Nueva Agencia, viejo enemigo: el migrante
La creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones revela menos una modernización del Estado que un giro punitivo: el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich transforma un derecho humano en un problema de seguridad y reinstala al inmigrante —otra vez— como el enemigo útil para justificar el control, la vigilancia y el miedo.
por Melina Schweizer
Argentina se gestó creyendo ser europea. Ese mito fundador —que imaginó un país blanco, civilizado y moderno, dispuesto a “mejorarse” mediante la importación selectiva de europeos— sigue respirando en cada gesto político que decide qué cuerpos son bienvenidos y cuáles deben ser disciplinados. Aquel proyecto de blanqueamiento del siglo XIX no desapareció: mutó. Cambió los barcos por drones, el discurso del progreso por el de la seguridad, la “regeneración racial” por el “control fronterizo”. Y en esa continuidad histórica se inscribe la reciente creación de la Agencia Nacional de Migraciones y la llamada Policía de Fronteras del gobierno de Milei y Bullrich.
No estamos frente a una política pública: estamos frente a un movimiento ideológico. Y la tesis es tan simple como brutal: el Gobierno necesita un enemigo y eligió al inmigrante porque es el único actor político sin poder defenderse. Ese es el corazón del asunto. Lo demás es escenografía.
La copia del modelo ICE y la importación del castigo
Lo que el gobierno argentino presenta como “modernización migratoria” reproduce, sin matices ni contexto, la arquitectura represiva que Estados Unidos consolidó después del 11 de septiembre de 2001, cuando el miedo se institucionalizó como política de Estado y la seguridad nacional se convirtió en una mercancía política ilimitada. Aquella fecha no solo reconfiguró el mapa militar global; también redefinió la noción de enemigo interno. De la noche a la mañana, la política migratoria fue absorbida por el complejo securitario. Y así nació la versión ampliada y punitiva de ICE, una agencia diseñada no para gestionar movilidad humana, sino para disciplinarla mediante un régimen permanente de sospecha.
En ese contexto nació ICE, una agencia que pronto dejó de ser un instrumento de control migratorio para convertirse en la manifestación institucional de lo que Chomsky denomina “la lucha desesperada por conservar la hegemonía”: un Estado que, temiendo perder su lugar en el mundo, extiende su poder mediante préstamos condicionados, sanciones económicas, intervenciones militares, operaciones de inteligencia, bases armadas, aviones no tripulados, buques de guerra y, en su dimensión más sutil, la maquinaria de poder blando que Hollywood perfeccionó durante un siglo para convertir al soldado estadounidense en héroe universal y al extranjero —especialmente el pobre, el racializado, el no blanco— en sospechoso automático.
ICE es el resultado doméstico de esa misma lógica. Una agencia que transformó el acto humano de migrar —ese gesto milenario, tan antiguo como la primera huida del hambre o de la guerra— en un objeto policial. Una estructura que sistematizó las redadas nocturnas, los operativos en lugares de trabajo, la irrupción en casas particulares, la detención en supermercados, iglesias, paradas de autobús y hospitales, creando un clima de terror cotidiano en comunidades enteras que vivían sabiendo que cualquier actividad banal podía terminar en un centro de detención.
Los informes internacionales lo documentan sin margen interpretativo: más de 170.000 detenciones durante 2024, muchas de personas sin antecedentes; muertes derivadas de negligencia médica, hacinamiento y abandono; niños y adolescentes recluidos durante semanas o meses en espacios cerrados diseñados para adultos; separación forzada de familias; abuso sexual y maltrato físico; detenciones prolongadas sin debido proceso, certificadas por Amnistía Internacional, la CIDH, el Migration Policy Institute y el propio reporte anual de ICE. Cada una de estas prácticas, lejos de ser un fallo operativo, forma parte de una inteligencia emocional del Estado: la inteligencia del miedo, del castigo, del disciplinamiento social mediante el ejemplo.
Argentina decide copiar este modelo como si se tratara de una respuesta técnica, cuando lo que significa es una adhesión ideológica a un proyecto global. Porque importar a ICE no es traer tecnología, ni una metodología objetiva de control, ni una inteligencia sofisticada contra redes criminales: es adoptar una visión del mundo donde el extranjero es siempre una amenaza y la violencia estatal siempre una posibilidad legítima. Es asumir la estructura mental de un imperio que, como advierte Chomsky, ya no puede justificar su poder en la lógica del “Capitán América” que salva al mundo, pero sí puede seguir ejerciéndolo mediante la expansión de un tipo muy particular de orden: el orden del miedo.
Y mientras tanto, en nuestra región, República Dominicana replica esa misma arquitectura. El seis de abril del 2025, el presidente Luis Abinader anunció quince medidas para enfrentar la “migración ilegal haitiana”, y lo hizo con un tono casi calcado del guión estadounidense post-11S:
● militarización reforzada: 1.500 soldados adicionales en la frontera;
● expansión de brigadas fronterizas en seis áreas operativas;
● aceleración de 13 km nuevos de muro;
● endurecimiento de penas para funcionarios y civiles vinculados a ingreso irregular;
● 750 nuevos agentes migratorios para redadas internas;
● oficinas de control en todas las provincias;
● un protocolo sanitario que exige documentos en hospitales y habilita la repatriación inmediata tras el alta;
● obligatoriedad de supervisión local para acelerar deportaciones;
● creación de una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios;
● rediseño de mercados binacionales para limitar movilidad haitiana;
● penalización a empleadores y propietarios que contraten o alquilen a personas sin estatus;
● mecanismos de “dominicanización” del empleo;
● instalación de un Observatorio para vigilar la política migratoria desde la sociedad civil con narrativa antiinmigrante.
Lo que une a ICE, a Milei y a Abinader es esta convicción: que la migración no es una pregunta social sino un problema de seguridad, que las personas no se mueven por desesperación sino por malicia, que los cuerpos pobres son cuerpos sospechosos, y que el Estado tiene derecho a intervenir sin freno sobre ellos. Es una visión que convierte cada redada, cada detención, cada repatriación, cada muro, cada operativo militar, en un acto pedagógico destinado a enseñar a la sociedad que la otredad no merece confianza, que el extranjero es la grieta por donde entra el caos.
Argentina no está importando un modelo migratorio; está importando una arquitectura emocional del castigo, una economía política del miedo, una lógica imperial de disciplinamiento donde la vulnerabilidad es interpretada como amenaza y donde el Estado abandona su obligación constitucional para convertirse en actor de un drama que no resuelve nada pero produce un efecto poderoso: el efecto de control. Como ocurre en Estados Unidos desde el 11-S y como ocurre en República Dominicana desde el colapso haitiano, el gobierno argentino abraza un paradigma donde las soluciones no se construyen, se persiguen; donde la pobreza no se combate, se deporta; donde las vidas no se protegen, se administran; donde no se gobierna con instituciones, sino con la ansiedad de una sociedad saturada de incertidumbre.
Ese es el verdadero peligro: que la Argentina deje de mirarse en su Constitución y empiece a mirarse en su miedo. La migración no es un delito; es un espejo. Y el gobierno eligió verse en el reflejo equivocado.
La Argentina proteccionista que abandona su propia Constitución
Mientras el Gobierno presenta su nueva política migratoria como un aggiornamento institucional acorde a los desafíos del siglo XXI, la Constitución argentina —esa que debería ser brújula y no obstáculo— establece un marco radicalmente incompatible con este giro represivo. El artículo 20 reconoce a las personas extranjeras los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, sin condiciones adicionales ni presunciones de peligrosidad; el artículo 25 obliga al Estado a fomentar la inmigración, una cláusula que, lejos de ser una curiosidad histórica de la época del “progreso europeo”, expresa una convicción jurídica profunda: la migración no es un favor que el Estado otorga, sino un bien para la comunidad política.
A esto se suma un principio que suele omitirse pero es fundamental para entender el espíritu constitucional: los extranjeros no están obligados a admitir la ciudadanía argentina para gozar de derechos plenos, lo que significa que la protección no depende de la adhesión identitaria, sino de la dignidad humana. La Ley 25.871 recoge ese legado y lo actualiza desde un enfoque de derechos humanos al afirmar en su artículo inaugural que “el derecho a migrar es un derecho humano inalienable”, una definición que no permite ambigüedad alguna: un derecho inalienable no puede ser sometido a sospecha preventiva, ni vigilado mediante dispositivos policiales improvisados, ni condicionado al humor político de un gobierno que busca enemigos a falta de resultados. Al instalar una fuerza migratoria bajo el paradigma de la seguridad, el Gobierno no solo traiciona el mandato constitucional, sino que reintroduce en el discurso público la vieja lógica del Estado racial del siglo XIX, ese que jerarquizaba cuerpos, identidades y orígenes, y que hoy reaparece disfrazado de necesidad técnica para producir obediencia social.
Un aparato improvisado: sin decreto, sin presupuesto, sin sustento legal
La arquitectura institucional de un país se reconoce no por los discursos que la anuncian sino por los documentos que la sostienen. Por eso resulta casi grotesco que la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y de la Policía de Fronteras haya sido presentada sin decreto, sin resolución, sin reglamento, sin estructura orgánica, sin estudio técnico y sin una sola línea presupuestaria que permita imaginar su funcionamiento cotidiano. Lo que Milei y Bullrich anunciaron no es una política pública sino una puesta en escena: una institución que no existe más que en el acto performativo de pronunciarla.
Las fuerzas federales —la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria— observan este experimento con una mezcla de desconcierto y fastidio, porque ninguna de ellas fue consultada y todas conocen el costo operativo y humano de sostener un dispositivo de control con personal que no tiene formación jurídica en derecho migratorio, no ha sido entrenado en estándares internacionales de derechos humanos y, mucho menos, dispone de los recursos materiales para cubrir un territorio tan extenso como la frontera argentina. Una fuerza creada sin normativa es, en el mejor de los casos, un capricho administrativo; en el peor, una herramienta de disciplinamiento social.
La ausencia de marco legal no es un descuido: es una decisión. Permite que la fuerza se mueva en un espacio gris donde la excepcionalidad se vuelve regla y donde la arbitrariedad se disfraza de urgencia. Foucault ya advertía que los aparatos de seguridad nacen a menudo así: sin estructura, sin forma definida, sin límites, porque su función inicial no es proteger sino normalizar la idea de que ciertos cuerpos deben ser gestionados fuera de los parámetros del derecho. Y cuando el derecho se retira, avanza la administración del miedo.
El gobierno no está construyendo un sistema migratorio; está diseñando un dispositivo emocional. No le interesa mejorar los controles, profesionalizar procedimientos o modernizar la gestión documental. Le interesa producir una sensación colectiva de amenaza y luego ofrecer un uniforme como respuesta simbólica a esa amenaza. La Policía Migratoria no es una institución: es un gesto. Un gesto que busca consolidar la narrativa de que el inmigrante es culpable antes de ser evaluado, sospechoso antes de ser identificado, punible antes de ser escuchado.
Desde esta perspectiva, la improvisación institucional no es un síntoma de desorden; es parte del método. Porque la ausencia de decreto permite actuar sin controles, la ausencia de presupuesto permite justificar la ineficacia como sacrificio patriótico y la ausencia de estudios técnicos permite que cualquier fracaso pueda atribuirse al enemigo que la fuerza promete perseguir. La inseguridad seguirá creciendo, pero la culpa recaerá siempre sobre quien no tiene poder para contradecir el relato.
En un país donde la incertidumbre se ha convertido en práctica de gobierno, crear una fuerza sin sustento jurídico no pretende ordenar nada: pretende ordenar emociones. Convertir la ansiedad social en resentimiento dirigido. Reemplazar la responsabilidad política por la comodidad de un enemigo disponible. Y sostener la ficción de que un uniforme nuevo puede resolver lo que una política económica destruye.
La improvisación, entonces, no es una falla administrativa: es el corazón de la estrategia. Una estrategia que convierte el vacío legal en herramienta de control y el vacío institucional en territorio propicio para la arbitrariedad. Y mientras el Estado se relaja en la comodidad del espectáculo, el inmigrante vuelve a ocupar su papel histórico en las narrativas autoritarias: el sospechoso perfecto, el culpable anticipado, la vida de la que se puede prescindir sin producir escándalo.
El inmigrante como chivo expiatorio: la estrategia más antigua del poder
La construcción del inmigrante como amenaza no surge nunca de una constatación empírica, porque los datos —esos viejos y testarudos enemigos de la paranoia política— rara vez confirman el pánico moral; surge, más bien, de la potencia emocional de un relato. Hannah Arendt entendió este mecanismo con la lucidez que sólo puede nacer del exilio y la persecución: cuando un Estado se siente erosionado, cuando la legitimidad se agrieta y la capacidad de producir bienestar se desvanece, siempre aparece la tentación de fabricar vidas superfluas, cuerpos a los que se puede cargar de culpas porque no poseen el poder para defenderse. El inmigrante, en este contexto, se convierte en el blanco perfecto: alguien lo suficientemente visible para ser señalado, pero lo suficientemente vulnerable para no ser escuchado.
Arendt también advertía que la violencia más peligrosa no emerge del monstruo excepcional, sino del burócrata común, de ese “funcionario obediente” que, en la lógica del totalitarismo, no actúa desde la convicción sino desde la costumbre. La creación de una Policía Migratoria —un dispositivo sin marco jurídico, sin formación específica y sin control democrático— habilita precisamente ese tipo de funcionario: alguien para quien detener, vigilar y expulsar cuerpos migrantes ya no es un problema moral sino una tarea administrativa, un trámite con uniforme, un procedimiento que se ejecuta mecánicamente bajo la premisa de “cumplir órdenes”. Es ahí donde Eichmann deja de ser un personaje histórico y se convierte en una advertencia contemporánea.
Desde otra vereda, pero mirando el mismo fenómeno, Zygmunt Bauman desarrolla el concepto de “desecho humano”: poblaciones enteras convertidas en sobrantes del sistema económico global, sobre quienes recaen los miedos de sociedades que ya no encuentran seguridad en sus propias estructuras. En las subjetividades neoliberales, el migrante es presentado como la figura que amenaza la identidad, el trabajo y el orden; pero en realidad funciona como depósito simbólico de la angustia colectiva. Lo que se castiga no es al extranjero: es la fragilidad propia proyectada en él.
Slavoj Žižek completa el rompecabezas al describir la fantasía ideológica que permite que el castigo parezca necesario, incluso justo. El “migrante peligroso” no es una categoría estadística: es una ficción emocional que sostiene una identidad nacional en crisis. En esa fantasía, el castigo no sólo es tolerado: es deseado. Ahí aparece lo que Žižek llama el “goce punitivo”, ese placer casi inconsciente que experimentan ciertos sectores cuando ven caer sobre otros un peso del que ellos mismos se sienten a salvo. Por eso la política anti-migratoria funciona incluso cuando los datos la desmienten: porque alimenta afectos, no diagnósticos.
Y Humberto Maturana lo explica con una claridad casi dolorosa: los Estados no administran hechos, administran emociones; no gestionan realidades objetivas sino realidades construidas. Algo se vuelve peligroso no porque represente un riesgo real, sino porque el relato estatal genera un clima emocional donde ese peligro parece verosímil. El mundo donde el inmigrante es una amenaza no nace de la experiencia, sino de la narrativa. Y en ese mundo narrado —que Milei y Bullrich cultivan con precisión ideológica— la persecución se vuelve política pública.
En palabras simples: la Argentina no está respondiendo a una emergencia migratoria; está produciendo una emoción colectiva que la justifica.
Lo que dicen los datos: dos décadas de estabilidad, cero correlación entre migración y delito
Cuando el relato se apaga y entran los números, el edificio ideológico se derrumba. Los informes consolidados de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación y de PROCUVIN entre 2002 y 2025 muestran una estabilidad casi milimétrica: la población extranjera encarcelada oscila entre el 15% y el 16,4%, sin picos, sin explosiones, sin correlaciones con oleadas migratorias ni con ciclos políticos específicos. La desagregación por nacionalidad pone de relieve algo que el discurso oficial evita mencionar: la mayoría de las personas detenidas provienen de países con alta pobreza estructural —Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela—, lo cual confirma que lo que se castiga no es la extranjería sino la vulnerabilidad.
Los tipos de delito también desarman la ficción del “migrante criminal organizado”: la mayoría corresponde a delitos de supervivencia, infracciones de baja escala o participación en eslabones menores dentro de redes más amplias que operan, casi siempre, hacia arriba en la pirámide del crimen. No hay evidencia empírica que vincule migración con aumento del delito. Lo que sí existe —y en abundancia— es evidencia de selectividad penal: los cuerpos migrantes son detenidos más rápido, defendidos peor y condenados con mayor severidad.
Comparado históricamente, el patrón se mantiene desde hace dos décadas. No hubo explosión migratoria que disparara indicadores; no hubo cambio demográfico que transformara la seguridad; no hubo correlación entre ingreso de población extranjera y violencia urbana. Pero el relato del peligro migrante persiste porque no responde a la realidad: responde a la necesidad política de crear un enemigo útil.
Y ahí vuelve Maturana: si el Estado necesita que el migrante sea un problema, lo narrará como tal hasta que la sociedad lo sienta como verdad.
¿Estoy en contra del control fronterizo? No. Estoy en contra del relato
Ningún Estado puede renunciar a la vigilancia de sus fronteras, porque en esa vigilancia se juega una parte de la integridad territorial, la prevención del tráfico de armas, la detección de redes de trata, la capacidad de detener delitos transnacionales complejos y la obligación legítima de garantizar seguridad para su población. Ese punto no se discute. El problema no es la frontera en sí, sino la forma en que el poder decide narrarla. Y lo que Milei y Bullrich han producido no es una política migratoria sino un dispositivo simbólico que transforma una función administrativa del Estado en una épica de guerra cultural.
Mi objeción no recae sobre la noción de control, sino sobre el andamiaje ideológico que le da forma, lo que en filosofía política llamamos el relato que legitima la violencia institucional. Porque el relato que hoy se instala en la Argentina no describe la realidad: la crea. No surge de diagnósticos serios, de informes criminológicos, de evaluaciones de riesgo, ni de análisis de movilidad humana; surge de una construcción emocional que convierte la frontera en un teatro y al inmigrante en la figura sacrificial que mantiene unida a la audiencia.
No cuestiono la necesidad de inteligencia criminal; cuestiono la necesidad de inventar un enemigo para ejercerla. No discuto la importancia de coordinar fuerzas de seguridad; discuto que esa coordinación se organice alrededor de una narrativa de sospecha que transforma la pobreza en delito, la extranjería en amenaza y la diversidad en riesgo geopolítico. Lo que está en juego no es la frontera física, sino la frontera moral del Estado: el límite que separa la protección de la persecución, la seguridad del castigo, la institucionalidad del espectáculo.
Bajo este proyecto, el Estado deja de ser un administrador de derechos para convertirse en un productor de emociones públicas, y las emociones que produce son siempre las mismas: miedo, sospecha, resentimiento, la sensación de que el otro —ese que llega, ese que no pertenece al mito fundante, ese cuyo origen no coincide con el relato eurocéntrico oficial— es un riesgo que solo puede ser gestionado con más uniformes. Y cuando la seguridad se construye sobre emociones, no sobre datos, deja de ser política pública para convertirse en escenografía. Una escenografía que es funcional, eficaz, teatral y profundamente peligrosa.
Por eso insisto: no rechazo el control fronterizo; rechazo el uso del control fronterizo como excusa para instalar un marco ideológico que redefine quién merece derechos y quién merece vigilancia. Rechazo la manipulación del malestar social para dirigirlo hacia quienes no tienen poder para defenderse. Rechazo la construcción emocional que convierte a un grupo humano en amenaza por defecto, en culpable anticipado, en variable prescindible dentro de la ecuación nacional. Rechazo, en síntesis, la sustitución del Estado por su propia caricatura: un Estado que no administra políticas, sino miedos; que no garantiza derechos, sino castigos; que no gobierna, sino que performa.
Porque cuando el gobierno decide que no necesita políticas públicas para sostener la seguridad, sino únicamente una narrativa para justificar su ausencia, lo que emerge no es un Estado fuerte: es un Estado debilitado que necesita enemigos para sostener su ficción de poder. Y allí, justamente allí, es donde mi crítica se vuelve absoluta: un gobierno que reemplaza la política por el relato no está protegiendo la frontera; está desprotegiendo la democracia.
Al final, lo que queda es una pregunta política y ética
¿Quién gana cuando un país convierte al inmigrante en problema?
No gana la seguridad.
No gana la sociedad.
No gana el Estado.
Gana —siempre— el miedo.
Gana el espectáculo.
Gana la ideología del enemigo interno.
Y cuando el miedo gobierna, la democracia pierde densidad, dignidad y futuro.