A 30 años del asesinato de José Delfín Acosta Martínez
Treinta años después de la madrugada del 5 de abril de 1996, el nombre de José Delfín Acosta Martínez vuelve a interpelar con fuerza a la Ciudad de Buenos Aires y al país entero. Este domingo 5 de abril de 2026, a las 16 horas, familiares, organizaciones afrodescendientes y colectivos antirracistas se reunirán en Parque Lezama para recordar al activista afro-uruguayo-argentino asesinado bajo custodia policial y para reafirmar una lucha que en el actual contexto sociopolítico se ha vuelto urgente.
En el audio de convocatoria, su hermano Ángel Acosta Martínez, querellante en la causa internacional, habla con la serenidad de quien lleva tres décadas sosteniendo una verdad incómoda: “Este caso es histórico porque demuestra que el racismo mata, y que el Estado debe responder por ello”, afirma.
José Delfín fue detenido sin causa en San Telmo. La policía alegó que estaba ebrio; testigos y peritajes posteriores demostraron que no lo estaba. Fue trasladado a una comisaría donde fue vejado y golpeado salvajemente. Y su muerte se produjo cuando era trasladado a un hospital. La versión oficial cambió varias veces: primero dijeron que había sufrido un ataque epiléptico —pese a que no tenía antecedentes—; luego dijeron que se había autolesionado. Las autopsias realizadas en Uruguay, tras la repatriación del cuerpo, confirmaron que la causa de muerte fue a causa de los golpes recibidos. El caso fue archivado dos veces en Argentina. La familia denunció amenazas, hostigamiento y un entramado de encubrimiento institucional que buscó cerrar la historia sin justicia.
El 31 de agosto de 2020, durante la pandemia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la sentencia en el caso “Acosta Martínez y otros vs. Argentina”, documento de más de 100 páginas que se convirtió en el mayor precedente para la jurisprudencia antirracista de la región. En el fallo, el Tribunal señaló que la detención y muerte de José Delfín Martínez estuvieron atravesadas por perfiles raciales, prácticas policiales discriminatorias y una investigación estatal permeada por prejuicios.
Si bien el Estado argentino reconoció su responsabilidad en este hecho, la Corte no eximió al país de cumplir con medidas de reparación, memoria y garantías de no repetición. La sentencia concluye que tanto la actuación policial como la posterior investigación estuvieron marcadas por estereotipos raciales que afectaron el acceso a la justicia y constituyeron un trato discriminatorio hacia una persona afrodescendiente”. En este sentido, la CIDH declaró al Estado argentino responsable internacionalmente por la violación del derecho a la vida (art. 4 CADH); violación del derecho a la integridad personal (arts. 5.1 y 5.2); detención ilegal y arbitraria (arts. 7.3 y 7.4); discriminación racial (art. 24) y por la violación de garantías judiciales y protección judicial (arts. 8.1 y 25).
El caso Acosta Martínez es considerado por especialistas y organizaciones afrodescendientes como el primer fallo internacional en la región que condena a un Estado por racismo estructural en el marco de la violencia policial.
La sentencia obliga a Argentina a capacitar a fuerzas de seguridad en materia de discriminación racial; implementar políticas públicas antirracistas, reconocer públicamente su responsabilidad, garantizar la memoria de José Delfín Acosta Martínez.
A 30 años, la familia Acosta Martínez insiste en que la memoria no es un acto simbólico, sino una herramienta política. “La lucha contra el racismo sistémico, estructural e institucional requiere del compromiso de toda la sociedad”, repiten las organizaciones convocantes. El acto en Parque Lezama se convertirá en un espacio para denunciar que la violencia policial racista aún persiste y exigir el efectivo cumplimiento de la sentencia de la CIDH.