Violencia contra personas en situación de calle
por Mariane Pécora
La Ciudad de Buenos Aires amanece con la prisa de quienes empiezan su día. Pero para las personas que viven en situación de calle, la luz del amanecer no representa un alivio. Tras soportar el frío de la noche, comienza el temor ante la posibilidad —siempre presente— de convertirse en un número más dentro de una estadística que casi nadie mira. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el Registro Unificado de Violencias (RUV) contabilizó 619 hechos de violencia contra personas en situación de calle en todo el país. No es un sistema oficial ni un canal de denuncias: es, como señalan Jorgelina Di Iorio, Milena Sapey, Florencia Pelagagge, Lucia Armentano y
Milagros Falzones, autoras de este informe: “Una forma de expresar que estas vidas sí importan y que merecen ser contadas”.
Contarlas implica enfrentarse a una realidad que duele. Cada 14 horas, alguien que vive en la calle sufre un ataque, un hostigamiento, una agresión física o simbólica. La mayoría configuran hechos de violencia institucional: policías que desplazan, agentes que maltratan, funcionarios que deberían asistir, pero terminan ejerciendo violencia. En CABA, donde se concentran más de la mitad de los casos, el mapa de comunas revela zonas donde la violencia institucional es casi total. Una frase repercute como golpe seco en el informe: “Desplazamientos forzados, detenciones ilegales, hostigamiento y uso excesivo de la fuerza sistemáticos”. No se trata de la descripción de una conducta, sino de un patrón.
La violencia social —agresiones entre particulares, muchas veces motivadas por estigmatización— representa otro porcentaje significativo. Y la violencia estructural, esa que nace del frío, del hambre, de la intemperie misma, suma casi una cuarta parte de los casos. Es la que más mata. En el período analizado, 151 personas en situación de calle murieron. Casi la mitad falleció durante los meses de bajas temperaturas. El informe lo resume con una cifra que estremece: trece muertes por mes. Una vida que se apaga cada dos días y medio, sin que la mayoría siquiera lo note.
La calle es aún más peligrosa para mujeres y personas LGBTQ+. El informe dedica un apartado a estas violencias específicas y allí el lenguaje se vuelve crudo, porque no hay forma suave de nombrar lo que sucede: “cuerpo calcinado”, “asesinada y descuartizada”, “abuso sexual con acceso carnal”, “trata de personas”. Son apenas algunas de las expresiones que aparecen en los casos analizados. Para ellas, la intemperie no es solo falta de techo: es un territorio donde la violencia de género se vuelve extrema, sin refugios, sin dispositivos adecuados, sin políticas que las protejan.
El documento sostiene que estas violencias no son hechos aislados, sino que forman parte de una política bifronte: asistencia insuficiente por un lado, prácticas punitivas por el otro. En distintas provincias conviven operativos de invierno con desalojos, entrega de comida con detenciones arbitrarias, promesas de alojamiento con barreras burocráticas que expulsan. La calle se vuelve así un territorio donde el Estado aparece, pero no siempre para cuidar, sino para castigar.
A pesar de todo, el informe también habla de resistencias: organizaciones que acompañan, personas que denuncian, redes comunitarias que sostienen lo que el Estado no sostiene. Habla de una indignación que se transforma en acción colectiva, en registro, en memoria. Porque si algo deja claro el RUV es que la violencia hacia las personas en situación de calle no es un accidente: es una estructura. Y romper esa estructura empieza por mirar, por nombrar, por contar.
El 5.º Informe RUV no es solo un documento técnico. Es un llamado urgente. Es una denuncia. Es un espejo incómodo que muestra lo que preferimos no ver cuando caminamos por la ciudad. Es, sobre todo, un recordatorio: las vidas en la calle importan. Y mientras sigan siendo invisibles, la violencia seguirá siendo la norma.