Comedores invisibles, pobres imaginarios…
Y una guerra santa por la miseria
Más de 40 comedores que no existían, 5.000 raciones irregulares por día y 454 personas fallecidas anotadas como beneficiarias. El Gobierno porteño denunció un sistema de intermediación de la pobreza donde el hambre se administraba con listas falsas y controles inexistentes. La miseria, una vez más, convertida en botín político mientras el problema estructural sigue intacto.
por Melina Schweizer
Hubo un tiempo —no muy lejano— en que la política se discutía con proyectos, con ideas, con modelos de país que al menos intentaban disimular sus intereses detrás de palabras nobles; hoy, en cambio, asistimos a un espectáculo más modesto y más cruel, donde la pobreza se convirtió en escenario, utilería y botín, y donde cada plato de comida funciona menos como derecho y más como munición discursiva.
Esta semana, Jorge Macri decidió subirse a la cruzada moral del año: denunció comedores fantasmas, muertos anotados como beneficiarios y pobres con autos, propiedades, jubilaciones millonarias y, por si faltaba un toque de realismo mágico, hasta embarcaciones. Una fauna social tan variopinta que ni el INDEC más creativo se habría animado a dibujarla.
La escena fue presentada con tono grave, de estadista que acaba de descubrir una estafa ontológica: cinco mil raciones irregulares por día, más de cuarenta comedores que nunca existieron, direcciones donde no había ni olla ni fuego ni gente, apenas una persiana baja y el eco de un Estado que llega siempre tarde pero con cámara prendida. Según el Gobierno porteño, la miseria había sido tercerizada, intermediada, administrada como una PyME oscura de la necesidad, donde el hambre circulaba con facturación pero sin comida.
El relato es potente, no por nuevo, sino por eficaz: intermediarios de la pobreza, dirigentes sociales convertidos en gerentes del plato ajeno, organizaciones que —según esta versión— habrían construido un sistema donde la ayuda se transforma en peaje, la necesidad en ficha política y el pobre en rehén administrativo. El villano tiene nombre y apellido, y no es casual: Juan Grabois, figura ideal para condensar todas las sospechas, todos los prejuicios y todas las broncas de una época que odia la organización popular tanto como finge odiar la pobreza.
Macri habló de raciones robadas, de nombres usados sin permiso, de fallecidos que seguían “comiendo” en los registros digitales, de beneficiarios con ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales, como si el problema central no fuera la estructura que produce hambre, sino la anomalía estadística que permite construir un relato épico de orden y limpieza. Porque en esta narrativa, el hambre no es consecuencia de políticas económicas, sino de listas mal hechas.
La aplicación para registrar comensales —una especie de Tinder de la indigencia donde cada DNI valida una ración— aparece como el gran avance tecnológico que viene a moralizar la ayuda social, a purificarla de política, como si el hambre pudiera resolverse con código QR y voluntad administrativa. El problema, claro, es que cuando se digitaliza la miseria sin discutir por qué existe, lo único que se moderniza es el control.
Mientras tanto, la cifra se repite como mantra: 250 mil personas comen todos los días en la Ciudad. No es un dato que alarme; es un dato que se exhibe. No es una falla del sistema; es una estadística gestionable. La pregunta que no aparece —y que molesta— es por qué, en una de las ciudades más ricas de América Latina, un cuarto de millón de personas depende de una ración diaria para no pasar hambre. Pero esa pregunta no entra en la conferencia de prensa.
El discurso oficial insiste en separar la ayuda del “intermediario”, como si la organización comunitaria fuera un desvío y no, históricamente, la única respuesta posible frente a la ausencia del Estado. Se habla de extorsión, de manipulación, de favores, pero se evita cuidadosamente hablar de salarios que no alcanzan, de jubilaciones pulverizadas, de alquileres imposibles y de un modelo económico que necesita pobres disciplinados para funcionar.
El problema, dicen, no es que haya hambre, sino que alguien se haya colado en la lista. No es que falte comida, sino que haya sobrado política. No es que el Estado llegue tarde, sino que alguien llegó antes.
Así, la miseria se convierte en terreno de disputa simbólica: de un lado, un gobierno que promete orden, transparencia y un plato sin ideología; del otro, organizaciones sociales convertidas en sospechosas profesionales, obligadas a demostrar que la pobreza que gestionan es auténtica, legítima, miserable en regla. Como si el pobre tuviera que rendir examen para merecer comer.
En este clima, la denuncia funciona menos como investigación y más como pedagogía: enseña quién tiene derecho a hablar del hambre y quién debe callar, quién administra y quién obedece, quién fiscaliza y quién agradece. La justicia, por supuesto, “investigará”, pero el daño simbólico ya está hecho: el comedor deja de ser refugio y pasa a ser sospecha.
El dato final, el que incomoda, queda flotando sin micrófono: cuando se cierra un comedor fantasma, nadie pregunta qué pasa con la gente real que igual tiene hambre. Cuando se denuncia una ración mal dada, nadie explica cómo se va a garantizar la bien dada. Porque en esta guerra santa contra los intermediarios, el objetivo no parece ser que la comida llegue mejor, sino que llegue sin molestar.
Y así, mientras se discuten listas, apps y beneficiarios improbables, la pobreza sigue ahí, terca, material, concreta, sin fantasmas ni metáforas, esperando que alguien —Estado, organización o vecino— haga algo más que señalarla con el dedo.
Porque al final del día, el hambre no se inventa.
Se administra.
Se usa.
Y, cuando conviene, se convierte en espectáculo.