En Argentina peligra la Libertad de Prensa
En Argentina crecen las denuncias por hostigamiento oficial hacia trabajadoras y trabajadores de prensa, en la misma medida en que se acrecienta el deterioro de la libertad de prensa desde que Javier Milei asumió la gestión del gobierno nacional.
La relación entre el gobierno de Javier Milei y el periodismo atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el retorno democrático de 1983. Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión, sindicatos de prensa y medios nacionales e internacionales coinciden en señalar un aumento de las agresiones verbales, de las campañas de estigmatización y de las restricciones al trabajo periodístico desde la llegada del líder libertario al poder en diciembre de 2023.
El último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierte que “las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei contra los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder”. La organización también señala que las políticas oficiales profundizaron problemas estructurales previos, como la concentración mediática, la precarización laboral y la opacidad en la propiedad de los medios. Argentina cayó del puesto 66 al 87 en el ranking mundial de libertad de prensa de RSF en 2025 y descendió nuevamente al puesto 98 en la edición 2026.
Concentración mediática y cierre de Télam
Según indica el informe de Reporteros Sin Fronteras, el ecosistema informativo argentino continúa fuertemente concentrado. El Grupo Clarín mantiene una posición dominante en televisión por cable, telecomunicaciones, internet y prensa gráfica, mientras que conglomerados como La Nación, América, Indalo, Telefe, Octubre y grandes plataformas digitales como Infobae conservan una fuerte influencia en la agenda pública. Según RSF, el pluralismo informativo se encuentra condicionado por déficits en las políticas públicas y por la dependencia económica de muchos medios respecto de la publicidad estatal y privada.
Uno de los casos más significativos fue el cierre operativo de Télam en 2024; la principal agencia pública de noticias del país, fundada en abril de 1945 con el objetivo de romper con el monopolio y la hegemonía informativa que ejercían las agencias de noticias estadounidenses United Press International (UPI) y Associated Press (AP). La decisión del presidente Javier Milei, que ordenó su cierre y reconversión, provocó críticas de organismos nacionales e internacionales, que advirtieron sobre el impacto negativo en el acceso federal a la información, especialmente en provincias y localidades donde la agencia ejercía un rol central en la distribución informativa. RSF calificó el cierre como “un duro golpe para el derecho a la información”.
Discursos hostiles y campañas contra periodistas
Desde el inicio de su mandato, Milei mantuvo una confrontación permanente con periodistas y medios críticos. A través de discursos públicos y publicaciones en redes sociales, el presidente calificó reiteradamente a periodistas de “basura”, “babuinos” o “prostitutas de los políticos”, además de afirmar en distintas ocasiones que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”.
RSF denunció que durante 2025 el mandatario intensificó el hostigamiento digital contra trabajadores y trabajadoras de prensa. Uno de los casos más resonantes fue la campaña contra la periodista Julia Mengolini, directora de Futurock. Según la organización, Milei publicó 93 mensajes en 48 horas vinculados a la comunicadora, en un contexto en el que circularon amenazas, ataques sexuales y deepfakes pornográficos.
El clima de polarización política y el auge de discursos de odio también repercutieron en redes sociales, donde periodistas de distintas líneas editoriales denuncian campañas coordinadas de acoso, amenazas y estigmatización. Organizaciones profesionales sostienen que este escenario deteriora las condiciones para el ejercicio libre del periodismo y alimenta la autocensura.
Restricciones en Casa Rosada y acceso a la información
En paralelo al discurso confrontativo, el gobierno mileísta implementó medidas cuestionadas por entidades periodísticas a causa de sus efectos sobre el acceso a la información pública.
Durante 2025 y 2026 crecieron las restricciones para periodistas acreditados en Casa Rosada. Entre las medidas más criticadas estuvieron los nuevos controles sobre acreditaciones, limitaciones de acceso a conferencias de prensa y la posibilidad de silenciar micrófonos durante preguntas a funcionarios.
En abril de 2026, el Ejecutivo bloqueó temporalmente el ingreso de periodistas acreditados a la sede gubernamental tras acusaciones de “espionaje ilegal” contra reporteros de televisión. La decisión fue cuestionada por organizaciones de prensa y asociaciones internacionales, que la consideraron un antecedente grave para la libertad informativa.
Además, distintas entidades denunciaron una creciente opacidad estatal y una reducción del acceso a datos públicos. Los organismos reguladores vinculados a telecomunicaciones, diversidad mediática y defensa de audiencias fueron debilitados o desmantelados durante la actual gestión, según denuncias de especialistas y organizaciones del sector.
Un deterioro económico y laboral persistente
El deterioro económico del sector es otro de los factores señalados por analistas y organizaciones internacionales. La crisis de los medios tradicionales, la caída de los ingresos publicitarios y la precarización laboral afectaron especialmente a las y los periodistas freelance y a los medios locales de gestión comunitaria.
RSF sostiene que los medios más poderosos continúan vinculados a conglomerados con intereses en sectores estratégicos como telecomunicaciones, petróleo y construcción, mientras el Estado mantiene un rol “opaco” mediante publicidad oficial, exenciones fiscales y contratos públicos.
La eliminación o reducción de programas estatales destinados a fomentar medios comunitarios y públicos también generó preocupación en el sector, particularmente en provincias alejadas de Buenos Aires, donde las posibilidades de financiamiento independiente son más limitadas.
Violencia, intimidación y seguridad
Aunque Argentina no registra asesinatos de periodistas desde el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997, continúan las denuncias por intimidaciones, violencia policial y amenazas durante coberturas de protestas sociales o investigaciones sobre narcotráfico y corrupción.
RSF alertó recientemente sobre una “creciente represión a la prensa durante protestas pacíficas” y reclamó al gobierno argentino que detenga “la escalada violenta” contra las y los trabajadores de medios antes de que cause “daños irreversibles a la democracia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en 2025 una audiencia especial sobre los ataques a la libertad de expresión en Argentina, en la que organizaciones civiles denunciaron hostigamientos oficiales, vaciamiento de los medios públicos y restricciones a la cobertura periodística.
Mientras el gobierno sostiene que garantiza plenamente la libertad de expresión y acusa a sectores del periodismo de actuar con sesgo político, organismos nacionales e internacionales advierten sobre un deterioro sostenido del clima para el ejercicio del periodismo crítico en el país.