Discapacidad en falta en la CABA
A pesar de la vigencia de una ley que exige que el 5% de los empleos en la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires sean para personas con discapacidad, el Gobierno porteño no ha cumplido con este mandato. La ley Nª 1502, sancionada en 2004, establecía un cronograma gradual para alcanzar el objetivo, fijando 2% en dos años y 5% al quinto año, siendo 2010 el año límite para el cumplimiento total.
Un pedido de información realizado por El Auditor.info, quince años despuès de establecida la fecha lìmite, reveló que, al 4 de julio del corriente año, el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en la planta permanente del escalafón general del Gobierno de la Ciudad ascendía al 4,36%. Esta cifra, proporcionada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, muestra una disparidad entre las diferentes áreas de gobierno. El Ministerio de Educación lidera la inclusión con un 9,94% de su personal compuesto por personas con discapacidad, mientras que Desarrollo Económico se encuentra rezagado con solo un 1,39%.
Si bien el porcentaje actual representa un incremento con respecto a años anteriores, aún no alcanza el mínimo legal del 5%. El informe del Gobierno no detalla la metodología utilizada para calcular este porcentaje ni especifica si se consideran otras formas de contratación dentro del empleo público.
En los últimos años, distintos organismos de control vienen alertando sobre el persistente incumplimiento de esta normativa. Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que analizó datos oficiales de 2022 y 2023, reveló que el porcentaje de personas con discapacidad en la planta total del gobierno estaba muy por debajo de lo establecido: un 1,2% en 2022 y un 0,9% en 2023, mostrando una tendencia decreciente.
El informe de la Auditoría también señaló inconsistencias en los registros oficiales de personal, dificultando el seguimiento del cumplimiento del cupo. Además, se advirtió la falta de planes concretos y acciones dirigidas a garantizar el ingreso efectivo y sostenido de personas con discapacidad a la administración pública porteña.
La Ley Nº 1502, sancionada en 2004, obliga al sector público de la CABA a incorporar personas con necesidades especiales, destinando al menos el 5% de los empleos a este colectivo. La ley establece un porcentaje mínimo de contratación, facilita el acceso con herramientas y condiciones específicas, y promueve la inclusión efectiva e igualdad de oportunidades. Su cumplimiento gradual preveía alcanzar un mínimo del 2% en dos años y el 5% al quinto año, fijando 2010 como fecha límite. Desde entonces, no ha habido prórrogas ni modificaciones. Sin embargo, quince años después del vencimiento del plazo, el Gobierno porteño aún no ha alcanzado el porcentaje exigido.
En respuesta a un pedido de información realizado por el sitio web El Auditor.info, el Gobierno de la Ciudad señaló que al 4 de julio de este año, el porcentaje ascendía al 4,36%, tomando como base la planta permanente del escalafón general. La cifra fue proporcionada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. El área de Gobierno que más gente con discapacidad ocupa es el Ministerio de Educación, con el 9,94% del total de su personal. Del otro lado de la tabla aparece Desarrollo Económico, que solo cuenta entre sus empleados con un 1,39% del total.
Si bien ese número representa un incremento respecto de los valores informados en años anteriores, no alcanza aún el mínimo del 5% exigido por la normativa vigente. El informe no brinda detalles metodológicos sobre cómo se construyó el porcentaje informado ni especifica si se consideraron otras formas de contratación dentro del empleo público.
En los últimos años, distintos organismos de control han alertado sobre el incumplimiento de esta normativa. Un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló que, tras examinar datos oficiales de 2022 y 2023, el porcentaje de personas con discapacidad en la planta del gobierno se encuentra muy por debajo del mínimo legal, con un 1,2% y un 0,9% respectivamente. Estas cifras muestran una tendencia decreciente que se aleja aún más del objetivo establecido.
Pese a que la Ley Nº 1502 establece desde 2004 la obligatoriedad de que el 5% de los puestos en la administración pública de Buenos Aires sean para personas con discapacidad, el gobierno porteño aún incumple este requisito. La ley, que buscaba alcanzar dicho porcentaje en 2010, tiene como objetivo garantizar el derecho al trabajo de este colectivo, facilitar su acceso al empleo público y promover su inclusión efectiva e igualdad de oportunidades.
Según información proporcionada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a julio de 2024, el porcentaje de personas con discapacidad en la planta permanente del escalafón general alcanzaba el 4,36%. Si bien este número representa un avance con respecto a años anteriores, sigue estando por debajo del 5% exigido por la normativa. El Ministerio de Educación lidera la inclusión con un 9,94% de su personal, mientras que Desarrollo Económico registra el porcentaje más bajo, con un 1,39%.
La Ley Nº 1502 no solo exige el cumplimiento del cupo del 5%, sino que también insta a la implementación de políticas activas para la inclusión laboral, como la adecuación de puestos de trabajo, el desarrollo de programas de ingreso y permanencia y el acompañamiento con asistencia técnica. A pesar de estas disposiciones, el cumplimiento pleno del cupo laboral sigue siendo una deuda pendiente, evidenciada por la reiteración de informes que exponen la persistente brecha entre la ley y la realidad en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires.