Anatomía de una capitulación comercial
La Doctrina Monroe 2.0
por Juan Pablo Costa
En los últimos días, el gobierno argentino celebró con euforia lo que presentó como un «acuerdo histórico» con Estados Unidos. Sin embargo, cuando se analiza el documento oficial publicado por la Casa Blanca surge una realidad muy diferente a la narración oficial. Lejos de tratarse de un pacto entre iguales, nos encontramos ante lo que podría ser la mayor cesión de soberanía económica de las últimas décadas, donde Argentina asume compromisos unilaterales mientras Estados Unidos se limita a vagas promesas condicionadas.
Un acuerdo asimétrico
La primera lectura del acuerdo revela una asimetría escandalosa. Mientras Argentina se compromete a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, aceptar normas estadounidenses en áreas sensibles como medicamentos y alimentos, y abrir su mercado a productos que competirán directamente con la industria local, Estados Unidos ofrece a cambio eliminaciones arancelarias limitadas a «recursos naturales no disponibles» en su territorio —es decir, aquellos que no compiten con su propia producción— y una vaga mención a «considerar positivamente» el acuerdo en futuras decisiones.
El desbalance es tan evidente que resulta difícil calificar el pacto como «recíproco». Al contrario, podríamos afirmar que el acuerdo establece derechos para Estados Unidos y obligaciones para Argentina. Por ejemplo, nuestro país aceptará «vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores estadounidenses» y «certificados de la FDA para dispositivos médicos y productos farmacéuticos», renunciando a la potestad de nuestros organismos de control como el ANMAT y el INTI. Esto no es una mera desregulación: es la subordinación de normas y estándares argentinos —incluyendo algunos compartidos a nivel Mercosur y con la Unión Europea— a los intereses comerciales estadounidenses.
La trampa de la carne
Uno de los puntos que el Gobierno más ha publicitado es la supuesta ampliación del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense. Sin embargo, mientras el gobierno argentino dice que el acuerdo nos permitirá incrementar las exportaciones de 20.000 a 80.000 toneladas, la declaración oficial de la Casa Blanca no dice nada al respecto, mientras que la propia secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, advierte que cualquier aumento «no será mucho» y que se «asegurarán de que nuestra industria ganadera esté protegida».
Pero hay más: el acuerdo establece que Argentina «simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses». Es decir, que mientras del lado argentino las exportaciones seguirán sujetas a barreras sanitarias y fitosanitarias, las importaciones de productos estadounidenses gozarán de un acceso privilegiado y simplificado.
Regulaciones Made in USA
Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo es la cláusula que establece que «Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas estadounidenses o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad».
Esta disposición equivale a un cheque en blanco para los productos estadounidenses, que ingresarán al mercado argentino sin tener que cumplir con las normativas locales. En la práctica, significa que organismos como SENASA, ANMAT y el INTI verán severamente limitadas sus capacidades regulatorias, subordinando la protección de la salud pública y la seguridad de los consumidores a los intereses comerciales de Estados Unidos.
La geopolítica de la dependencia
El acuerdo no puede entenderse fuera del contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Múltiples cláusulas están claramente dirigidas a desplazar la influencia china en Argentina y garantizar el acceso privilegiado de Estados Unidos a recursos estratégicos.
La mención a «combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países» es un eufemismo para bloquear productos chinos, mientras que la cooperación en «minerales críticos» busca asegurar el acceso estadounidense a recursos como el litio y el uranio sin contrapartidas en materia de industrialización local.
El caso del uranio es particularmente sensible. Argentina posee reservas significativas de este mineral crítico para la energía nuclear, pero el acuerdo podría convertirnos en meros exportadores de materia prima, renunciando a desarrollar nuestra propia industria nuclear con valor agregado.
El costo productivo del acuerdo
Los sectores que sufrirán el impacto inmediato del acuerdo son aquellos donde Argentina todavía mantiene capacidades productivas significativas. La apertura indiscriminada a medicamentos, vehículos, maquinaria agrícola y productos químicos estadounidenses afectará directamente a industrias que emplean a cientos de miles de trabajadores.
Según datos del INDEC citados en el informe, en 2025 más de la mitad de las importaciones desde Estados Unidos correspondieron a sólo tres rubros: sustancias y productos químicos (23,4%), maquinaria y equipo (17,2%) y coque y refinados del petróleo (13,2%). La eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en estos sectores podría significar un golpe mortal para las empresas nacionales que ya enfrentan una recesión profunda y costos financieros exorbitantes.
La ilegitimidad democrática
Quizás el aspecto más grave del acuerdo sea su opacidad y su evidente inconstitucionalidad, dado que los alcances del acuerdo atraviesan atribuciones sustanciales del Congreso y de las provincias, en su carácter de titulares de bienes de dominio público como los recursos naturales.
El artículo 75 de la Constitución Nacional establece claramente que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, reglar el comercio con naciones extranjeras y aprobar tratados con otras naciones. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una estrategia de hechos consumados, negociando en secreto y anunciando el acuerdo como si se tratara de una mera declaración de intenciones.
Esta metodología ya había sido empleada en el acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense, donde se utilizó la figura del swap de monedas para eludir la aprobación legislativa. Ahora repite la fórmula en materia comercial, pretendiendo comprometer al país en un acuerdo de largo plazo sin debate parlamentario ni consulta con las provincias.
La doctrina Monroe del siglo XXI
Lo que el Gobierno presenta como un triunfo diplomático se parece más a una rendición sin concesiones. Argentina se compromete a desmantelar su protección comercial, aceptar normas extranjeras, abrir sus mercados estratégicos y alinearse geopolíticamente con Estados Unidos. Lejos de ser un acuerdo recíproco, este marco opera como la contrapartida del salvataje financiero que el Tesoro norteamericano otorgó al gobierno libertario para sortear su delicado contexto electoral. El trueque resulta sumamente inconveniente para nuestro país: a cambio de un apoyo financiero circunstancial y de corto plazo, el oficialismo hipoteca el futuro del país, otorgando concesiones estratégicas y estructurales que condicionarán el desarrollo y la soberanía nacional por décadas.
El modelo que surge de esta declaración conjunta nos condena a un rol de productor de materias primas e importador de bienes manufacturados, renunciando a cualquier posibilidad de desarrollo industrial autónomo, o a la apuesta por procesos de agregación de valor de nuestros recursos naturales. También es contradictorio con una mirada de integración regional, como el Mercosur u otras iniciativas similares.
Además de todo esto, el acuerdo implica subordinar nuestro país a los intereses de una economía competitiva, no complementaria. Argentina compite con Estados Unidos en sus principales exportaciones: commodities agropecuarias, energía y minerales. Hay que ser muy ingenuo —por ser suave— para pensar que Estados Unidos ayudará a la Argentina a potenciar sus exportaciones justamente en esos mercados donde competimos.
Por eso, la diplomacia argentina debería ser pragmática: rechazar cualquier tipo de alineamiento automático con potencias extranjeras y subordinar cualquier tipo de acuerdo comercial a la búsqueda de complementariedad económica. Eso es exactamente lo que puede potenciar la producción y exportaciones argentinas y apuntalar un proyecto de desarrollo nacional autónomo.
Finalmente, el Gobierno exhibe la declaración conjunta como el fruto exclusivo de su alineamiento estratégico, pero la realidad se empeña en contradecirlo: se trata de la misma declaración conjunta que Estados Unidos ya estampó con países como Ecuador, El Salvador y Guatemala, tres economías que no disponen de un entramado industrial como la Argentina.
Esta “estandarización” muestra que se trata de algo que va mucho más allá de la afinidad entre Trump y Milei. El verdadero interés de la potencia del norte es forjar un frente continental cohesionado en su pulseada geopolítica contra China. Por eso es por lo que, en paralelo a estos acuerdos con socios dóciles, Estados Unidos sigue negociando minuciosamente con Brasil, el verdadero premio mayor de la región. La estrategia sigue los lineamientos de una Doctrina Monroe 2.0: asegurar la retaguardia latinoamericana para la guerra comercial que definirá el siglo XXI.