El ajuste tiene rostro de mujer
Al cumplirse un nuevo aniversario del 8 de marzo, el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe que expone el impacto real de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre la vida de las mujeres. Lejos de ser neutrales, las medidas de ajuste, desregulación y reforma laboral profundizan las desigualdades estructurales y consolidan un escenario de retroceso en materia de derechos.
La radiografía de la desigualdad muestra datos contundentes. Según el estudio del CEPA, que releva información del tercer trimestre de 2025, las mujeres enfrentan un mercado laboral más hostil, donde perciben ingresos menores por las mismas tareas. La tasa de ocupación de las mujeres es del 52,6 por ciento, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales respecto a los varones, que alcanzan el 70,1 por ciento. Esta menor participación no se traduce en mejores condiciones laborales: la desocupación afecta al 7,4 por ciento de las mujeres, frente al 5,9 por ciento de los varones, mientras que la informalidad laboral es mayor en las mujeres, con un 38 por ciento contra el 35,5 por ciento en los varones.
La consecuencia directa de esta inserción precaria es una brecha salarial que oscila entre el 27,3 y el 29 por ciento en perjuicio de las mujeres, y que se amplía al 40 por ciento en el sector informal. Esta desigualdad configura un claro fenómeno de feminización de la pobreza: las mujeres representan el 64,2 por ciento de las personas con menores ingresos, un incremento del 61,4 por ciento respecto al año anterior. En el extremo opuesto, apenas alcanzan el 37 por ciento en el decil de mayores ingresos, lo que los especialistas definen como la masculinización de la riqueza.
Hay un factor estructural que condiciona esta realidad y es el relativo a la organización social del cuidado. Las mujeres destinan, en promedio, tres horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los varones, una carga que limita sus posibilidades de inserción laboral de calidad y explica su sobrerrepresentación en sectores de bajos ingresos, como el trabajo doméstico, donde constituyen el 98,8 por ciento del personal.
El informe del CEPA detalla cómo el Presupuesto 2026 consolida el rumbo iniciado en 2024. Siete de cada diez programas destinados a reducir las brechas de género sufrieron recortes o fueron eliminados. Esta tendencia representa un ataque directo a las herramientas del Estado para mitigar la desigualdad. En materia de ingresos, el ajuste fue contundente: la moratoria previsional se redujo un 41,71 por ciento y la prestación Alimentar, un 17,26 por ciento. La excepción fue la Asignación Universal por Hijo, que creció un 74,64 por ciento como estrategia de contención social. En el ámbito laboral, programas clave como Potenciar Trabajo y Registradas fueron virtualmente eliminados.
La respuesta a las violencias de género sufrió un desfinanciamiento del 86,5 por ciento respecto de 2023. La Línea 144, un recurso vital para la contención, registró una caída del 90 por ciento en las asistencias durante 2025. En salud y cuidados, el desmantelamiento es casi total. La Educación Sexual Integral sufrió un recorte del 98 por ciento, mientras que no se construirá ni un solo jardín de infantes en 2026. Durante 2025, además, no se distribuyó un solo preservativo desde el programa de respuesta al VIH.
Los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo profundizan esta situación crítica. Lejos de una modernización, se trata de un retroceso que legaliza la precarización y tiene un impacto desproporcionado en las mujeres. Entre los puntos más alarmantes se encuentra la eliminación de la posibilidad de reincorporación para una trabajadora despedida durante el embarazo, reduciendo la protección a una mera indemnización agravada. También, la flexibilización que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago genera incertidumbre horaria, incompatible con las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. En el trabajo en casas particulares se extiende el período de prueba de quince días a seis meses, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad a un sector altamente feminizado que ya perdió 22.436 puestos de trabajo y un 35,2 por ciento de su salario real entre 2023 y 2025. Al priorizar los convenios por empresa, se pone en riesgo la negociación colectiva sectorial, donde históricamente se han conquistado licencias y derechos de cuidado. Y con la derogación de la ley de teletrabajo se elimina el reconocimiento de las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.
El impacto se siente en sectores estratégicos y altamente feminizados. Las docentes, que representan el 73,1 por ciento del sector, perdieron el equivalente a cerca del 12 por ciento de su salario con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En el sistema previsional, el ajuste es igual de severo: nueve de cada diez mujeres no podrán acceder a una jubilación tras el veto a la moratoria, quedando relegadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que representa el 80 por ciento de la mínima y se obtiene a los sesenta y cinco años. La jubilación mínima, donde las mujeres están sobrerrepresentadas, se ubicó en el primer trimestre de 2025 un 18,3 por ciento por debajo de los niveles de 2023.
En este contexto, mientras el gobierno desfinancia programas de equidad, crea un Fondo de Asistencia Laboral con un costo fiscal del 0,37 por ciento del PBI, 4,6 veces superior al costo de la moratoria previsional vetada. Organizaciones feministas y sindicales advierten que la respuesta será la movilización y la propuesta de proyectos alternativos que pongan en el centro la equidad y los derechos, en un escenario donde la deuda de género del Estado no hace más que profundizarse.