Denuncian irregularidades en el PAMI

Un contrato millonario que involucra al entorno de Caputo

La empresa alemana Linde cuestionó una licitación del PAMI por $27.000 millones. Apunta a una empresa sin producción propia que habría falseado certificados. El caso expone el negocio del oxígeno medicinal y vínculos con el poder.

por Melina Schweizer

Salud pública, negocios privados y fallas en la licitación
La denuncia de Linde no es menor: se trata de uno de los contratos más sensibles del sistema de salud, el suministro de oxígeno medicinal para afiliados del PAMI, muchos de ellos pacientes crónicos. El volumen —más de $27.000 millones— ubica la licitación en el centro de un mercado altamente concentrado y estratégico.
El punto crítico es la adjudicación a una empresa que, según la denuncia, no produce oxígeno, sino que lo compra a terceros. En un sector donde la trazabilidad y la capacidad técnica son centrales —por tratarse de un insumo médico crítico—, la supuesta presentación de certificados irregulares no es un detalle administrativo: afecta la integridad del proceso.
En sistemas de salud, la provisión de oxígeno requiere estándares estrictos de calidad, logística y respaldo industrial. No es lo mismo producir que intermediar. Esa diferencia define: costos, seguridad y capacidad de respuesta.

¿Quién controla el oxígeno en Argentina?
El negocio del oxígeno medicinal en Argentina está dominado por un puñado de empresas globales: Linde (tras absorber a Praxair en 2018), Air Liquide, Indura y algunos actores locales. Es un mercado con altas barreras de entrada: requiere plantas de producción, infraestructura de distribución y certificaciones sanitarias.
Ejemplo: La producción de oxígeno medicinal implica procesos industriales complejos y regulados por ANMAT. No es un rubro donde nuevas empresas ingresan fácilmente. Por eso, cuando aparece un actor sin capacidad productiva que accede a un contrato de esta magnitud, el equilibrio del sector se altera.
La denuncia de Linde, en ese contexto, no sólo es jurídica. Es también económica: cuestiona una asignación que rompe las reglas implícitas del mercado.

La denuncia de Linde no define por sí sola una irregularidad comprobada. Pero sí abre una investigación que impacta a nivel sanitario, porque involucra la provisión de un insumo vital; en lo económico, por la distorsión del mercado; y en lo político, por los vínculos expuestos. En un sistema de salud tensionado por recursos cada vez más limitados y altos costos, cada contrato es una decisión que define quién gana, quién pierde y cómo se distribuye el dinero público. El problema no radica en quién provee el oxígeno, sino bajo qué reglas se toman este tipo de decisiones.

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