Argentina 2024-2025: el mapa de la represión que traza CORREPI
El informe “Situación Represiva Nacional 2025” reúne casos y estadísticas desde 1983 y pone el foco en decisiones políticas, reformas legales y prácticas policiales que, según la organización, explican un salto en la violencia estatal durante el inicio del gobierno de La Libertad Avanza.
por Cristina Peña
En los papeles, son resoluciones y reformas. En la calle, y puertas adentro de comisarías y cárceles, se traducen en balas, descargas eléctricas, detenciones que se alargan y muertes que muchas veces no se explican —o se encubren— como “suicidios”. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sostiene este argumento en el informe “Situación Represiva Nacional 2025”, un trabajo que lee el bienio 2024-2025 como una etapa de escalada: más herramientas legales para usar la fuerza y más víctimas, sobre todo entre jóvenes.
Las normas que corren el límite
El capítulo dedicado al uso de armas (letales o no letales) recorre un hilo de decisiones administrativas que, según el CORREPI, fueron habilitando un contexto de mayor violencia policial. se cita, entre otras, la Resolución 956/2018 —cuestionada por permitir disparar incluso contra personas desarmadas—; la 395/2019, que autorizó las pistolas Taser; y la 598/2019, que creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores. En la misma secuencia aparecen la 845/2019 (con programas como “Ofensores de trenes”), la 923/2019 (Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal) y la 125/2023, que refuerza esas pautas. El informe advierte que la incorporación de este tipo de criterios al Código Penal podría aumentar los fusilamientos y dejar impunes a los responsables.
Muertes bajo custodia: el dato que crece con el encierro
En el informe de CORREPI, las muertes en cárceles y comisarías aparecen como la modalidad más frecuente. El informe señala que muchas quedan registradas —o directamente encubiertas— como suicidios, o se explican por tormentos y condiciones de detención. La población penitenciaria pasó de 34.000 personas en 2001 a 121.443 en 2024, mientras que la tasa de encarcelamiento alcanzó ese año 258 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto del que se tenga registro. A eso se suma una población detenida en dependencias no carcelarias que ronda las 13.287 personas.
Según el documento, el crecimiento no fue lineal: se estima un aumento promedio del 6% anual, con picos del 11% en 2017 y 2018. La lectura de CORREPI vincula esa tendencia con un endurecimiento de la política penal desde 2004, profundizado por la ley de Flagrancia (2016) y por reformas a la ley de ejecución penal (2017), que incrementaron las condenas inmediatas y restringieron beneficios. En ese escenario, la sobrepoblación carcelaria y el uso extendido de la prisión preventiva son señalados como factores que empujan las muertes intramuros.
El arma fuera de horario: la letalidad del “estado policial”
Otro dato atraviesa el informe: el 66% de las muertes en situaciones de violencia policial ocurre con armas reglamentarias usadas fuera de servicio, es decir, en momentos y escenarios ajenos a tareas laborales. CORREPI lo conecta con la vigencia del “estado policial”, que habilita a portar el arma más allá del horario, y con una práctica extendida: muchos agentes se la llevan a su casa, elevando el riesgo de un uso letal en conflictos cotidianos.
En la comparación entre fuerzas, el trabajo afirma que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es “la más letal”, con 195 muertes desde 2017, y la contrasta con las 630 registradas para la Policía Bonaerense. También subraya que, pese a contar con menos efectivos (27.000 frente a 100.000), la Policía de la Ciudad presenta una tasa de letalidad superior y que la mayoría de los fusilamientos de gatillo fácil en CABA se cometieron con agentes fuera de servicio y con armas reglamentarias. (En la serie estadística incluida en el texto base aparece una relación de muertes por cada 100.000 efectivos de 158,7 para la Bonaerense y 158,7 para la Policía de la Ciudad).
Quiénes son las víctimas: juventud, género y violencia
La foto que propone CORREPI se repite año tras año: las principales víctimas de la violencia estatal son varones jóvenes. El informe ubica el mayor impacto entre los 15 y 25 años (40% del total), seguido por el grupo de 26 a 35 (28%). Por debajo aparecen los menores de 14 (5%) y quienes tienen entre 36 y 45 (17%). En esa lectura, los debates sobre bajar la edad de punibilidad y el retroceso de políticas de protección agrandan la vulnerabilidad juvenil; y, a la vez, la organización remarca que la mayoría de los asesinatos de gatillo fácil corresponden a varones adolescentes.
El documento incorpora además un recorte sobre violencia machista: en los últimos 25 meses, consigna 856 femicidios, travesticidios y transfemicidios, y afirma que 494 de esos hechos fueron cometidos por fuerzas de seguridad. En el tramo que atribuye a la gestión de Javier Milei, se registran 38 femicidios y transfemicidios en 25 meses.
El archivo, la memoria y la calle
CORREPI sostiene un archivo de casos para mostrar la sistematicidad de la represión en democracia: reúne información desde 1983 y clasifica muertes vinculadas a políticas represivas en enfrentamientos, detenciones, movilizaciones y violencia intrafamiliar. La organización afirma que ese registro se construye con aportes de familiares, coberturas periodísticas, organizaciones y datos de organismos oficiales.
En esta cronología, la Plaza de Mayo funciona como termómetro: desde 1996, el archivo documentó más de 262 casos en ese escenario. La represión se vincula con la desigualdad social y con la protección de intereses económicos, concluye CORREPI y hace un llamado a la organización popular, memoria colectiva y a una agenda concreta, entre ellas la prohibición del uso de armas fuera de servicio como medida para reducir la violencia policial.