Ficciones estadísticas. La ilusión de los números en el relato libertario
por Juan Pablo Costa
En la narrativa del gobierno libertario, los números operan con una fuerza casi religiosa. Se presentan como verdades reveladas e incuestionables, que supuestamente validan el éxito de un programa de ajuste sin precedentes en la historia argentina. No importa que esos números no tengan asidero en la realidad, lo importante es sostener el relato. Así pasó con ese supuesto 15.000% de inflación de fines de 2023, que se obtuvo anualizando la inflación diaria de los días posteriores a la devaluación que ejecutó el propio Milei al asumir.
Algo similar ocurrió en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso cuando se dijo que el desempleo estaba cayendo y los salarios aumentando. Vivimos en la posverdad. No importa lo que dicen los datos. Menos aún los debates metodológicos. Estamos ante una sistemática utilización de los indicadores para ocultar una realidad social ruinosa. Detrás del barniz de la «estabilización», el oficialismo ha construido un sofisticado mecanismo de distorsión estadística que permite presentar la caída del consumo como un triunfo sobre la inflación, y la precarización extrema como una mejora en los ingresos.
El índice de precios bajo sospecha
El activo político-económico más relevante del Gobierno desde su asunción es, sin duda, la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Activo que comienza a estar en duda luego de nueve meses consecutivos de aumentos en la tasa de inflación mensual.
Actualmente, el IPC se calcula utilizando una estructura de ponderadores —es decir, el peso relativo que tiene cada rubro en el gasto total de los hogares— basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, con precios actualizados a 2016. El problema es que esta «canasta» no representa en absoluto el consumo actual de los argentinos, especialmente tras el fuerte reacomodamiento de precios relativos y el tarifazo en los servicios públicos.
¿Qué son los ponderadores y por qué su desactualización favorece la subestimación de la inflación? Los ponderadores determinan cuánto influye el aumento de un bien específico en el índice general. Según la metodología vieja que utiliza el INDEC, los hogares destinan un 9,4% a vivienda y servicios públicos y un 11% a transporte. Sin embargo, la ENGHo 2017/18 -que ya está procesada pero el Gobierno se niega a aplicar de forma retroactiva- muestra que el peso de vivienda y servicios debería ser del 14,5% y el de transporte del 14,3%.
Al mantener subestimados los rubros que más aumentaron bajo la gestión libertaria (servicios y transporte), el IPC publicado arroja una cifra significativamente menor que la inflación real. Si aplicáramos los ponderadores actualizados de la encuesta 2017/18, la inflación acumulada desde la asunción de Milei hasta noviembre de 2025 sería casi 40 puntos porcentuales superior a la informada oficialmente (288% frente al 250% del INDEC). La resistencia a actualizar este indicador no es nueva. Ya en 2024, el Gobierno Nacional despidió a la directora del IPC mientras —casualmente— trabajaba en la implementación de los cambios en el índice de precios. Más acá en el tiempo también ocurrió la renuncia del director del INDEC, Marco Lavagna, luego de que el Gobierno retrotrajo la modificación metodológica que ya había sido anunciada a partir de enero de este año.
También es interesante señalar que esta modificación no sólo es pedida por la oposición o por sectores sindicales que se ven claramente perjudicados por la subestimación de la inflación, sino que incluso el FMI señaló, en más de una ocasión, la necesidad de realizar el cambio de ponderadores para que el IPC se ajuste a la realidad.
La trampa de la movilidad jubilatoria
Esta manipulación del IPC no solo tiene efectos comunicacionales, es parte de la maquinaria libertaria de transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerables hacia el capital. Al haber atado la movilidad jubilatoria exclusivamente a la inflación por decreto, el Gobierno utiliza un índice subestimado para pagar haberes que pierden sistemáticamente poder de compra.
Respecto a ese punto, el CEPA realizó una estimación que muestra que, mientras que con la inflación oficial del INDEC las jubilaciones mínimas parecen haber caído un 3,2% real en el trimestre reciente, al ajustar el cálculo con los ponderadores actualizados de consumo, la caída real se eleva al 12%. El Gobierno «ahorra» recursos fiscales licuando la capacidad de supervivencia de los adultos mayores a través de una fórmula que indexa sobre un número que no captura el impacto real del aumento de los servicios y medicamentos en la canasta de la tercera edad.
La ficción de los salarios informales
Otro de los grandes cuestionamientos metodológicos de esta etapa se vincula con la evolución de los salarios no registrados. Según el INDEC, entre la asunción del actual gobierno y mayo de 2025, el salario de los trabajadores informales creció más del 27% en términos reales, desacoplándose de forma inverosímil del resto de los asalariados. Este «milagro» salarial en medio de una recesión comparable a una catástrofe natural no se explica por una mejora en el bienestar, sino por un cambio en la forma de captar los datos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
A partir de fines de 2023, el INDEC incorporó nuevas preguntas y mayor precisión para relevar ingresos no laborales, como la Tarjeta Alimentar, el programa Progresar y las pensiones no contributivas. Al mejorar la captación estadística de estos programas sociales —que antes se subestimaban—, el ingreso total medido de los sectores informales sube. En términos reales, el trabajador no cobra más; simplemente la herramienta ahora mide ingresos que antes ignoraba.
Alguien podría decir que el cambio es positivo, ya que mejora la captación de ingresos, o sea, “lee” mejor la realidad. Y es cierto, el cambio metodológico en sí mismo es positivo. El problema es que el Gobierno utiliza esta mejora estadística para afirmar que los salarios le ganan a la inflación y para mostrar una baja en la incidencia de la pobreza que no guarda relación con la caída en el consumo de bienes básicos como carne y otros alimentos.
Las plataformas como amortiguadores de la crisis laboral
El mercado laboral atraviesa hoy cambios profundos que los números generales no alcanzan a reflejar por completo. La tasa de desocupación subió al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un aumento de 1,1 punto porcentual respecto al año anterior. Este escenario golpea con mucha más fuerza a los más jóvenes. Para los varones menores de 29 años, la desocupación saltó del 12,5% al 16,2% en apenas un año, mientras que en las mujeres de la misma edad pasó del 13,8% al 16,8%. Estas cifras muestran que son las nuevas generaciones las que tienen más problemas para encontrar un lugar en el mundo del trabajo.
Sin embargo, hay que entender que la forma de medir la desocupación sigue estándares internacionales que hoy están en tensión en todo el mundo debido a las nuevas tecnologías. Según la metodología oficial, cualquier persona que haya trabajado al menos una hora en la semana ya figura como “ocupada”. Por eso, miles de personas que perdieron su empleo no figuran como desocupados, ya que se mantienen haciendo “rebusques” a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Rappi o PedidosYa.
Estas plataformas funcionan como un amortiguador de la crisis laboral, ya que impiden un salto abrupto de la desocupación en el corto plazo. Y dificultan la visibilización de la crisis laboral, ya que la tasa de desocupación no logra mostrar la pérdida de calidad del trabajo.
Entre fines de 2023 y fines de 2025, se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, que es el empleo que tiene aportes, obra social y vacaciones. Al mismo tiempo, se dieron de alta casi 160.000 nuevos monotributistas. Esto confirma que el empleo con derechos está siendo reemplazado por actividades por cuenta propia, donde el trabajador está mucho más desprotegido y sus ingresos son más inestables. En definitiva, aunque la desocupación no estalle, lo que vemos es que cada vez más argentinos cambian un sueldo fijo por un emprendimiento de supervivencia que no les garantiza llegar a fin de mes.
Del dicho al hecho y al bolsillo
El caso del IPC es, en este entramado de ficciones estadísticas, el más difícil de justificar. No se trata aquí de retórica sino de una decisión deliberada: mantener congelados unos ponderadores que ya caducaron hace más de diez años, cuando hasta el FMI reclama su actualización.
Para el resto de los indicadores, en cambio, la estrategia del oficialismo opera sobre otro registro. Ante la ausencia de números positivos que mostrar, el Gobierno se empeña en ofrecer lecturas positivas de números que a todas luces no lo son. Mejora la captación de ingresos informales y celebra subas salariales que ningún trabajador percibe en su bolsillo; modifica la forma de relevar datos y presenta como recuperación lo que no es más que un efecto estadístico circunstancial. Es el arte de fabricar buenas noticias donde no las hay. Pero, como dice el refrán: del dicho al hecho hay un buen trecho. Y esa distancia, al final, la sufre y paga la gente.