Reforma laboral: poder, secretismo y represión
En una sesión marcada por el hermetismo, las negociaciones contrarreloj, un operativo de seguridad que blindó el Congreso y reprimió ferozmente la protesta social, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral con apenas 20 votos propios y una red de apoyos construida a fuerza de concesiones. El texto, modificado hasta minutos antes de la votación, profundiza cambios regresivos y abre un nuevo capítulo de tensión política de cara al debate en Diputados.
La escena se terminó de definir a la 1.30 de la madrugada, cuando el tablero del Senado marcó 42 votos afirmativos y 30 negativos. Pero la historia de esa votación no se cuenta en números, sino en pasillos, en despachos cerrados, en teléfonos que no dejaron de sonar y en un clima de tensión que atravesó la jornada. La Libertad Avanza consiguió lo que buscaba: la media sanción de la reforma laboral. Lo logró con apenas veinte votos propios y un entramado de alianzas tejidas con gobernadores, bloques provinciales y sectores del sindicalismo vernáculo.
Desde temprano, el Congreso se mantuvo blindado con un despliegue policial de extrema magnitud. Las vallas, los camiones hidrantes y los cordones de seguridad contrastaban con la persistencia de miles de manifestantes que se acercaban a la plaza.
Mientras afuera se expresaba un rechazo masivo a la reforma laboral, adentro se negociaba en silencio.
Ese contraste no fue casual. La jornada legislativa estuvo marcada por un nivel de secretismo que sorprendió incluso a senadores experimentados. El texto de la reforma —una ley de más de 200 artículos que modifica pilares centrales del derecho laboral argentino— se retocó hasta minutos antes de la votación. Muchos legisladores admitieron que no conocían la versión final cuando ingresaron al recinto.
La Libertad Avanza aportó veinte votos. El resto provino de un mapa político fragmentado: la UCR, el PRO, representantes de Misiones, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Neuquén y Chubut, además de figuras que responden a gobernadores peronistas. Cada uno llegó con demandas específicas y cada uno obtuvo algo a cambio.
El rechazo, en cambio, se concentró en el peronismo, los santiagueños y otros bloques provinciales que mantuvieron una postura unificada. La votación dejó expuesta una fractura política que no se ordena por ideologías tradicionales, sino por intereses territoriales y por la capacidad del gobierno de negociar con cada actor por separado.
Para asegurar la media sanción, el oficialismo cedió en puntos claves, como la quita de la reducción del impuesto a las ganancias para empresas, que afectaba la coparticipación y fue el principal reclamo de los gobernadores. A los popes de la CGT les garantizó que no se tocarían las cajas sindicales ni las obras sociales. Los bancos mantendrán el monopolio en el pago de haberes, excluyendo de esta forma a las poco confiables billeteras virtuales. En tanto que, para evitar la fuga de votos, se ajustó el Fondo de Asistencia Laboral, que, en detrimento de trabajadores y jubilados, beneficia a empresarios y PyMEs a la hora de despedir empleados. Sin embargo, el cambio más controvertido llegó desde un sector inesperado: la UCR impulsó una modificación que reduce el pago por enfermedad al 75% o incluso al 50% del salario. Ese agregado endureció aún más un proyecto ya cuestionado por su impacto sobre derechos laborales básicos.
La reforma laboral de La Libertad Avanza incluye la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una norma clave para la protección de derechos laborales y profesionales; sobre todo luego que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires reportara que en 2025 los ataques contra periodistas aumentaron un 66%. El incremento de las agresiones policiales a manifestaciones, censura indirecta, judicialización, despidos masivos y campañas de hostigamiento digital promovidas desde ámbitos oficiales se hizo palpable durante la represión desatada en la tarde de ayer.
El ministro del Interior, Diego Santilli, fue una presencia constante en los pasillos del Senado. Su rol fue decisivo para sostener el Fondo de Asistencia Laboral, que estuvo a punto de caerse, y para cerrar un acuerdo que incluyó un punto largamente buscado por grandes empresas: el inicio del traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Patricia Bullrich, por su parte, se movió entre el recinto y los despachos con la intensidad de quien sabe que cada voto cuenta. Senadores que participaron de las negociaciones admitieron que la ministra manejaba información precisa sobre las necesidades financieras de los sindicatos, lo que alimentó el malestar de algunos legisladores que sintieron que la CGT negociaba en silencio mientras ellos quedaban expuestos al costo político.
La Libertad Avanza ganó el primer round legislativo. Pero lo hizo en un contexto de fuerte rechazo social, con un operativo policial que dejó imágenes de represión y con un proceso legislativo cuestionado por su falta de transparencia. La reforma laboral avanza, pero lo hace dejando heridas políticas y sociales. Ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a un trámite exprés: dictamen el 18 de febrero y sesión el 25. Sin embargo, la intensidad de la jornada de ayer anticipa que un camino nada sencillo. La reforma laboral ya no es solo un proyecto: es un campo de disputa que atraviesa al sistema político, a los sindicatos, a los empresarios y a una sociedad que volvió a ocupar las calles.