Prioridades: Ganadores y perdedores del Presupuesto 2027
por Juan Pablo Costa
El proyecto de Presupuesto 2027 entró en Diputados el 15 de septiembre, y su tratamiento en comisión avanza al ritmo de la negociación de votos con gobernadores que ya juegan su propio partido de cara al año electoral. La discusión pública suele quedarse en si los números cierran. Lo que casi nunca se pregunta es cómo cierran, a costa de quién y a favor de quién.
¿Cómo funciona el mecanismo?
El primer paso es convertir el equilibrio fiscal en el único criterio de éxito. Cuando el resultado de las cuentas públicas pasa a ser el objetivo y no el instrumento, todo lo que el Estado hace queda en condición de sospecha permanente: cada escuela, cada cloaca, cada organismo tiene que justificar por qué existe, mientras que el ahorro no tiene que justificar nada. La pregunta sobre qué se deja de hacer desaparece del debate. Un gobierno que gasta menos se declara exitoso aunque no pueda mostrar una sola obra terminada.
El segundo paso es dirigir el recorte. El gasto previsto para 2027 se ubica un cuarto por debajo del de 2023, pero ese promedio esconde lo importante, porque el ajuste no cayó parejo. Las jubilaciones, que se actualizan por una fórmula establecida por ley, se mantuvieron relativamente a salvo. El derrumbe se concentró en la obra pública, la vivienda, la ciencia, la asistencia social y los organismos técnicos. Son áreas sin capacidad de defensa: no tienen un sector empresario que presione, no generan una pérdida visible el día que se recorta y sus beneficiarios rara vez se enteran de que perdieron algo hasta que necesitan el servicio que ya no está. El ajuste eligió el camino de menor resistencia política.
El tercer paso es dejar que la inflación termine la tarea. El Presupuesto 2026 prometía una inflación del 10% y el propio Gobierno reconoce ahora que el año cerrará cerca del 30%. Todo lo que no se actualiza de manera automática pierde esa diferencia sin que nadie firme un recorte. El desvío de las pautas no es impericia técnica: es margen de maniobra. Cuanto más se subestima la inflación, más partidas quedan licuadas al final del ejercicio y más recursos sobran para reasignar por decisión administrativa.
El cuarto paso es concentrar la decisión. El proyecto reserva casi ocho billones de pesos en un programa del Tesoro que se presupuesta sin destino específico y se reparte durante el año a criterio del Ejecutivo. En paralelo, deroga la movilidad automática de las asignaciones familiares y de la AUH, que hoy se ajustan por la misma fórmula que las jubilaciones. Es el tercer intento consecutivo, después de los rechazos en los presupuestos 2025 y 2026. Cada indexación que se elimina convierte un derecho en una decisión discrecional, y cada decisión discrecional se toma sin pasar por el Congreso.
El quinto paso es el más duradero: renunciar a los recursos futuros. Las exenciones que se otorgan hoy a las grandes inversiones tienen treinta años de garantía. Aunque cambie el Gobierno, aunque cambie el Congreso, aunque cambie el humor social, esos recursos ya no van a estar disponibles. El ajuste deja de ser una política coyuntural y pasa a ser estructural.
Los que ganan
Los acreedores cobran primero, y con amplitud. Los intereses de la deuda se llevan una vez y media lo que el Estado nacional destina a educar y más de noventa veces lo que destina a vivienda y agua potable juntas. El Tesoro queda además autorizado a emitir deuda en moneda extranjera por bastante más de lo que vence el año próximo, y se libera de la obligación de constituir el Fondo Anticíclico, de modo que lo que se recaude por privatizaciones y concesiones queda disponible sin destino atado. El superávit que el Gobierno exhibe como prueba de éxito, además, descansa en buena medida en la capitalización de intereses de los títulos en pesos: el propio Fondo Monetario observó que, de contabilizarse como corresponde, las cuentas de 2025 habrían cerrado en rojo. El equilibrio fiscal tan defendido es, en gran parte, un ejercicio de creatividad contable.
El segundo grupo de beneficiarios está en el subsuelo. Los veintitrés proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —cobre, litio, petróleo y gas, en su enorme mayoría destinados a salir del país sin ningún procesamiento— tributan Ganancias a una alícuota reducida, cancelan el IVA con certificados de crédito fiscal, quedan liberados de aranceles de importación y de derechos de exportación a partir del tercer año, disponen libremente de las divisas que generan y tienen todo eso garantizado por treinta años. El costo fiscal de ese paquete no aparece en ninguna planilla del presupuesto, con el argumento de que los proyectos están en etapas iniciales. Estimado, a partir de las inversiones ya comprometidas, ronda los 3.000 millones de dólares por año: cerca de medio punto del producto y más que todo el gasto tributario de los regímenes de promoción que el Gobierno sí informa. Se recorta hasta el último peso en programas que se someten al escrutinio del Congreso, y se entrega sin cuantificar lo que se le perdona a las mineras y petroleras.
La lista se completa con las exenciones que el proyecto crea para los concesionarios viales, que ya operan bajo un régimen favorable, y con la reducción de Bienes Personales. La contracara está en la estructura tributaria: lo que más crece es la recaudación del impuesto a los combustibles y la de Ganancias sobre los salarios. Paga más el surtidor, paga más el recibo de sueldo, paga menos el patrimonio.
Los que pierden
La vivienda es el caso testigo, porque muestra el retiro completo del Estado de un área donde el mercado no va a entrar. Antes del presupuesto vinieron los decretos que disolvieron el fondo del PROCREAR, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, la secretaría del área y el Fondo de Integración Socio Urbana. El proyecto 2027 completa el movimiento: los programas de hábitat pierden el 99% de lo que tenían en 2023 y ningún fondo habitacional figura ya en las planillas. En 2023 se terminaron casi cincuenta mil viviendas entre los programas de hábitat y el PROCREAR; para 2027 el programa de hábitat no fija ninguna meta y el de consolidación urbana prevé exactamente tres obras, las tres penitenciarias. Nadie va a construir viviendas populares ni a llevar cloacas a un barrio sin rentabilidad. Esa política simplemente se cancela.
El segundo golpe recae sobre las personas con discapacidad. El proyecto desarma la ley de emergencia que el Congreso sancionó el año pasado: reaparece la pensión por invalidez laboral, que exige estar imposibilitado de trabajar y resulta incompatible con cualquier empleo registrado, cuando hoy se puede cobrar con ingresos de hasta dos salarios mínimos. El nomenclador de prestaciones deja de tener valores universales y cada obra social, prepaga o provincia fijará los propios. Además, se elimina la prohibición de financiar esas prestaciones sacándole fondos a otras partidas sociales. El ajuste dentro del ajuste.
El mismo desconocimiento de lo que vota el Congreso se repite con las universidades. El proyecto ignora la ley de financiamiento universitario, sancionada en 2025 y nunca aplicada, y mantiene el desfinanciamiento tal como está hoy: salarios docentes que siguen casi un tercio por debajo de 2023, becas atrasadas y la infraestructura y la ciencia universitaria en caída libre.
Detrás vienen los jubilados que cobran la mínima, cuyo bono se hunde más de un 60%; los programas de empleo, que pierden casi la totalidad de sus recursos; la Tarjeta Alimentar; y los organismos que sostienen la capacidad productiva del país.
El último perdedor es el país entero en su inserción internacional. El presupuesto recorta casi un 70% de los fondos destinados a fortalecer el Mercosur y más de la mitad de las cuotas a organismos internacionales. Un Estado que desfinancia su bloque regional, se repliega de los foros multilaterales, entrega su subsuelo con exenciones a treinta años y paga más intereses de los que puede afrontar sin ajustar no está atravesando una emergencia fiscal. Está eligiendo un lugar en la división internacional del trabajo: proveedor de materias primas baratas, mercado abierto y pagador puntual, alineado con un Washington que ya demostró cuánto cuesta cada gesto de respaldo.
Octubre en el Congreso
El debate presupuestario no es una discusión de planillas. El Gobierno necesita los votos de gobernadores que están en fuga y de bloques que se rearman, y la oposición ya mostró que puede imponer agenda en el recinto. La movilidad de las asignaciones se cayó dos veces por votación, no por convicción del Ejecutivo, y puede volver a caerse.
Pero frenar artículos es apenas la mitad de la tarea. Un presupuesto sin vivienda, sin obra pública, sin ciencia y sin integración regional no se corrige con enmiendas. La alternativa exige volver a poner en discusión que el desarrollo necesita un Estado que planifique, que los recursos naturales valen más elaborados que crudos, que la integración con la región es una política económica antes que un gesto diplomático, y que una deuda que se paga con educación y cloacas termina siendo impagable de todos modos. Esa discusión no empieza en octubre en el Congreso. Empieza cuando una mayoría vuelve a discutir qué se hace con lo que el país produce y quién se lo queda.