Desalojan La Casona y la librería Rosa de Luxemburgo
En el corazón de San Telmo, donde las callecitas empedradas y los frentes coloniales conviven con el vaivén turístico, se abrió ayer otra página de conflicto urbano que resuena más allá del barrio: el desalojo de la histórica librería Rosa Luxemburgo y de La Casona, un espacio cultural y habitacional donde desde hace décadas convivían más de veinte familias. La excusa oficial fue la “gravedad edilicia” del inmueble de Carlos Calvo 546; sin embargo, para las personas afectadas y las organizaciones sociales que los acompañan, se trató de una maniobra administrativa urdida al servicio del negocio inmobiliario.
La librería Rosa Luxemburgo no era solo un comercio: era un punto de encuentro, un archivo de ideas, un pulmón cultural en una zona cada vez más codiciada por desarrolladores y especuladores. La Casona, por su parte, albergaba a familias que constituyeron un tejido de convivencia que, en algunos casos, se remontaba a varias generaciones. Sus habitantes aseguran que la mayoría contaba con contratos de alquiler vigentes o con causas judiciales en trámite que, en principio, protegían su permanencia. No obstante, la medida adoptada por el gobierno porteño sorteó esas instancias: se apoyó en un peritaje de la Guardia de Auxilio que, según denuncian los afectados, “nunca se realizó” y que concluyó en un diagnóstico de riesgo de colapso inminente. Con ese dictamen en la mano, se ordenó el desalojo inmediato del edificio.
La rapidez y la forma del operativo alimentaron las sospechas. Al tratarse de una resolución administrativa, explican los damnificados, resultó prácticamente imposible frenar la medida por la vía judicial en tiempo y forma: la feria judicial limitaba las herramientas de litigio, y la supuesta urgencia técnica —el peligro de inminente derrumbe— cerró la posibilidad de recursos efectivos. En este contexto, las familias y las organizaciones que integran las Asambleas Casa del Pueblo calificaron la acción como ilegal y denunciaron la existencia de un interés privado mayor, expresado en la presión inmobiliaria que empuja a convertir estos inmuebles en objetos de inversión.
La escena del desalojo mezcló protocolos oficiales con tensiones políticas. Los ocupantes desalojados relataron que no solo se vieron despojados de su techo y de un patrimonio cultural, sino que también percibieron una estrategia de Estado que, cuando no protege, facilita el reordenamiento del espacio urbano en favor de sectores con capacidad de compra y de maniobra. En las denuncias públicas, además, circuló la acusación de complicidad entre actores religiosos con antecedentes polémicos y la cúpula del gobierno local, señalando que detrás del pulso por el inmueble no solo hay valor comercial, sino redes de poder e influencia que trascienden la lógica administrativa.
Para quienes viven en carne propia el fenómeno de la gentrificación, este desalojo no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia que tensiona el entramado social porteño. Aquellos barrios históricos que otrora albergaron la mixtura cultural y popular se transforman, por la fuerza de inversiones privadas y las decisiones públicas, en territorios para consumo turístico y renta inmobiliaria. En San Telmo, la expulsión de la librería Rosa Luxemburgo y de las familias de La Casona suma un capítulo más a esa transición.
Quedan interrogantes por resolver: la veracidad del peritaje de la Guardia de Auxilio, la posibilidad de acceso a vías judiciales efectivas en casos de medidas administrativas urgentes y, sobre todo, el destino final del inmueble. Mientras tanto, los desalojados buscan alojamiento y contención en redes comunitarias; las organizaciones que los apoyan convocan a visibilizar lo ocurrido y a reclamar garantías para los vecinos que permanecen en la ciudad. Para muchos, la pérdida es doble: se vacía un edificio y, con él, se reduce un fragmento del paisaje colectivo que, hasta ayer, mantenía viva una esquina de memoria y lucha en San Telmo.