Inseguridad alimentaria en la infancia argentina
Una problemática estructural exacerbada por las políticas neoliberales
por Cristina Peña
La inseguridad alimentaria que afecta a la infancia argentina es un problema profundamente estructural que vuelve a escena con crudeza en el contexto actual. La semana pasada, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe revelador titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”. En él se expone que más de 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes en el país padecen hambre o algún tipo de privación alimentaria. Más allá de la gravedad de esta cifra, lo que el informe expone es que esta crisis no solo persiste, sino que se ha agravado, particularmente desde la llegada al poder del actual gobierno y la implementación de sus políticas económicas y sociales.
La inseguridad alimentaria no es una novedad, sino un síntoma de desafíos estructurales arraigados en la desigualdad, la pobreza y la falta de políticas públicas eficientes y sostenidas. Sin embargo, las decisiones de la actual gestión de Gobierno parecen haber intensificado la situación. Según denuncias de diversas organizaciones sociales, el Estado ha frenado la entrega de fondos para la mayoría de los comedores comunitarios, ha dejado de reconocer a miles de ellos y, a través de una creciente burocracia, ha asfixiado la operatividad de buena parte del sistema de asistencia alimentaria. Esta dinámica, lejos de dinamizar la ayuda social, ha llevado a muchos comedores populares a limitar sus horarios de atención, establecer listas de espera e incluso cerrar sus puertas por falta de recursos.
Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, la administración ha adoptado una postura crítica hacia las políticas asistenciales previas, particularmente aquellas relacionadas con la distribución de alimentos en comedores comunitarios. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha sido una figura clave en esta estrategia, destacada por el presidente y reconocida por auditar estos espacios. Sin embargo, estas auditorías no han estado exentas de polémica. En julio, el Ministerio publicó un comunicado que refería a serias deficiencias en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM), señalando falencias en los controles internos y en la integridad de datos que, según el gobierno, comprometían la transparencia y eficacia de las políticas alimentarias. Curiosamente, los resultados íntegros de esa auditoría nunca se pusieron a disposición del público.
Además, la política oficial ha consistido en no comprar alimentos para distribuirlos por vía estatal ni aumentar fondos a los comedores, sino solo para aquellos que estén reconocidos formalmente —un universo que no supera los 5.000 establecimientos—. Muchos comedores a cargo de organizaciones sociales comunitarias quedaron afuera de este reconocimiento oficial. Esto ha provocado tensiones con líderes sociales que reclaman no solo por la falta de recursos, sino también por la invisibilización y burocracia que dificulta su labor.
Uno de los gestos más alarmantes de esta crisis fue anunciado el lunes por el Padre Francisco “Paco” Olveira, reconociendo el cierre de un comedor en Merlo debido a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno nacional. Este caso refleja con crudeza la realidad que enfrentan cientos de comedores que, tras años de acompañar a las comunidades más vulnerables, se ven forzados a reducir sus operaciones o cesar completamente su actividad.
Los dirigentes sociales consultados por el medio El Destape coinciden en que la situación no mejora sino que empeora. A pesar de los comunicados oficiales que insisten en que la ayuda social está garantizada y es suficiente, la realidad de los barrios refleja otra historia: largas filas para acceder a una comida, días cerrados, falta de insumos, y un sistema de asistencia que se sostiene solo gracias al esfuerzo y la solidaridad comunitaria, más allá de lo estatal.
El Programa Alimentar Comunidad, que debería ser un respaldo económico para estos espacios, no alcanza a cubrir las necesidades ni se entrega de manera oportuna. Los comedores exigen que, al menos, los fondos prometidos sean enviados y distribuidos sin trabas para que esos espacios puedan retomar su rol fundamental: garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso digno y regular a una alimentación básica.
El comedor San Cayetano, ubicado en el barrio Eva Perón de Merlo, enfrenta una suspensión indefinida de sus actividades debido a la falta de fondos. Su cierre fue denunciado por el Padre Paco Olveira, quien explicó que el Gobierno justifica esta medida por la revisión de facturas vinculadas al programa Alimentar Comunidad. Aunque la última rendición de cuentas se aprobó en abril, casi tres meses después no han recibido más recursos, lo que obliga al comedor a cesar la preparación de 400 raciones diarias. Ante esta situación, están solicitando donaciones para continuar brindando alimentos básicos. En un contexto similar, el comedor Color Esperanza, en Lanús, también afronta dificultades por el congelamiento de fondos y el aumento de la demanda, lo que ha obligado a reducir sus días de atención y limita la provisión de comidas. Su responsable, Alejandra Ramos, alertó sobre la creciente necesidad de alimentos, especialmente entre adultos mayores y niños, muchos de los cuales sufren síntomas de desnutrición. A pesar de auditorías que confirman la cantidad de alimento distribuido, la crisis económica se refleja en la imposibilidad de cubrir toda la demanda y en la lucha por el reconocimiento salarial del personal que opera estos comedores comunitarios.
La situación crítica que enfrentan los comedores populares se refleja también en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La dirigente social Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, expresó al medio El Destape que las donaciones del Estado han disminuido notablemente y que la ayuda que recibe del Gobierno porteño es insuficiente para cubrir las necesidades actuales. Esta precariedad también es mencionada por el Polo Obrero, que opera numerosos comedores y merenderos en Buenos Aires y su conurbano. Edgardo Mari, miembro de esta organización, señaló que la demanda de comensales ha aumentado, mientras que la asistencia alimentaria estatal fue completamente suspendida, lo que pone en riesgo el funcionamiento regular de estos espacios. Ezequiel, del Polo Obrero Capital Federal, confirmó que desde la llegada del gobierno de Milei se eliminaron todas las partidas presupuestarias destinadas a la compra de alimentos para comedores, una ayuda que se mantenía con dificultades hasta 2023. Actualmente, asisten a cerca de 8.000 personas, pero la lista de espera casi iguala esa cifra, reflejando la gravedad y extensión del abandono estatal en un momento de creciente necesidad social.
La inseguridad alimentaria en la infancia argentina es una problemática que va mucho más allá de la coyuntura y que requiere políticas públicas firmes, sostenidas y sensibles a las realidades sociales más urgentes. La reciente exacerbación de esta crisis, vinculada a un giro hacia políticas de ajuste, ha dejado al descubierto la fragilidad del sistema de asistencia alimentaria y su dependencia de decisiones gubernamentales. Mientras millones de niñas, niños y adolescentes continúan sufriendo hambre y limitaciones alimentarias.