Una ciudad rica de pobres trabajadores
La Ciudad de Buenos Aires exhibe, en cifras y en contradicciones, la paradoja de una urbe con presupuesto de capital europea y servicios públicos que se desmoronan. En las escuelas, en los hospitales, en la vía pública se percibe una gestión orientada a la mera subsistencia administrativa. Detrás de esa erosión operativa asoma, con nitidez, otra realidad: la precarización laboral y la pérdida acelerada del poder adquisitivo de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado porteño.
por Cristina Peña
Los números oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA) ofrecen una fotografía inquietante: en 2025 la inflación acumulada llegó al 31,8 %, mientras los incrementos salariales promediaron 26,2 %. En el reparto de magras compensaciones figura una suma fija no remunerativa de $60.000 —congelada desde agosto de 2024— que no se incorpora al aguinaldo ni a otros adicionales. Si esa partida hubiera seguido el ritmo de los precios, hoy debería rondar los $265.000; la diferencia habla de una precipitosa caída del consumo en el ámbito de la ciudad. Por su parte, el presentismo subió de $20.000 a $50.000, pero ese adicional excluye a quienes enfrentan enfermedades, accidentes o licencias, y no alcanza a todo el personal. Las asignaciones por nacimiento o escolaridad experimentaron ajustes marginales, beneficiando a sectores limitados.
En paralelo, denuncian desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se vivencia un constante incremento de precios en los productos y servicios básicos —como el transporte, gastos corrientes, productos alimenticios, etc.— que parece ir en concordancia con la expansión del empleo precario dentro del propio ámbito de la administración de gobierno: tercerizaciones, contratos por monotributo y modalidades que eluden aportes jubilatorios, aguinaldo y licencias remuneradas. Son empleos que muchas veces replican tareas de planta, pero con salarios y derechos inferiores. El resultado es una doble fragmentación: de la gestión pública, que pierde capacidad de respuesta; y del mercado laboral estatal, que divide a quienes trabajan para el mismo Estado en categorías desiguales.
En la propuesta salarial, la administración porteña ofrece, para los primeros meses de 2026, un aumento escalonado —3 % en enero sobre diciembre, 4,5 % en febrero sobre enero— y un 7 % específico para monotributistas. Lo que para el Ejecutivo es una oferta, para ATE es insuficiente. A los fines de igualar la inflación proyectada, este sindicato plantea, como mínimo, un incremento del 4,2 % retroactivo a diciembre pasado.
La consecuencia de la baja salarial no es arbitraria, sino que está expuesta en los propios informes que publica el IDECBA: en diciembre de 2025 la línea de pobreza se ubicó en $1.346.876 y la de indigencia en $726.569. Frente a esos umbrales, una proporción significativa de trabajadores estatales y contratados percibe ingresos que no cubren sus necesidades básicas. La ciudad que se jacta de ser una de las metrópolis más bellas del mundo, entonces, convive con trabajadores que no alcanzan a vivir dignamente de su salario.
Más allá del debate técnico, lo que se desprende es una cuestión política y administrativa: ¿Qué tipo de ciudad se quiere sostener? Si la atención al vecino depende de planteles precarizados y salarios erosionados, la promesa de servicios públicos eficientes se diluye. La continuidad de esquemas salariales que no compensan la inflación proyectada anticipa nuevas tensiones: mayor conflictividad laboral, dificultades en la gestión cotidiana y, sobre todo, un deterioro en la calidad de vida de quienes hacen funcionar la ciudad.