Sonríe, te están vigilando
En 2022, la justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial por espionaje y uso ilegal de datos biométricos. En 2023 lo declaró inconstitucional. Pero en 2025 Jorge Macri lo reactivó con nombre yanqui. Contrato millonario y el mismo viejo objetivo: vigilar.
por Melina Schweizer
En la Ciudad de Buenos Aires los alquileres no tienen techo, la polenta se paga en cuotas y el olor a pis ya es patrimonio cultural. La gente junta las monedas para sobrevivir, mientras Jorge Macri las junta para comprar cámaras. Según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en mayo de 2025 se contabilizaron 1.574 personas durmiendo en la calle, un 27 % más que en noviembre pasado. Pero lejos de abrir refugios o mejorar los programas sociales, el gobierno porteño decidió abrir más ojos electrónicos.
Y claro, si hay algo que no entra en crisis en Buenos Aires, son las cámaras. Se recorta en paradores, pero se invierte en vigilancia; se criminaliza la indigencia, pero se digitaliza el control. La Comuna 1 es el escenario perfecto de esta ironía: mientras la policía levanta a la gente que duerme en la calle como si fueran escombros humanos, el Gobierno inaugura Puntos Seguros, esos tótems celestes con pantallita y micrófono que prometen rescatarte del delito… pero no del hambre, ni del frío, ni del abandono. Son el símbolo perfecto de esta gestión: te escuchan, te graban, te geolocalizan… eso sí, sin un gramo de empatía.
Cuidar la esquina es fácil; renunciar a tu privacidad bajo el lema “el que nada debe, nada teme” termina siendo la forma más segura de perder la libertad que tanto defienden.
Espiar: una tradición de familia
Parece que, en el árbol genealógico de los Macri, el espionaje es un bien familiar, como el apellido o las cuentas en Panamá. Jorge sigue la línea de su primo Mauricio, aquel que transformó la Agencia Federal de Inteligencia en una especie de Agencia Federal de Intriga, capaz de espiar hasta a los deudos del submarino ARA San Juan mientras lloraban a sus muertos. Aunque terminó sobreseído en 2022 gracias a los jueces Bruglia y Bertuzzi, que interpretaron el espionaje como “medidas de seguridad”. La absolución fue confirmada en 2024, cerrando una saga judicial digna de Netflix: el Estado espiaba a las víctimas y la justicia los cuidaba a ellos. No fue un caso aislado: también se desactivaron las causas de Lomas de Zamora y el Proyecto AMBA, donde la AFI macrista hacía inteligencia “por iniciativa propia”. Así que cuando Jorge Macri reactivó la vigilancia digital en la Ciudad, no innovó: solo actualizó el firmware familiar.
Ciberpatrullaje nacional: la tía también vigila
Mientras tanto, en la Nación, Patricia Bullrich decidió no quedarse atrás. Desde el Ministerio de Seguridad se oficializó en mayo de 2024 el plan de ciberpatrullaje, mediante la Resolución 428/2024 publicada en el Boletín Oficial. No era nuevo: ya en 2016 había anunciado que el Estado debía “patrullar las redes” para prevenir disturbios.
El nuevo esquema incluye monitoreo de redes sociales, sitios web, aplicaciones y la dark web; análisis predictivo con inteligencia artificial; y una flamante Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, dependiente de la Dirección de Ciberdelito. Según Bullrich, no requiere presupuesto adicional, porque en su lógica la vigilancia “se paga sola”… con tus datos.
Organizaciones, como la Asociación por los Derechos Civiles, advirtieron que este patrullaje vulnera derechos a la intimidad y la libertad de expresión, ya que implica observar a ciudadanos sin orden judicial. También denunciaron que la resolución es imprecisa y otorga al Gobierno un poder de vigilancia desmedido, con riesgo de persecución política. La ley de inteligencia, vale recordarlo, prohíbe expresamente la vigilancia sobre la ciudadanía por motivos ideológicos o de opinión.
Hagamos memoria: el ojo que la justicia cerró y la política volvió a abrir
Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad puso en marcha el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en 2019. Supuestamente servía para atrapar delincuentes, pero la investigación judicial reveló que también se usaba para rastrear políticos, periodistas y ciudadanos comunes.
En abril de 2022, el juez Andrés Gallardo ordenó suspender el sistema al descubrir que el Gobierno porteño había accedido a diez millones de datos biométricos del RENAPER, aunque la lista de prófugos no superaba los cuarenta mil. En 2023, la jueza Elena Liberatori lo declaró inconstitucional y la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo: el programa violaba derechos básicos como la privacidad y la presunción de inocencia.
El fallo exigía auditorías, control legislativo y evaluación de impacto en derechos humanos. Nada de eso se cumplió. La red de cámaras siguió activa, solo se “apagó” el reconocimiento facial. Fue una pausa técnica, no un final.
La inseguridad: el gran negocio
Con Jorge Macri en el poder, el sistema volvió, pero disfrazado de cooperación judicial. El Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo el fiscal general Juan Bautista Mahiques, firmó un contrato por USD 27.588 con Clearview AI, la empresa estadounidense multada en Europa, Reino Unido y Canadá por robar imágenes de redes sociales para entrenar su inteligencia artificial.
Oficialmente, se trata de un “software de apoyo a investigaciones”. En la práctica, reactiva la vigilancia biométrica. La diferencia es solo de maquillaje: ahora el ojo que todo lo ve no depende del Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Así se evita el escándalo y se diluye la responsabilidad. “No es espionaje, es cooperación judicial”, dicen. En criollo: vuelve el Gran Hermano, pero con toga.
La seguridad no es una política pública: es un modelo de negocios. El Gobierno porteño no solo compra cámaras, compra poder. En 2025, el presupuesto destina 17 mil millones de pesos a “infraestructura de seguridad inteligente”: un rubro tan amplio como difuso, donde entran desde licencias de software hasta mantenimiento de redes y servicios de análisis biométrico.
Entre las empresas que orbitan ese ecosistema aparecen nombres ya conocidos: Danaide S.A., proveedor habitual de sistemas de control; Security Team S.R.L., encargada del monitoreo urbano; y ABB Argentina, multinacional suiza vinculada a la automatización eléctrica.
A este circuito se suma la joya del nuevo capítulo de vigilancia digital: Clearview AI. Fundada por Hoan Ton-That, un empresario australiano-estadounidense de ascendencia vietnamita, y su socio Richard Schwartz, ex-asesor republicano, la compañía creó una base global con más de 20 mil millones de imágenes obtenidas sin consentimiento de redes sociales. Su negocio es simple: vender acceso a esa base a gobiernos y fuerzas de seguridad. El usuario sube una foto y el sistema devuelve posibles coincidencias con perfiles públicos.
Así se completa el círculo: la Ciudad compra hardware a empresas locales, software a una firma extranjera acusada de espionaje civil y todo se financia con dinero público en nombre de la “seguridad ciudadana”. En este mercado, los datos son el nuevo petróleo y los porteños, sin saberlo, son el yacimiento.
El miedo, el negocio y el show
El guión es el mismo de siempre: la inseguridad. Macri la repite como un mantra: “Los vecinos tienen miedo y yo vengo a cuidarlos”. Pero el miedo no se combate, se administra. Se fabrica desde arriba y se reproduce desde las pantallas. En ese libreto, la vigilancia es la vacuna, el algoritmo, el sacerdote y la libertad, el precio del tratamiento.
Cada vez que un gobierno dice que te observa “por tu bien”, en realidad te clasifica por el suyo. Y de esa clasificación a la persecución hay un solo clic. La historia lo demuestra: primero te escanean la cara para cuidarte, después te filman cuando protestás “por prevención”, y cuando reclamás, te explican que fue un error técnico.
Como el caso de Guillermo Ibarrola, detenido en Retiro en 2020 porque el sistema lo confundió con un prófugo. Pasó una semana preso por un algoritmo. En Buenos Aires, esos errores no son fallas: son injusticias automatizadas. Y como siempre, los errores se ensañan con los mismos: mujeres, jóvenes y personas morochas.
Mientras tanto, el primo Macri vende la seguridad como una serie de Netflix: hay villanos, hay héroes y hay cámaras con más presupuesto que los hospitales públicos. Cada esquina es un set de filmación, cada vecino un extra involuntario. El Estado se queda con tus datos y vos con la ilusión de estar protegido. Un show carísimo donde la paz social se mide en píxeles y el final ya está escrito: el control siempre gana.
Pero la historia no es sólo ideológica: también es económica y política. El sistema de vigilancia cumple tres funciones: proyecta autoridad y mano dura, sostiene un negocio millonario en tecnología y normaliza la idea de que la libertad puede ponerse en pausa en nombre del orden.
Todo ocurre con complicidad institucional. El MPF es la bisagra perfecta: legitima el espionaje sin manchar al Ejecutivo. Así, la vigilancia deja de ser un exceso del poder y se convierte en un trámite judicial con factura en dólares.
En Buenos Aires modelo 2025, el miedo no se combate, se factura. Y mientras te prometen seguridad, te convierten en el producto más vigilado del mercado.