Desmantelar el Estado para destruir la Nación
La apuesta libertaria
por Juan Pablo Costa
Milei declaró en innumerables ocasiones su aversión por el Estado. “Soy el topo que vino a destruirlo desde adentro”, llegó a decir. Por eso, su gobierno desarrolla muchas iniciativas que tienen ese norte: la destrucción o desmantelamiento de las capacidades estatales. De seguir este camino, no sólo se comprometen las políticas asistenciales y de seguridad social, sino la capacidad misma del Estado de orientar el desarrollo nacional.
Desarticulación estatal como política pública
Uno de los ejes de la política oficial es el desmantelamiento sistemático de organismos públicos. Se eliminaron o transformaron más de 40 instituciones, desde entes vinculados a obras, a derechos humanos, a promoción productiva o investigación científica. Algunos ejemplos del recorte son: El INADI, el ENOHSA, el COPREC, el INTA, INTI, Vialidad Nacional y hasta la Casa de la Moneda.
En esta misma línea, se disolvieron más de 20 fondos fiduciarios, entre ellos los destinados a políticas de vivienda, emergencia, inclusión o promoción tecnológica, como Pro.Cre.Ar, Progresar y el Fondo para la Promoción Científica y Tecnológica.
Ninguna de esas funciones fue reemplazada por el sector privado. El supuesto “achicamiento” fue, en rigor, una amputación sin reemplazo.
Se desactivaron también capacidades estatales clave: el Archivo Nacional de la Memoria, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto de Asuntos Indígenas. Y fueron degradados, fusionados o vaciados, organismos vinculados a la cultura y la historia nacional.
Liquidación del patrimonio público
Sin duda, el sueño húmedo del Presidente y su séquito son las privatizaciones de empresas públicas. Aunque el Congreso habilitó sólo la privatización total o parcial de ocho empresas, el Ejecutivo avanzó con una estrategia mucho más amplia: poner en venta todo lo que pueda monetizarse.
Se activaron procesos de venta en ENARSA, Intercargo, Corredores Viales, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, YCRT y NASA. Y también se anunciaron las ventas, sin autorización legislativa, de Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, el Correo Argentino, las represas hidroeléctricas del Comahue e incluso empresas como IMPSA, que había sido rescatada por el Estado y es devuelta ahora al mercado a precio vil.
El caso del Banco Nación es paradigmático: sin déficit, con alta rentabilidad y liderazgo en el financiamiento productivo, fue convertido en sociedad anónima por decreto. La Justicia suspendió la medida, pero el intento revela el objetivo de debilitar al único banco con escala nacional y control estatal para allanar el camino de los privados.
En el fondo, el Gobierno no busca eficiencia ni competitividad: busca dólares. En un contexto de creciente déficit en la cuenta corriente —cuestión ya abordada en varias notas de esta misma columna—, las privatizaciones funcionan como una vía de financiamiento externo, a costa del patrimonio público y sin resolver las causas estructurales de la restricción externa.
Alfombra roja sin desarrollo
Otro de los ejes de la gestión libertaria fue la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fue presentado como la herramienta estrella para atraer inversiones externas. Se ofrecieron beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, y con cesión de soberanía a favor de tribunales internacionales. Sin embargo, el saldo hasta ahora es modesto: de los 14 proyectos presentados, sólo 5 fueron aprobados y 4 ya estaban planificados antes de la creación del RIGI. Además, casi el 60% de las inversiones previstas está explicado por la petrolera estatal YPF, cuestión que desmiente el supuesto entusiasmo privado por ingresar al régimen.
Pero, además, la pregunta no es sólo cuántos proyectos hay, sino qué dejan. ¿Cuánto empleo generan? ¿Qué impacto tienen en la industria nacional? ¿Y en materia tributaria? ¿Qué obligaciones asumen las empresas? La respuesta es: muchos beneficios para las empresas, y pocas condiciones. Se configura así un Estado impotente para desarrollar una mirada estratégica del desarrollo nacional.
Flexibilizaciones regresivas
En el plano tributario, se consolidó una orientación regresiva. Se redujeron las alícuotas de Bienes Personales, se restableció el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y se eliminó el Compre sin IVA. El resultado es alivio fiscal para los más ricos y mayor presión para los trabajadores y sectores medios.
La Ley de Bases también avanzó con una reforma laboral regresiva: se redujeron sanciones por empleo no registrado, se amplió el período de prueba y se habilitó la figura del “colaborador”. Sin embargo, los datos oficiales muestran que no hubo una mejora significativa en el empleo registrado, ni en la reducción de la informalidad.
Por el contrario, el empleo público muestra una caída de 58 mil puestos de trabajo entre noviembre 2023 y marzo 2015. Y se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo privados registrados desde noviembre 2023 a abril 2025. La idea de que flexibilizar genera trabajo se desmiente una vez más, esta vez con cifras oficiales.
Vía muerta
La nueva Ley de Concesiones —reformada junto a la Ley de Bases— fijó un régimen hecho a medida de los contratistas: contratos en moneda extranjera, sin plazos determinados, sin topes indemnizatorios y con la posibilidad de ser cedidos sin intervención estatal. Sin embargo, ni siquiera bajo estas condiciones extremas se generó un interés genuino del capital privado. Ejemplos. La licitación de la Hidrovía fue anulada tras denuncias de direccionamiento, y el ambicioso plan de la Red Federal de Concesiones continúa empantanado, sin avances en ninguna de sus etapas.
Al mismo tiempo, se paralizó prácticamente toda la obra pública nacional: el Gobierno eliminó fondos clave como el Pro.Cre.Ar, el Fondo de Vivienda Social y los fideicomisos viales, y retuvo fondos de asignación específica destinados a obras de infraestructura en rutas nacionales, lo que desató conflictos con los gobernadores y dejó a las provincias sin recursos ni autonomía para sostener obras esenciales. Para colmo, ahora busca disolver Vialidad Nacional, llevando el abandono del Estado Nacional al extremo.
El retiro del Estado dejó un vacío que el sector privado no ocupó. En un país con enormes distancias y desafíos logísticos, desatender la inversión pública en infraestructura no es sólo un problema de gestión: es una amenaza directa a la competitividad, porque el deterioro vial y la falta de conectividad encarecen el transporte, fragmentan los mercados y limitan el desarrollo regional.
No hay desarrollo sin Estado
El gobierno de Milei apuesta a un Estado cada vez más débil, un mercado desregulado y la entrega acelerada del patrimonio público. Sin embargo, esta visión ignora que el Estado no es sólo un gasto o una carga burocrática, sino el actor fundamental para diseñar, coordinar y liderar una estrategia de desarrollo nacional integral.
Un Estado fuerte es el que puede garantizar la provisión de bienes públicos esenciales, proteger derechos sociales, promover la innovación tecnológica, sostener las industrias estratégicas y equilibrar las asimetrías del mercado. Es también quien define las reglas del juego, regula para el bien común y asegura la redistribución necesaria para reducir desigualdades.
La apuesta a un Estado debilitado tiene un costo alto: la desprotección social, la concentración económica, la creciente vulnerabilidad estructural y la pérdida de soberanía frente a intereses externos.
Ante este escenario, resulta imperioso recuperar una visión estratégica que no sólo contemple el equilibrio fiscal o la atracción de inversiones, sino el desarrollo integral, la justicia social y la soberanía nacional.
Sin un Estado fuerte y activo no hay estrategia de desarrollo. Y sin estrategia de desarrollo, no hay futuro para la Nación.