El Estado se retira del aula
Tras recortar cerca del 50 % del presupuesto educativo, el Gobierno eliminó por decreto contenidos obligatorios como Educación Vial y la jornada contra la violencia de género y ahora impulsa la Ley de “Libertad Educativa”, formalizando el retiro del Estado del aula.
por Melina Schweizer
El retiro del Estado de la educación dejó de ser una consigna ideológica para convertirse en letra chica del Boletín Oficial. Mediante el Decreto 436/2025, el Gobierno nacional eliminó para el ciclo lectivo 2026 la obligatoriedad de dos contenidos a nivel federal: la jornada Educar en Igualdad, orientada a la prevención de la violencia de género, y los contenidos de Educación Vial. La decisión derogó artículos centrales de las leyes 27.234 y 27.214 bajo el argumento de reducir gasto, evitar “superposiciones” y mejorar la eficiencia. El resultado no es técnico: es político. Menos Estado en el aula.
El decreto rige a nivel nacional, pero traslada a las provincias la decisión de sostener —o no— estos contenidos en sus currículas. Autonomía, en los papeles. Fragmentación garantizada, en la práctica. La formación ciudadana deja de ser un piso común y pasa a depender del código postal.
La medida no llega sola. Se inscribe en un proceso más amplio de repliegue estatal que incluye un recorte cercano al 50 % del presupuesto educativo desde la asunción de Javier Milei, consolidado en la ley de Presupuesto. Primero se quitan los recursos. Después, los contenidos. Finalmente, la responsabilidad. La pedagogía se convierte en gasto prescindible y la prevención, en exceso ideológico.
En ese contexto, la diputada María Bielli, de Fuerza por Buenos Aires, desde el Poder Legislativo, dijo algo que en 2026 suena casi disruptivo: la educación es un bien público. Lo hizo al rechazar la llamada Ley de Libertad Educativa, el proyecto con el que el oficialismo busca cerrar el corrimiento del Estado del sistema educativo.
La ley no corrige déficits estructurales ni mejora condiciones de enseñanza. No fortalece escuelas, no acompaña trayectorias educativas, no aborda desigualdades. Reformula el rol del Estado, que deja de ser garante y pasa a ser subsidiario: una palabra amable para justificar la retirada. La educación deja de ser un derecho y se transforma en una tarea privada, familiar, opcional y tercerizable.
Cualquiera puede enseñar.
Cualquiera puede ofrecer educación.
El Estado certifica.
No orienta.
No interviene.
No responde.
Como si la desigualdad fuera un error administrativo y no una estructura social.
El proyecto incluso crea un Consejo Escolar de Padres con capacidad de intervenir en decisiones estratégicas y remover directivos. Presentado como participación democrática, el esquema corre el riesgo de convertir a las escuelas en espacios de disputa permanente, donde la pedagogía puede ser desplazada por intereses particulares, moralismos coyunturales o tensiones ideológicas sin mediación institucional.
Bielli formuló la pregunta que el Gobierno esquiva con entusiasmo libertario: ¿De verdad las familias argentinas creen que el problema de la educación es la falta de libertad? ¿Que el Estado las oprime por escolarizar a sus hijos? ¿Que el deseo social es educar en casa mientras se trabaja más, se gana menos y el tiempo no alcanza?
La experiencia reciente demuestra lo contrario. Incluso durante la pandemia —cuando hoy se cuestionan retrospectivamente las políticas de cuidado— las familias reclamaban la presencia de la escuela. No pedían menos Estado. Pedían uno que estuviera.
Porque la fantasía anarcocapitalista siempre choca con la misma pared: la vida real. Familias cansadas, precarizadas, con jornadas extensas y salarios erosionados no necesitan libertad educativa abstracta. Necesitan instituciones que funcionen, docentes reconocidos y un Estado que no se borre cuando deja de convenirle.
La Ley de Libertad Educativa propone además derogar la Ley de Educación Nacional de 2006, una norma debatida en todo el país y aprobada con amplia mayoría. Una ley que merece una revisión seria: qué se cumplió, qué no, qué quedó pendiente. No un borrón y cuenta nueva dictado por el dogma.
Pero revisar implica hacerse cargo.
Derogar permite escapar.
Entre decretos que eliminan contenidos y leyes que vacían responsabilidades, el Gobierno avanza hacia una educación libre de garantías, libre de regulación y libre de responsabilidad estatal. Una libertad prolija, discursiva, exportable.
Una libertad que, cuando se la raspa un poco, revela su verdadero contenido: ajuste, fragmentación y desigualdad.
La educación no es un bien de consumo.
Aunque algunos insistan en ofrecerla como servicio opcional, con envío a domicilio y sin derecho a reclamo.