Ahora vienen por los glaciares. El agua está en peligro.
En medio de una sesión marcada por denuncias de represión policial y agresiones a trabajadores de prensa, entre tensiones y cuestionamientos, el jueves 26 de febrero la reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado. La votación de 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención se desarrolló pese al clima de conflictividad social en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones ambientalistas y ciudadanos se manifestaban contra una iniciativa que, según especialistas y colectivos socioambientales, reduce la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
La reforma aprobada redefine el alcance de las zonas protegidas, limitando la protección a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas “efectivas”, lo que implica un recorte respecto de la ley vigente desde 2010. Críticos del proyecto advierten que esta modificación abre la puerta a la expansión de la megaminería en áreas antes vedadas, delegando en las provincias la decisión final sobre qué zonas conservar y cuáles habilitar para explotación económica. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como un paso necesario para “destrabar inversiones” y dinamizar economías regionales, organizaciones ambientalistas alertaron que la propuesta “vacía de contenido” la protección de los glaciares y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.
Qué cambia técnicamente con la reforma
El punto que más preocupa a las organizaciones científicas y ambientales, por el que advierten un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, es el que plantea una redefinición de las zonas que quedarán efectivamente a resguardo. Esto es, reemplazar las actuales prohibiciones absolutas por un esquema basado en la “función hídrica relevante” a partir de evaluaciones de impacto.
La normativa vigente desde 2010 (Ley 26.639) protege los glaciares y todo el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, prohibiendo actividades como la minería y la extracción de hidrocarburos en esas zonas. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, que identificó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera.
La reforma aprobada ayer por el Senado modifica ese esquema en tres ejes centrales:
• Nueva delimitación del ambiente periglacial: Se distingue entre “área periglaciar” y “geoformas periglaciales”, y solo estas últimas serán consideradas reservas estratégicas y podrán quedar bajo protección estricta.
• Protección condicionada a la función hídrica: Solo las zonas que cuenten con un aporte hídrico “relevante” serán protegidas, lo que abre la puerta a habilitar actividades extractivas en áreas antes vedadas.
• Mayor discrecionalidad provincial: Las provincias podrán incorporar o retirar cuerpos de hielo del inventario según sus propios criterios técnicos, lo que introduce heterogeneidad regulatoria y reduce el estándar nacional de protección.
Qué dicen organizaciones científicas y por qué se oponen
La oposición de instituciones científicas y ambientales se fundamenta en varios puntos críticos:
1. Falta de consulta técnica: El IANIGLA —organismo responsable del inventario de glaciares— afirmó no haber sido informado ni consultado sobre los cambios. Esto genera preocupación porque la reforma altera directamente el marco técnico que sustenta su trabajo.
2. Reducción del área protegida: Al limitar la protección a zonas con “función hídrica relevante”, se excluyen geoformas con hielo mínimo o aporte indirecto, pese a que cumplen funciones ecológicas y de regulación hídrica esenciales. Científicos advierten que esta visión es reduccionista y desconoce la complejidad del sistema criosférico.
3. Riesgo para la seguridad hídrica: Los glaciares y el ambiente periglacial actúan como reservorios naturales que regulan caudales y sostienen ecosistemas y actividades humanas. Reducir su protección podría comprometer el acceso al agua en regiones áridas y semiáridas, un riesgo señalado por ambientalistas y especialistas en derecho ambiental.
4. Falta de criterios unificados: La reforma “no fija criterios técnicos para todas las provincias”, lo que podría generar un mosaico regulatorio desigual y favorecer la presión extractiva en zonas vulnerables.
5. Habilitación de actividades mineras en zonas antes vedadas: La reforma facilita inversiones mineras en territorios que la ley original protegía estrictamente. Organizaciones científicas sostienen que esto prioriza intereses económicos de corto plazo por sobre la preservación de un recurso estratégico en el contexto de la crisis climática.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto es político y económico: el gobierno argumenta que la ley vigente “paraliza” inversiones y que la reforma permitirá avanzar en la transición energética mediante la explotación de cobre y litio. Las organizaciones científicas, en cambio, sostienen que la transición energética no puede justificarse a costa de degradar ecosistemas esenciales.
Represión a manifestantes y trabajadores de prensa
Desde temprano, la jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. Doce activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar las rejas del Congreso en una protesta simbólica que buscaba visibilizar el rechazo a la reforma. Minutos después, la situación escaló: efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre manifestantes y trabajadores de prensa. Según reportes periodísticos, un camarógrafo de A24 fue golpeado y terminó con el rostro ensangrentado mientras registraba las detenciones. Otros periodistas denunciaron haber recibido gas pimienta pese a encontrarse en el sector habilitado para la cobertura. Testigos señalaron que la agresión fue injustificada y que incluso la ambulancia acudió al lugar por aviso de los propios cronistas, no de las fuerzas de seguridad.
Esta acción generó un repudio transversal. Diversos testimonios coinciden en que los agentes exigieron a la prensa retirarse de un área autorizada y luego avanzaron con golpes, empujones y gas pimienta. El camarógrafo herido fue detenido y trasladado al hospital, mientras colegas denunciaban intentos de arrebatar cámaras y equipos. Este episodio se suma a un clima de creciente tensión entre fuerzas de seguridad y manifestantes en jornadas legislativas recientes, lo que plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza y la garantía del derecho a la protesta y a la labor periodística.
La media sanción de la reforma deja ahora la definición en manos de la Cámara de Diputados, mientras organizaciones ambientales, académicos y sectores sociales anticipan nuevas movilizaciones. La represión registrada en las afueras del Congreso no solo enmarca el debate ambiental, sino que abre un frente adicional: el respeto a los derechos civiles en un contexto de creciente conflictividad política.
Portada: Performance «NO se caguen en el agua» realizada por Greenpeace en las escalinatas del Congreso (desalojada por las fuerzas de seguridad).