Desalojo express del autódromo Gálvez
Maquinaria pesada, fuerza pública y cero alternativas habitacionales
El Decreto N° 67/26, firmado el 19 de febrero de 2026 por el jefe de Gobierno porteño, autoriza la «desocupación administrativa inmediata» de los sectores bajo las tribunas 9 a 15 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El argumento: Las obras de modernización del circuito ponen en riesgo a las familias. La realidad: el Estado usa su propia topadora como excusa para echar gente sin ofrecer un lugar adonde ir. La Ciudad que brilla también es la que esconde.
por Melina Schweitzer
Buenos Aires, 23 de febrero de 2026 – Mientras el Congreso debatía la reforma laboral y la CGT paralizaba el país, en la Ciudad de Buenos Aires se firmaba un decreto que pasaría inadvertido para los noticieros, pero no para las familias que desde hace años viven bajo las tribunas del Autódromo. El Decreto N° 67/26, con la firma de Jorge Macri (jefe de Gobierno) y Sánchez Zinny (jefe de Gabinete), ordena la «desocupación administrativa inmediata» de los sectores ubicados bajo las tribunas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, y de una construcción ubicada frente a las tribunas 12 y 13 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez”.
¿Dónde sucede?
El predio está ubicado en Av. Coronel Roca al 4600-5500, en el barrio de Villa Riachuelo, límite sur de la Ciudad. Son los sectores bajo las tribunas, históricamente ocupados por familias que encontraron allí un techo (de hormigón) ante la falta de políticas habitacionales del Estado que juran garantizar la vivienda digna (artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, ese que nadie lee cuando firman estos decretos).
¿Quién lo autoriza?
La firma estampada al pie del decreto es de Jorge Macri, jefe de Gobierno. Lo refrenda su jefe de Gabinete, Sánchez Zinny. Pero detrás hay una maquinaria completa:
- Subsecretaría Autódromo (dependiente del Ministerio de Espacio Público): Coordina el operativo.
- Dirección General de la Red de Atención (del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat): el mismo que debería «atender» a la gente va a colaborar con el desalojo.
- Guardia de Auxilio y Emergencias + Logística (Ministerio de Seguridad): Pondrán la fuerza pública.
- SAME (Ministerio de Salud): Estará presente por si alguien se lastima durante el operativo.
- Escribanía General (Secretaría Legal y Técnica): Labrará un acta de los bienes secuestrados.
Se trata de un operativo comando con todas las áreas del Estado coordinadas para un solo fin: sacar gente de un terreno.
El argumento oficial (y sus agujeros)
El decreto se basa en tres puntos:
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- Ocupación ilegítima del dominio público: es cierto, las tierras son del Estado. Lo que no dice es que el Estado tiene la obligación de garantizar vivienda digna (artículo 31, Constitución de CABA). No se mencionan relocalizaciones, subsidios ni alternativas.
- Obras de remodelación y modernización: el autódromo se está renovando. Demolición de boxes viejos, construcción de nuevos boxes, ampliación de pista, montaje de estructuras. Todo muy lindo. Lo que no dice es que las obras podrían convivir con la gente si hubiera voluntad política.
- Riesgos para la integridad física de los ocupantes: el gobierno dice «hay maquinaria pesada, excavaciones, demoliciones. Si ustedes se quedan, se pueden lastimar. Por eso los sacamos». La perversidad es monumental: el riesgo lo genera el propio Estado con sus topadoras, y después usa ese riesgo como excusa para echar a la gente.
La trampa legal: ejecutoriedad sin juez
El decreto se apoya en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Ley 1.218), que permite a la administración usar la fuerza sin intervención judicial previa cuando deba «protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen en ruina”.
Es una herramienta pensada para emergencias. Acá se usa para sacar a la gente de un terreno que el gobierno quiere para obras. La «emergencia» la crea el propio gobierno con sus topadoras.
Lo que el decreto no dice (y nunca va a decir)
- No dice cuántas familias viven ahí. Habla de «personas, ocupantes y subocupantes», pero no da números. Es más fácil contar las tribunas que los seres humanos.
- No dice desde cuándo están. La ocupación podría tener años. La historia de esas familias no importa.
- No dice dónde van a ir. No hay relocalizaciones, no hay soluciones habitacionales, no hay programas de inclusión. Sólo está la orden de desocupar, con auxilio de la fuerza pública si hace falta.
- No dice qué pasará con los bienes secuestrados tras elaborar el inventario notarial.
La pregunta que queda
El autódromo se va a renovar. Los boxes nuevos van a quedar impecables. Las tribunas, limpias. El día de la carrera, los autos rugirán y la gente aplaudirá.
Nadie se va a acordar de las familias que vivían abajo.
El decreto 67/26 es una pieza más en la maquinaria de la Ciudad que produce pobres y los mueve como fichas. La misma lógica que desalojó la Villa 31, el Parque Indoamericano, los bajo autopistas. La misma lógica que dice «modernización» cuando quiere decir «limpieza social».
La pregunta no es si el desalojo es legal. Es si es justo. Y en esta Ciudad, lo legal y lo justo hace rato que dejaron de hablarse.
El autódromo se moderniza. Las familias también modernizan su forma de sobrevivir en la calle. Jorge Macri firma, las topadoras avanzan y los ocupantes se convierten en estadística. La ciudad de Buenos Aires brilla. Abajo de las tribunas, no tanto.