Protocolo antipiquetes: La fiscalía dictaminó en contra del Gobierno
El debate sobre la validez del “protocolo antipiquetes” sumó un nuevo capítulo ante la justicia. En el día de hoy, el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que debe rechazarse la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y mantenerse firme la sentencia de primera instancia que declaró nula la resolución del Ministerio de Seguridad impulsada por Patricia Bullrich.
La causa fue iniciada por un amplio colectivo de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, Sipreba, ATE, ANDHES, el Polo Obrero, el FOL y la Confederación Indígena Neuquina, entre otras. Según informó el CELS en un comunicado, el objetivo de la demanda fue cuestionar un protocolo que “habilitaba intervenciones policiales automáticas y desproporcionadas frente a manifestaciones públicas”.
En la presentación, Cuesta sostiene que el derecho a la protesta constituye una garantía constitucional de ejercicio legítimo, que debe ser ponderada adecuadamente cuando entra en tensión con otros derechos, como el de la libre circulación. Para el fiscal, el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación caso por caso que permita compatibilizar ambos intereses sin anular ni vaciar de contenido derechos como la reunión, la expresión y la protesta social, que gozan de una tutela reforzada en el sistema constitucional argentino.
El dictamen cuestiona que el protocolo imponga una intervención policial automática ante cualquier afectación del tránsito, sin considerar las circunstancias concretas ni el carácter legítimo de la manifestación. Esa previsión —señala— resulta incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de restricciones a derechos fundamentales.
La causa se inició a fines de 2023, cuando diversas organizaciones presentaron una acción judicial para poner freno a la aplicación del protocolo. En primera instancia, el juzgado contencioso administrativo federal declaró nula la resolución del Ministerio de Seguridad por considerar que excedía las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo y vulneraba derechos constitucionales. El Gobierno apeló esa decisión, lo que elevó el expediente a la Cámara Contencioso-Administrativa. Con el dictamen de Cuesta, la instancia recursiva queda lista para que los jueces confirmen o revoquen la sentencia.
La resolución de la Cámara es clave para determinar el futuro del protocolo y, más ampliamente, para fijar límites judiciales a políticas de seguridad que, bajo el argumento del “orden público”, pueden implicar restricciones significativas a derechos esenciales para la vida democrática. Mientras tanto, las organizaciones que impulsaron la demanda celebraron el dictamen fiscal. El CELS sostuvo que se trata de “un paso importante en la defensa del derecho a la protesta y en el control judicial de medidas que buscan criminalizar la participación social”.