El crimen político de desatender el hambre
por Melina Schweizer
Mientras 11.892 personas sobreviven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y miles más lo hacen en otras provincias, el Gobierno de Javier Milei ha decidido formalizar su retirada de la asistencia directa con el Decreto 373/2025. Con la excusa de la “eficiencia territorial”, delega en provincias empobrecidas la obligación constitucional de garantizar techo, abrigo y protección, abandonando a su suerte a quienes más lo necesitan. No se trata de una reestructuración administrativa, sino de un crimen político planificado que transforma la omisión en doctrina.
El frío como sentencia y el decreto como coartada
El decreto fue publicado en pleno invierno. Firma del presidente, ausencia de debate legislativo. Lo que deroga no es solo una política: es una obligación. De un plumazo, el Estado nacional abandona la responsabilidad directa de asistir a las personas en situación de calle, y la transfiere a provincias que ya no cuentan con recursos ni equipos. Se invoca el principio de subsidiariedad, pero se lo pervierte: en vez de ayudar cuando los niveles inferiores no pueden, se ausenta desde el inicio, naturalizando el abandono como si la muerte por frío pudiera gestionarse por código postal.
Esto no solo contradice la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía superior: traiciona el sentido básico del Estado democrático, que es proteger a los más vulnerables, no desentenderse de ellos.
¿Cómo se llega a la calle?
Nadie nace en la calle. Se llega. Empujado por la pobreza, la violencia, el desempleo, los desalojos, la salud mental desatendida, las adicciones sin tratamiento, los vínculos rotos, los sistemas ausentes. No es una elección: es el final de una cadena de exclusiones que se entrelazan.
La mayoría de las personas en situación de calle han sido expulsadas del mercado laboral, del sistema de salud o del entramado familiar. Las mujeres, personas trans, niños y adolescentes lo sufren aún más: muchas huyen de la violencia de género sin contar con refugios. A otros los echa la cárcel, el neuropsiquiátrico, el hogar institucional. En todos los casos, la calle no es solo falta de techo: es falta de red.
El Estado se corre, y la ley se vacía
La Ley 27.654, sancionada en 2021, garantizaba el derecho a la vivienda digna y obligaba al Estado nacional a actuar directamente. Inspirada en los principios de justicia social y respaldada por pactos internacionales, representaba una conquista histórica para quienes habían sido siempre postergados.
El Decreto 373/2025, sin embargo, transforma esa obligación en una sugerencia. Redefine la arquitectura institucional, despoja al Estado nacional de su rol activo, y limita su intervención a casos excepcionales. La Nación ya no debe asistir, solo recomendar. En la práctica, es la legalización del abandono.
Y lo hace en un contexto presupuestario crítico: en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para subsidios y paradores cayó un 44% en términos reales entre 2023 y 2024. Mientras tanto, uno de cada tres personas en calle sufrió violencia institucional.
¿Cuántas personas viven realmente en la calle?
Según el INDEC, en el censo de 2022, había unas 2.962 personas en situación de calle en todo el país. Pero el relevamiento ReNaCalle de 2023, realizado por organizaciones sociales en 11 ciudades, registró más de 9.400. En el mes de julio, el 3er. Censo Popular de Personas en Situación de Calle[1], impulsado por Proyecto 7 y organizaciones que trabajan esta problemática, relevó un total de 11.892 personas en situación de calle efectiva y/o alojadas temporalmente en los Centros de Integración de la CABA, frente a las 4.000 que reconoce el gobierno local. Esta cifra revela que tan solo en el territorio porteño, la población en situación de calle se incrementó un 64%.
Los datos que arrojan este relevamiento no son meramente técnicos, permiten hacer una proyección hacia el resto del país. Mientras que el subregistro permite negar el problema, reducir el presupuesto, minimizar la urgencia. Si no están en los papeles, no existen. Si no existen, no hay a quién proteger.
La falacia del federalismo y el vaciamiento del principio de subsidiariedad
El Gobierno nacional invoca el principio de subsidiariedad como justificación del decreto. Pero lo hace de forma distorsionada. Este principio, en su sentido original, exige que el Estado nacional acompañe a las jurisdicciones cuando estas no puedan garantizar derechos. Aquí, en cambio, se presenta como licencia para desaparecer.
No se transfieren recursos ni se crean mecanismos de apoyo. Solo se transfiere la carga política y social. Las provincias, desiguales entre sí, son obligadas a asumir competencias sin herramientas. Lo que se descentraliza no es la gestión: es el abandono.
El resultado es un país donde la protección depende del código postal. En algunas provincias ni siquiera existen protocolos oficiales para personas sin techo. En otras, no hay albergues, ni censos, ni presupuesto. Lo que debería ser un derecho universal se convierte en una lotería territorial.
La descentralización del abandono
El Decreto 373/2025 establece que la “responsabilidad inmediata” será de las provincias. Pero no crea un fondo federal, ni asigna partidas. Se corre el Estado nacional y deja la solución librada a la buena voluntad o a la improvisación de los gobiernos locales.
Lo que Milei descentraliza no es poder: es costo político. Invisibiliza el problema en términos nacionales para aislarlo. Fragmenta el conflicto para evitar el ruido. Si alguien muere de frío en Santiago del Estero, no será tapa de Clarín. Y eso, en este modelo, es eficiencia.
Pero la desigualdad no desaparece por decreto. La Argentina arranca con líneas de largada muy diferentes. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires existe una cierta red mínima de contención, en el norte y oeste del país no hay ni un censo confiable.
Las políticas que se caen, y las que nunca existieron
Durante los últimos años, hubo intentos parciales de abordar la emergencia habitacional. El Programa Integrar fue uno de ellos. Pensado para articular subsidios, atención social y soluciones estructurales, prometía un abordaje integral. Pero nunca fue robusto. En 2025, directamente quedó sin presupuesto.
Lo mismo pasó con muchos dispositivos de atención a la salud mental, adicciones, cuidados para la infancia, acompañamiento para personas trans. Sin partidas asignadas, se transformaron en fantasmas administrativos. Algunos colectivos evalúan judicializar el decreto, pero ya sabemos que los fallos no abrigan.
Lo más brutal no es la ausencia de políticas, sino la persistencia del relato cínico. Mientras se recortan subsidios, se invierte en embellecimiento urbano. Mientras las personas duermen en plazas, los gobiernos pintan cordones. Mientras no se ejecutan partidas para paradores, se gasta en marketing institucional.
Las palabras que también excluyen
En la Argentina del ajuste, hasta la pobreza se disputa con palabras. El discurso oficial porteño suele responsabilizar a las propias víctimas: “eligen” no dormir en paradores. Se minimizan los datos. Se culpa a las otras provincias por “mandar” sus pobres.
En contraste, las organizaciones sociales sostienen otro relato: uno que parte de los cuerpos, de las ausencias, del dolor. ReNaCalle nació porque el Estado no censaba. Proyecto 7, el CELS, ACIJ y decenas de colectivos denuncian que los censos oficiales subregistran a propósito. Lo hacen para no tener que intervenir.
También denuncian la violencia institucional. Uno de cada tres en la calle fue hostigado por fuerzas de seguridad. Se confiscan colchones, se echa a la gente de plazas, se destruyen pertenencias. El hambre, el frío y la represión como única política pública.
La calle no es una elección: es una condena social
El discurso liberal quiere convencernos de que quien duerme en la calle lo hace porque quiere. Pero las condiciones de los paradores —con horarios estrictos, reglas humillantes y falta de contención— alejan a quienes más necesitan abrigo.
No se trata solo de falta de camas. Se trata de falta de dignidad. Porque dormir bajo techo no es suficiente si te tratan como algo que sobra, estorba o entorpece. Y porque, sin voluntad política, sin derechos reales, sin políticas estructurales, la calle seguirá siendo el síntomaferoz de un país que expulsa.
El Decreto 373/2025 es la materialización de un viraje ideológico. El Estado ya no se concibe como garante de derechos, sino como árbitro lejano. Ya no promete igualdad, sino orden. Ya no protege: se retira.
Pero la calle no es solo un fenómeno urbano. Es la forma más brutal de la exclusión. Es una violación múltiple de derechos. Y no es inevitable: es política. Lo que se desmantela con este decreto no es solo una ley: es un pacto social mínimo.
Frente a eso, las organizaciones sociales siguen resistiendo. Denuncian, acompañan, relevan, alimentan, abrigan. No como gesto de caridad, sino como acto político. Porque saben que, mientras el Estado se borra, la comunidad se convierte en el último refugio.
Y porque, en definitiva, desatender el hambre —con firma, con presupuesto o con discurso— nunca es neutro: es una forma de violencia institucional. Un crimen político con responsables. Y una memoria que no se va a borrar con frío ni con olvido.
[1] El 3er Censo Popular de Personas en Situación de Calle se llevó al cabo del 26 al 28 de junio en la CABA. La coordinación, relevamiento y edición de datos estuvo a cargo de más de treinta organizaciones sociales, gremiales, políticas, religiosas y organismos defensores de derechos humanos. Los resultados, que fueron presentados el 7 de julio en la sede del Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro, demuestran que esta población crece año tras año.