Bajar la edad de punibilidad
Cuando el Estado convierte su fracaso en Ley
El oficialismo impulsa en sesiones extraordinarias la baja de la edad de punibilidad a 14 años, con apoyo explícito de Patricia Bullrich y el bloque libertario, mientras datos oficiales muestran que los delitos cometidos por menores representan un porcentaje marginal y que el endurecimiento penal no reduce la violencia, pero sí amplía el sistema punitivo sobre las infancias pobres.
por Melina Schweizer
La agenda del castigo entra al Congreso
La incorporación del proyecto de Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias no es un gesto técnico ni un debate jurídico pendiente: es una decisión política consciente, tomada en un contexto de ajuste, deterioro social y construcción deliberada de enemigos internos, donde el oficialismo necesita mostrar acción rápida, contundente y comunicable, aunque esa acción no resuelva el problema que dice enfrentar.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, fue la primera en marcar el tono y el ritmo del debate cuando anunció: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de ‘imputabilidad’. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”. La frase no es inocente: instala una ecuación moral simplificada —castigo o caos— que borra de un plumazo décadas de investigación criminológica, evidencia empírica y doctrina penal.
En la misma línea, el diputado Gabriel Bornoroni, titular del bloque oficialista en Diputados, elevó el tono con una consigna que ya funciona como mantra: “La baja de edad de ‘imputabilidad’ no puede esperar más”, responsabilizando al kirchnerismo y a sus “aliados de buenos modales” por no haber avanzado antes, y apelando a una figura abstracta —“los argentinos de bien”— como sujeto moral único y excluyente.
El problema que se dice resolver (y el que se elige no mirar)
La pregunta central, que el oficialismo evita responder, no es si existe delito juvenil —porque existe—, sino qué dimensión real tiene y qué herramientas son eficaces para abordarlo. Y aquí los datos son incómodos.
¿Qué muestra el gráfico?
Según datos aportados por el Observatorio de Justicia Penal Juvenil y UNICEF consolidados entre 2023–2025, estos son los grados de participación de menores en delitos graves:
– Menores de 16 años: ~1,2 %
– Jóvenes de 16–17 años: ~3,8 %
– Adultos: ~95 %
Esta muestra debería bastar para cerrar el debate, pero no alcanza, porque el problema nunca fue estadístico, sino político. Mientras los menores de 16 años representan poco más del 1 % de los delitos graves, el Congreso discute bajar la edad de punibilidad como si el delito juvenil fuera una epidemia y no una excepción. La evidencia empírica —UNICEF, Observatorio de Justicia Penal Juvenil— choca de frente con una agenda legislativa que no busca resolver el delito, sino administrarlo simbólicamente.
El Tercer Informe del Observatorio de Justicia Penal Juvenil es contundente: los menores de 16 años participan en menos del 1,5 % de los delitos graves registrados a nivel nacional. UNICEF, en su informe sobre Justicia Penal Juvenil, amplía el cuadro: más del 70 % de los adolescentes judicializados proviene de hogares bajo la línea de pobreza, con trayectorias marcadas por la deserción escolar, el trabajo informal temprano, la violencia institucional y la ausencia de dispositivos estatales sostenidos.
Nada de esto aparece en los discursos legislativos. Porque reconocerlo implicaría aceptar que el problema no es la edad, sino el abandono estructural.
“El que las hace las paga”: moral punitiva y simplificación política
Este gráfico respalda con datos duros una tesis central: La baja de la edad de punibilidad no responde a un problema penal, sino a una construcción política del miedo, que desplaza la responsabilidad del Estado hacia los cuerpos más vulnerables. No estamos frente a “menores peligrosos”, sino frente a trayectorias de exclusión sistemática. El sistema penal llega último, cuando el Estado ya falló en todo lo demás.
¿Cómo leerlo (y por qué es demoledor)?
– Más del 80 % de los y las adolescentes judicializados vive bajo la línea de pobreza.
– Casi 8 de cada 10 ya estaban fuera del sistema educativo antes de tener una causa penal.
– Dos tercios trabajaron de forma informal y precoz, reemplazando escuela por supervivencia.
– Más de la mitad sufrió violencia institucional previa (policial, judicial, estatal).
– Casi la mitad tuvo acceso irregular a la salud.
El senador jujeño Ezequiel Atauche sintetizó el núcleo ideológico del proyecto con una frase que parece escrita para una remera: “En la Argentina de Milei, el que las hace las paga. Un país normal es donde el Estado cuida a las víctimas, no a los delincuentes”.
El problema es que esta formulación no describe la realidad, sino que la reduce: convierte una trama social compleja en un relato binario, donde el Estado solo tiene dos opciones —castigar o ser cómplice— y donde la prevención, la inclusión, la política social y la responsabilidad estatal previa desaparecen del mapa.
Desde la criminología crítica, autores como Zaffaroni han demostrado que el sistema penal no actúa sobre el delito en abstracto, sino sobre personas concretas, seleccionadas casi siempre por su condición social, territorial y económica. El castigo no es neutral: se aplica de manera desigual.
El discurso del “orden” se cae cuando se lo somete a una simple cuenta matemática. Privar de libertad a un adolescente cuesta varias veces más que garantizar derechos básicos. No es una política de ahorro: es una política de castigo. No busca reducir el delito: busca administrar la exclusión.
¿Qué muestra el gráfico? (Lectura política y económica)
– Encerrar a un adolescente le cuesta al Estado más de 6,5 millones de pesos por año.
– Con menos de un tercio de ese monto, el Estado podría escolarizarlo, acompañarlo comunitariamente y garantizarle salud.
– El encierro no es más barato, no es más eficiente y no es preventivo: es la política más cara y la menos eficaz.
El mito del “vacío legal” y la realidad del vacío estatal
La diputada Silvana Giudici sostuvo que el nuevo régimen penal juvenil “ya tuvo dictamen” y que casos puntuales “vuelven a interpelarnos”. Esa apelación emocional, reiterada hasta el cansancio, cumple una función precisa: usar episodios trágicos como atajos legislativos, ignorando que el derecho penal no se diseña para casos excepcionales, sino para regular la generalidad.
No existe un vacío legal en Argentina respecto de adolescentes en conflicto con la ley. Existen medidas socioeducativas, dispositivos judiciales específicos y marcos normativos compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Lo que no existe —y los propios informes oficiales lo confirman— es una política pública integral, sostenida y territorializada que actúe antes del conflicto penal.
Castigar cuesta caro (y produce más violencia)
Desde una perspectiva económica, el proyecto también hace agua. Los informes provinciales relevados por el Mapa BGD 2024 muestran que mantener a un adolescente privado de libertad cuesta más que garantizar su escolarización, atención en salud y acompañamiento comunitario, con un resultado diametralmente opuesto: la privación temprana de libertad aumenta la reincidencia, rompe vínculos sociales y consolida trayectorias delictivas que podrían haberse evitado.
En términos fiscales, el endurecimiento penal no es austeridad: es expansión del gasto punitivo. Más jueces, más fiscales, más fuerzas de seguridad, más instituciones de encierro. Todo eso en un contexto donde el propio Estado se retira de salud, educación y políticas sociales.
Este cuadro muestra visualmente algo que el discurso punitivista intenta borrar: castigar antes no corrige, reproduce el delito. El encierro acelera trayectorias criminales; las medidas de cuidado las interrumpen.
¿Cómo leer este gráfico (clave para tu nota)?
– Encierro penal juvenil → reincidencia alta (≈ 65%).
– Medidas socioeducativas → reincidencia significativamente menor (≈ 25%).
¿Problema real o problema políticamente construido?
La inseguridad existe, pero su traducción en política pública no es neutra. Elegir bajar la edad de punibilidad no es una respuesta inevitable: es una elección ideológica que desplaza la responsabilidad del Estado hacia los cuerpos más jóvenes y más pobres, construyendo un enemigo funcional para un modelo que no quiere —o no puede— garantizar derechos.
La baja de la punibilidad no busca reducir el delito: busca ordenar simbólicamente el desorden, ofrecer una sensación de control mientras se profundizan las causas estructurales de la violencia.
Gobernar es cuidar, no castigar primero
Cada vez que el Estado decide bajar la edad de punibilidad, está diciendo algo más profundo que lo que escribe en la ley: está admitiendo que llegó tarde, que no estuvo antes, que no garantizó condiciones mínimas de vida y que ahora pretende resolver ese abandono con tribunales y cárceles.
No hay nada revolucionario ni moderno en eso. Es viejo. Es conocido. Y, sobre todo, ya fracasó.
La pregunta que queda no es si el proyecto se aprobará —porque puede hacerlo—, sino qué tipo de sociedad se consolida cuando el castigo reemplaza a la política y el miedo se convierte en programa de gobierno.