El Des-Gobierno de la Ciudad: ¿Fin de ciclo?
por Juan Pablo Costa
Buenos Aires enfrenta hoy una encrucijada histórica. A pesar de ostentar el título de la ciudad con mayor capacidad recaudatoria del país –superando incluso a muchas provincias argentinas–, exhibe niveles de desigualdad inéditos en su historia reciente. Detrás del reluciente relato de «ciudad global», que se proyecta al mundo como un faro de modernidad y desarrollo, se esconde una paradoja lacerante: el mismo modelo de gestión que promueve su imagen internacional ha convertido derechos básicos –vivienda, salud, educación, transporte y espacio público– en bienes sujetos a las reglas del mercado, accesibles solo para quienes pueden pagarlos.
Paradójicamente, el distrito con mayor capacidad económica del país es también donde las desigualdades se agudizan con mayor crudeza. El acceso a servicios esenciales y a una vida digna queda condicionado, cada vez más, por el código postal de nacimiento. Esta fractura social, que divide a la ciudad entre el brillo de sus zonas más exclusivas y la penumbra de sus barrios relegados, no es producto del azar, ni una consecuencia inevitable del crecimiento urbano. Es, según se desprende del análisis de los datos y las políticas implementadas, el resultado directo de un modelo de gestión que, durante casi dos décadas, ha tratado lo público como negocio y ha transformado a los ciudadanos en meros clientes.
Las prioridades de la gestión PRO
Los datos de ejecución presupuestaria del gobierno de la Ciudad entre 2016 y 2024, analizados en profundidad por el libro «Buenos Aires en Números», realizado por un equipo del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA -el cual tuve el orgullo de coordinar-, revelan tendencias preocupantes que contrastan con la narrativa oficial de eficiencia y progreso. Mientras la recaudación porteña alcanzaba niveles récord, impulsada por un boom inmobiliario y un aumento de la presión tributaria, el presupuesto real destinado a áreas sociales clave se reducía sistemáticamente.
El sistema de salud pública, por ejemplo, enfrenta una crisis estructural que refleja y profundiza las desigualdades territoriales y sociales. A pesar de que más de 600.000 personas dependen exclusivamente de este sistema —cifra que se eleva al 45% entre los menores de 19 años en la zona sur—, la ejecución presupuestaria evidencia un desfinanciamiento progresivo, con recortes reales que alcanzan el 7,4% en 2024 respecto al año anterior y una caída acumulada que supera incluso los niveles de 2016. Esta reducción no es homogénea: mientras los hospitales de la zona norte, donde la demanda es menor, mantienen presupuestos relativamente estables, los de la zona sur —como el Penna y el Argerich, que concentran la mayor carga de atención— sufrieron recortes de hasta el 14%. Esta asimetría consolida una «ciudad dual», donde el acceso a la salud se define por el código postal. La atención primaria, pilar clave para aliviar la presión hospitalaria y garantizar cercanía a los servicios, ha sido particularmente castigada: el programa de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria perdió el 52% de su presupuesto entre 2021 y 2024, pese al aumento sostenido de consultas, que llegaron a 1,5 millones en 2023, mayoritariamente de mujeres y jóvenes.
Las escuelas públicas, por su parte, enfrentaron un deterioro edilicio sin precedentes, con recortes en la mayoría de los programas vinculados a la educación estatal. Los datos analizados muestran que el sistema educativo público, aunque sostiene a más del 52% de la matrícula total —y hasta el 60% en la zona sur—, opera en condiciones marcadas por la inequidad. Mientras que en los barrios más privilegiados solo el 38% de las familias opta por la escuela estatal, en los sectores populares esta se convierte en la principal –y en muchos casos única– opción educativa. Programas fundamentales para la equidad educativa muestran tendencias alarmantes: las becas estudiantiles sufrieron un recorte del 59% entre 2016 y 2024, mientras que los tres niveles obligatorios –inicial, primario y secundario– perdieron en conjunto el 10% de su financiamiento.
El boom inmobiliario y la crisis habitacional
Buenos Aires exhibe una paradoja insostenible: la misma ciudad que multiplica torres de lujo para inversores expulsa silenciosamente a sus habitantes históricos. La fiebre constructora que transforma barrios enteros no genera viviendas accesibles, sino que acelera un proceso de gentrificación que desplaza a familias trabajadoras hacia la periferia. Este desarrollo inmobiliario, lejos de resolver el déficit habitacional, consolida un mercado que privilegia el lucro sobre el derecho a la vivienda. Una generación completa de jóvenes ve hoy frustrado su proyecto de independencia, atrapado entre alquileres que consumen hasta el 70% de sus ingresos y un mercado que multiplica los metros cuadrados de oficinas y departamentos premium mientras reduce las opciones habitacionales para los sectores populares.
Los números son contundentes: durante la última década, los programas de acceso a la vivienda se redujeron a su mínima expresión o directamente desaparecieron. El análisis presupuestario muestra las prioridades del GCBA: el abandono práctico de los programas de créditos para primera vivienda, la interrupción de los desarrollos urbanísticos bajo el PRO.CRE.AR y recortes superiores al 80% en los créditos contemplados por la Ley 341. Estas medidas han eliminado progresivamente las alternativas para que las familias de ingresos medios y bajos accedan a la propiedad, empujándolas hacia un mercado de alquiler cada vez más restrictivo.
Las políticas destinadas a los inquilinos han demostrado ser insuficientes y discontinuas. Los programas existentes muestran ejecuciones marginales —alrededor de 225 millones de pesos anuales— que resultan claramente desproporcionadas frente a la magnitud de la problemática. Esta desprotección estatal se agrava ante la ausencia de mecanismos efectivos de regulación de alquileres y protección contra desalojos. El deterioro más preocupante se observa en las políticas dirigidas a los sectores más vulnerables. Los recortes del 46% en urbanización de villas y del 65% en rehabilitación de conjuntos urbanos reflejan un claro abandono de las poblaciones que habitan en condiciones más precarias. Esto resulta particularmente grave considerando que el 12% de los hogares porteños permanece en situación de tenencia irregular, porcentaje que se mantiene constante desde 2003. Esta dinámica ha convertido a Buenos Aires en una ciudad que construye para inversores, pero no para sus habitantes. Los barrios tradicionales pierden su identidad y a sus vecinos originales, reemplazados por desarrollos que responden a la lógica del mercado antes que a las necesidades de la comunidad.
Mientras esta emergencia habitacional se agrava, el gasto en comunicación gubernamental aumenta sostenidamente, superando ampliamente la inversión en programas sociales prioritarios. Los recursos que podrían destinarse a soluciones concretas para el acceso a la vivienda —como la construcción de unidades habitacionales, el fomento al alquiler social o la regulación del mercado— son sistemáticamente desviados hacia otras prioridades, dejando a miles de familias sin alternativas reales frente a un mercado cada vez más excluyente. El resultado es visible en el crecimiento de los asentamientos informales y en las cada vez más frecuentes situaciones de hacinamiento, donde el derecho a un techo digno queda relegado a un sueño inalcanzable.
La ciudad dual: un modelo agotado
Esta ciudad dual, donde conviven la opulencia de Puerto Madero con la precariedad de los barrios del sur, no es el resultado de fuerzas inevitables del mercado. Es la consecuencia directa de decisiones políticas concretas, de un modelo que privilegia sistemáticamente los intereses del capital inmobiliario y financiero por sobre las necesidades sociales. Un modelo que ha convertido el espacio público en mercancía, la educación en servicio privatizable y la salud en privilegio de quienes pueden pagarla.
El deterioro de la gestión pública también se hace visible en las calles sucias que acumulan basura por días, en las comisarías hacinadas donde los presos se fugan ante la falta de condiciones mínimas de seguridad, en los hospitales desbordados que colapsan ante la demanda. Un modelo que tras casi dos décadas no resuelve lo elemental es un modelo agotado. Buenos Aires, la ciudad de la furia, parece haber llegado a un punto de inflexión. El desafío es, a partir de esta realidad, construir un nuevo horizonte, donde la igualdad y la justicia social sean los pilares de un desarrollo inclusivo y sostenible.