La mirada bajo fuego: prensa, violencia y resistencia democrática

por Mariane Pécora

Hay momentos en que la sociedad parece caminar sobre un terreno pantanoso. Instantes en los que el suelo común se vuelve incierto y aquello que permanecía oculto irrumpe de pronto. La tarde del 15 de octubre de 2026 fue uno de esos momentos. No por la protesta universitaria —parte de la vida democrática, del reclamo legítimo y del derecho a disentir—, sino por la violencia policial que, nuevamente, se desplegó sobre los cuerpos de quienes estaban allí. Y particularmente contra las y los trabajadores de prensa, que no puede explicarse como accidente ni como exceso, sino como un patrón que regresa con inquietante precisión. 

Desde diciembre de 2023, más de 300 periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa han resultado heridos en manifestaciones. Trescientos: una cifra que debería bastar para encender todas las alarmas institucionales. Detrás de este número quedan marcas indelebles en el cuerpo, ojos lacerados, ardor en la piel, cámaras rotas y equipos de trabajo destruidos, pero también temor y rabia. Mucha rabia. Frente a cada denuncia, la respuesta oficial oscila entre la indiferencia y la negación, como si agredir a un reportero gráfico o a un trabajador de prensa fuese un daño menor, un efecto colateral, la inevitable consecuencia de un operativo represivo. No lo es. Y nadie debería fingir demencia ante estos hechos. 

Lo que sucede no parece casual, azaroso ni atribuible a un mero error táctico. La violencia contra periodistas opera como una forma de control: busca moldear el relato público y borrar la evidencia antes de que quede expuesta. Una represión sin testigos es más fácil de dibujar; un operativo sin fotografías, más fácil de negar; un abuso sin registro puede presentarse como algo que nunca ocurrió. Por eso las fuerzas de seguridad disparan contra las cámaras, golpean a los fotógrafos y gasean a los cronistas. No se trata solo de dispersar una protesta, sino de controlar la mirada: decidir qué se puede ver, qué queda registrado y qué se pierde entre el humo y los gritos. 

La prensa se convierte en blanco porque su oficio incomoda: revela lo que algunos preferirían conservar en la penumbra. Una cámara, un micrófono o un audio pueden desmontar discursos oficiales, preservar pruebas y exponer responsabilidades. Cuando el poder teme a la mirada, intenta cegarla. 

La tarde del 15 de octubre lo dejó claro. Una periodista recibió nueve balazos de goma en la espalda; dos perdigones quedaron incrustados en su cuerpo. Un reportero gráfico fue apuntado al pecho a pocos metros, y la secuencia quedó registrada en sus propias fotos. Un fotógrafo freelance recibió gas pimienta en los ojos. Otros recibieron bastonazos, golpes en la cabeza, disparos a quemarropa. Equipos de C5N y LN+ fueron agredidos. Una decena de trabajadores terminó gaseada. No se trató de “incidentes”. Se trató de un mensaje: no queremos que estés acá. Y más brutal aún: si insistís, te vamos a lastimar. 

Las consecuencias no son únicamente físicas, también son emocionales, laborales y vitales. Hay trabajadores que ya no pueden cubrir la calle sin miedo; la mayoría se ve obligada a llevar cascos, chalecos y máscaras antigás como si el espacio público se hubiera transformado en un territorio de guerra. Muchos, aun así, regresan. Saben que si ellos no registran lo que ocurre, quizá nadie lo haga. Esa persistencia es, por sí misma, una forma de resistencia. 

Pero esta historia no empieza ni termina en una tarde de octubre. En 2025, cuando el deterioro de la libertad de expresión ya es inocultable, SiPreBA y FATPREN —junto a Amnistía Internacional, CELS, ARGRA, FOPEA y más de veinte organizaciones— llevaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia se celebró el 19 de noviembre  en la Universidad de Miami, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo. Allí, Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA, dijo algo que sintetiza todo lo que venimos viviendo: “Uno de los ejes de las políticas del gobierno de Milei es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo”. Afirmó, también, que eso es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa, y al derecho a la información. Que la violencia física, la violencia digital, la judicialización abusiva, la estigmatización pública y la represión en manifestaciones forman parte de una misma estrategia. 

La denuncia incluyó no sólo los ataques en la calle, sino también la reducción del rol de los medios públicos, el intento de cierre de la Agencia Télam, la intervención prolongada del ENACOM, la paralización de los fondos FOMECA y el vaciamiento de la Defensoría del Público. Medidas que afectan la pluralidad informativa, la diversidad de voces y configuran un paisaje donde la libertad de expresión se vuelve cada vez más estrecha, más frágil, más vulnerable. 

La CIDH ya había advertido sobre la baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica y sobre un ambiente cada vez más hostil para el debate público. La audiencia fue, en ese sentido, un grito colectivo: Argentina debe dar explicaciones. Y, sobre todo, debe garantizar que la prensa pueda trabajar sin miedo. 

Sin embargo, la represión del 15 de octubre de 2026 recuerda que la lucha continúa: la violencia no se detuvo, el patrón persiste y la herida permanece abierta. 

Entonces emerge la pregunta que atraviesa todo el texto: ¿qué democracia puede sostenerse si quienes registran la realidad son atacados por hacerlo? La violencia contra periodistas no hiere solamente los cuerpos; hiere la posibilidad de saber, la memoria colectiva y la vida democrática. Sin una prensa libre no hay debate público, control ciudadano ni transparencia. Sin una prensa libre, la democracia corre el riesgo de convertirse en una fachada. 

Y, pese a todo, la prensa persiste. Con cámaras abolladas, ojos irritados y cicatrices recientes, permanece. Tal vez la verdadera resistencia consista en eso: seguir mirando cuando otros exigen que desviemos la vista; seguir registrando lo que duele; seguir contando lo que ocurre, incluso cuando contarlo se vuelve peligroso. 

La libertad de expresión no se defiende únicamente en tribunales ni en audiencias internacionales. Se defiende en cada fotografía tomada bajo una lluvia de balas de goma, en cada crónica escrita con los ojos todavía ardidos por el gas, en cada micrófono que se enciende a pesar de las amenazas. Se defiende en la obstinación de quienes, aun heridos, vuelven a la calle. 

Porque mirar, registrar y contar —cuando el miedo pretende imponer silencio— no es solo ejercer un oficio. Es sostener la memoria. Y hoy, más que nunca, es un acto de resistencia. 

Foto de portada: profesionales de un puesto de salud atendiendo a una fotoreportera gaseada – gentileza SIPreBA