El tren fantasma de la patria concesionada
Mientras el tren no vuelve, las concesiones se quedan. El Decreto 478/2025 le pone moño neoliberal a un modelo que hace 30 años privatiza los rieles y estatiza las pérdidas. Emergencia ferroviaria, pero para seguir salvando a los mismos de siempre.
por Melina Schweizer
En Argentina hay cosas que vuelven como los búmerans, los tarifazos y las reformas que prometen eficiencia y traen desguace. Esta semana volvió el tren. Pero no el tren que une pueblos, el que vertebra la patria federal ni el que prometía Perón en su plan quinquenal. No. Volvió el tren concesionado, privatizado, desguazado y tercerizado, ese que viaja sin pasajeros, pero con balances felices para las corporaciones.
El Decreto 478/2025, firmado por Javier Milei y su mesa de gerentes—digo, ministros—Guillermo Francos y Luis Caputo, modifica un artículo del viejo Decreto 1027/2018. Así, con una firma y sin necesidad de debate legislativo, el gobierno libertariano le entrega a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía la llave maestra para renegociar, prorrogar y flexibilizar los contratos de concesión ferroviaria con las empresas de siempre. Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca. Todos nombres que suenan a empresa pública, pero que funcionan como sociedades anónimas con gerentes de traje y planillas de Excel.
La excusa es conocida: emergencia ferroviaria. Y, como toda emergencia en Argentina, lejos de resolver el problema de fondo, lo transforma en herramienta para consolidar la misma lógica que lo generó. En lugar de nacionalizar la infraestructura ferroviaria o avanzar hacia una gestión estatal integrada, el Estado profundiza la entrega: les dice a las empresas «quédense un rato más, después vemos», y les garantiza —sin control ciudadano ni auditoría pública— la posibilidad de seguir usufructuando bienes estratégicos sin inversión obligatoria ni contraprestación efectiva.
Lo que debería ser una política ferroviaria al servicio del pueblo, termina siendo un salvoconducto para que los concesionarios puedan seguir operando como si nada hubiera pasado desde los años ‘90. Porque eso es lo que está en juego: la continuidad de un modelo privatizador, extractivista y logístico que pone las vías al servicio del agroexportador, no del pasajero. El tren como peaje privado, no como derecho social.
En lugar de poner la energía en una Trenes Argentinos robusta, con gestión pública, control democrático y planificación federal, el decreto fortalece el rol de la Secretaría de Transporte como operador político del mercado, no como defensor del interés público. La «modernización», palabra mágica del discurso oficial, es apenas un barniz: no se habla de frecuencias, ni de tarifas justas, ni de reconectar pueblos desconectados. Se habla de contratos, de plazos, de adecuaciones y de reembolsos. Porque el tren, para este gobierno, no es una política pública, sino un activo a gerenciar.
Y entonces, en medio de la «libertad», el federalismo queda reducido a un mapa de negocios logísticos. En el norte no pasa el tren. En el sur tampoco. En el centro, pasa cuando conviene. Y el resto del país mira desde el andén, mientras la patria ferroviaria se convierte en una línea de Excel.
Lo que el pueblo necesita es otra cosa: un sistema ferroviario público, integrado, moderno, con inversión estatal y planificación democrática. Un tren que no responda al modelo sojero ni a la renta exportadora, sino a las necesidades de quienes lo usan: trabajadores, estudiantes, productores, jubilados. Un tren como los que soñó Scalabrini Ortiz, no como los que vendió Cavallo.
Porque detrás de cada prórroga, hay una oportunidad perdida. Detrás de cada concesión, hay una comunidad aislada. Y detrás de cada decreto, hay un modelo de país. Este, el del 478/2025, no es el país del tren público, es el país de la patria concesionada. Y si no lo frenamos, nos vamos todos a la estación «Colonia».
Pero no por nostalgia. Por conciencia histórica. Porque donde hubo un tren, hubo patria. Y donde hay un decreto que la entrega, tiene que haber un pueblo que lo denuncie, lo desactive y construya otro destino.