Argentina cae al puesto 104 en el ranking global de corrupción
Argentina retrocedió nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, ubicándose en el puesto 104 entre 182 países, con un puntaje de 36 sobre 100. Este resultado refleja un deterioro sostenido en la percepción de la integridad pública y sitúa a nuestro país por debajo del promedio regional.
El IPC, considerado el principal indicador global para medir la corrupción en el sector público, muestra que Argentina perdió posiciones respecto del año anterior, cuando se encontraba en el puesto 99. El puntaje actual la ubica al mismo nivel que Belice y Ucrania, y por debajo de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Mientras que en el contexto regional, Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países de América, lejos de las naciones mejor posicionadas como Canadá, Uruguay y Chile. El promedio continental es de 42 puntos, seis puntos más que el valor argentino.
Transparencia Internacional coincide en que la caída de Argentina en el Índice de Percepción de la Corrupción «no responde a un hecho aislado», sino a un «deterioro estructural de los mecanismos de control, la transparencia y la independencia institucional». Profundizando en la tendencia descendente desde hace casi una década. Este retroceso ocurre en un contexto marcado por escándalos de alto impacto político que no recibieron respuestas institucionales contundentes. Entre ellos se destacan el caso Libra, revelado en 2025, que generó sospechas de irregularidades en el propio titular del Ejecutivo nacional, y las denuncias vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan presuntas coimas y desmanejos en la administración de fondos destinados a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. Según Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano —capítulo argentino de Transparencia Internacional—, ambos episodios «no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno», lo que contribuyó a empeorar la percepción internacional.
Según el informe, estos casos no solo exponen fallas en la gestión de fondos públicos, sino también señales de opacidad, debilidad de los controles y desatención por parte de la Justicia, lo que alimenta la percepción de un Estado vulnerable a la captura por intereses particulares. En este aspecto, destacan la ausencia de políticas anticorrupción claras, la falta de actualización de la Ley de Ética Pública y la necesidad urgente de una nueva normativa de compras y contrataciones. Se subraya también que Argentina mantiene actualmente una tendencia de «retroceso persistente».
Ante este panorama, el nombramiento del Defensor del Pueblo, cargo vacante desde 2009, podría ser un elemento clave para revertir parte del deterioro institucional. La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo creado para proteger los derechos de la ciudadanía frente a los abusos del Estado, supervisar el funcionamiento de la administración pública y actuar como un contralor independiente.
El titular de esta institución tiene la capacidad para intervenir en casos de arbitrariedad, mala administración o corrupción. Le compete exigir información, auditar procedimientos y denunciar irregularidades. La ralentización del Congreso en designar a un candidato independiente con suficiente consenso político y social se percibe como un síntoma de parálisis institucional que acentúa la falta de compromiso con la rendición de cuentas.
La corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo argentino. El retroceso en el IPC 2025 no solo refleja problemas coyunturales, sino también fallas estructurales que requieren consensos políticos amplios y políticas sostenidas en el tiempo.
La designación del Defensor del Pueblo, postergada por más de una década, se convierte en un símbolo de la necesidad de reconstruir la institucionalidad perdida. En un contexto de creciente desconfianza, su nombramiento podría convertirse en un gesto concreto hacia la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos.