en la alimentación, los fondos para educación y salud infantil también fueron sustancialmente recortados, agravando la crisis social.
El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) refleja una realidad social compleja y preocupante. Al mes de junio de 2024, había 34.782 comedores y merenderos en todo el país en los que participaban activamente 134.449 personas. Históricamente, desde hace más de treinta años, los comedores y merenderos funcionan como pilares de sostén en los barrios populares, especialmente para la niñez. Sin embargo, a pesar de su importancia, en marzo del año pasado cerraron alrededor de 15.000, debido a la falta de recursos o porque tuvieron que reducir los días de entrega de viandas.
Ante este escenario, intervino el poder judicial, específicamente el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7, cuyo juez Walter Lara Correa emitió una condena al Estado Nacional para que continuara con los programas de entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. Se exhortó al Ministerio del Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a reanudar la entrega regular de alimentos interrumpida. En el fallo, el magistrado subraya que “no puede haber decisiones regresivas cuando están en juego derechos como el de acceso a la alimentación esencial”. Asimismo, advierte contra la adopción de medidas que agraven la situación de vulnerabilidad, recalcando que las políticas públicas deben ser “no discriminatorias”, en tanto que “las restricciones financieras no pueden usarse para justificar violaciones constitucionales”. Como respuesta, Pettovello apeló el fallo, que fue confirmado por la Cámara de Casación recién en mayo de este año.
La situación descripta pone en evidencia una contradicción central: mientras la pobreza no deja de expandirse y la desocupación crece, el sistema de protección alimentaria se ve amenazado por reducciones, cierres y disminución de apoyos. Los comedores y merenderos comunitarios, más allá de ser espacios para el acceso a la alimentación, son también lugares de encuentro social y contención emocional en contextos de marginalidad. Su debilitamiento representa entonces un deterioro integral de las redes de soporte comunitario y una advertencia sobre el rumbo que toman las políticas sociales en tiempos de crisis.
El informe de ODSA-UCA recomienda políticas públicas de inclusión laboral, ampliación de programas de ingresos y un trabajo articulado entre sectores y provincias, con un enfoque territorial y revalorización de la escuela como espacio de contención integral.
Sin embargo, mientras continúan los ajustes y recortes, el hambre infantil persiste como el síntoma más doloroso de un modelo económico que excluye y margina a millones de niños y niñas en Argentina.