Jornada de lucha contra la proscripción
Miles de personas se movilizaron en la tarde de hoy hacia Plaza de Mayo en repudio del reciente fallo judicial que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner. Esta concentración en rechazo a lo que denominan una «avanzada reaccionaria y antidemocrática», fue convocada por diversas fuerzas políticas, sindicatos, organizaciones sociales, jubilados, científicos, profesionales y estudiantes.
por Cristina Peña
El contexto político y judicial que dio origen a esta movilización es complejo y conflictivo. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad, ratificando la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión fue unánime entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras rechazar el recurso presentado por la defensa de la expresidenta. En su fallo, la Corte sostuvo que las sentencias anteriores se fundamentaron en una extensa y sólida evidencia y que no se vulneraron garantías constitucionales. Además, argumentó que la condena constituye una aplicación razonada del derecho vigente y protege el sistema republicano y democrático. La causa investigó el presunto direccionamiento irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz favoreciendo al empresario Lázaro Báez durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. A pesar de que la defensa cuestionó la imparcialidad del proceso y la validez de las pruebas, estos argumentos fueron desestimados por el máximo tribunal.
Cristina Fernández había oficializado su candidatura a legisladora por la provincia de Buenos Aires semanas antes de que este fallo le imposibilitara legalmente participar en la contienda electoral de septiembre. La confirmación de la sentencia provocó una ola de protestas ciudadanas en rechazo a lo que consideran una maniobra judicial y gubernamental que no sólo proscribe a la ex mandataria, sino que socava derechos democráticos fundamentales. La tensión social escaló durante el fin de semana, con muestras de apoyo frente a su domicilio en el barrio de Monserrat, que derivaron en una convocatoria masiva para acompañarla en caravana a Comodoro Py este miércoles, día fijado para ser notificada oficialmente de su condena.
Las fuerzas de la calle
La sentencia contra la principal líder de la oposición generó una intensa ola de reacciones ciudadanas que combinan movilización, repudio y organización política. Diversas organizaciones sindicales como ATE Capital, las dos CTA y la CATT respondieron con paros y marchas, denunciando una supuesta “persecución judicial con fines de proscripción política”. Miles de personas se congregaron en espacios emblemáticos como la Plaza de Mayo, ondeando banderas y entonando consignas que evocan tanto la resistencia peronista de los años 50 como la defensa de los derechos democráticos actuales. Por su parte, organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora manifestaron su preocupación por lo que consideran una “instrumentalización del Poder Judicial” con fines políticos. Además, algunas voces sindicales y analistas compararon el caso con la proscripción judicial que enfrentó Lula da Silva en Brasil, alertando sobre una posible tendencia regional al lawfare. En redes sociales, se multiplicaron mensajes de apoyo, denuncias de “golpe blando” y campañas con hashtags como #CristinaProscripta y #DemocraciaSinProscripciones. En este contexto, la tensión institucional se siente palpable. Mientras el oficialismo exhorta al respeto de las instituciones, sectores del peronismo y del movimiento obrero avanzan en planes de lucha con cortes y acciones coordinadas.
Para evitar la escalada de protestas sociales, a contramano de lo solicitado por la Fiscalía, que bregaba por enviarla a una cárcel común, el juez Roberto Gorini decidió notificar a Cristina Fernández la prisión domiciliaria mediante una videollamada. Esta medida, tomada en un contexto donde el proceso judicial estuvo marcado por intenciones políticas más que jurídicas, no está exenta de provocaciones polémicas: entre las medidas impuestas figura la obligación de uso de una tobillera electrónica y restricciones que rozan lo simbólico pero cargadas de un fuerte peso político, como la prohibición expresada en términos vagos que le impide «adoptar comportamientos que generen disturbios en el barrio», limitación que, en los hechos, supone negar la posibilidad de interacción y saludo con sus simpatizantes que se acerquen a su vivienda.
Originalmente, la convocatoria a Comodoro Py tenía como objetivo principal acompañar a Cristina Kirchner durante su comparecencia ante los tribunales. No obstante, al confirmarse que la expresidenta cumpliría prisión domiciliaria con tobillera electrónica, sin necesidad de acudir físicamente al tribunal, los organizadores decidieron trasladar la manifestación a Plaza de Mayo. Este cambio responde al simbolismo y la carga histórica que este lugar representa, convirtiéndolo en un escenario más adecuado para expresar la denuncia contra lo que se percibe como una exclusión política y judicial. Además, esta elección fortalece el reclamo por la defensa de la democracia y la participación política, haciendo más visible y contundente el repudio al fallo proscriptivo y al recorte de los derechos democráticos.
Peligro: policías sueltos
En paralelo, ese mismo martes por la mañana, se publicó el decreto 383/2025 suscripto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que autoriza un reforzamiento operativo significativo para la Policía Federal Argentina, ampliando sus facultades en materia de orden público y prevención de delitos flagrantes. Entre las medidas contempladas, se cuentan patrullajes proactivos, detenciones basadas en sospechas fundadas conforme a la legislación vigente, así como la coordinación con otras fuerzas federales.
Esta expansión en las facultades policiales ha disparado alarmas en organismos internacionales y especialistas en derecho constitucional y seguridad pública. La principal inquietud radica en los potenciales riesgos para los derechos humanos que emergen de esta nueva estructura operativa. Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros expertos han señalado con preocupación puntos críticos como la vigilancia sin control judicial, el ciberpatrullaje en redes sociales y espacios públicos sin necesidad de orden judicial, lo que puede conducir a una vigilancia masiva y a un peligroso perfilamiento ideológico, impactando negativamente sobre la disidencia política. Asimismo, se cuestiona la posibilidad de detenciones arbitrarias por hasta diez horas sin intervención judicial formal en casos que se justifiquen por «sospechas fundadas», una práctica reminiscente de las detenciones por averiguación de antecedentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado problemáticas y vulneratorias de garantías fundamentales. Adicionalmente, el decreto amplía las facultades para realizar requisas sin orden judicial, afectando la privacidad y propiciando potenciales abusos en operativos preventivos.
Otra faceta alarmante de la normativa es la creación de un nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con potestades para realizar acciones de inteligencia, que, según los críticos, funcionaría al margen del Sistema Nacional de Inteligencia y sin los controles parlamentarios establecidos por ley, lo que a juicio de varios especialistas, debilita seriamente el sistema de contrapesos y la transparencia institucional. Por último, el hecho de que esta reforma haya sido implementada mediante un decreto y sin pasar por el Congreso ha agregado un elemento más para la controversia, socavando el principio de legalidad y reduciendo el espacio para el control democrático y la deliberación legislativa sobre el uso de la fuerza pública.
La Marcha, la Plaza y el sujeto Pueblo
El fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, reavivó el debate público sobre la proscripción política en el país. Este concepto, históricamente cargado de connotaciones negativas, se refiere a la exclusión forzada y anticipada de un actor político crucial dentro del sistema democrático, generalmente a través de mecanismos judiciales o legales. La polémica radica en que muchos sectores consideran que esta decisión judicial no solo tiene implicancias legales, sino también un fuerte contenido político, al impedir la participación de una figura relevante en el escenario político. De este modo, el entramado jurídico y político planteado por la Corte ha puesto en evidencia tensiones profundas entre justicia y política, suscitando un amplio debate sobre la legitimidad y los límites de la proscripción en la democracia argentina contemporánea.
La significativa movilización de hoy a Plaza de Mayo en desacuerdo con la reciente sentencia contra lo que se considera un acto de proscripción política se inscribe en una narrativa histórica de lucha en defensa de la democracia. Así lo dio a entender Cristina Fernández, desde su prisión domiciliaria, en un breve discurso que se difundió en Plaza de Mayo: «Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y tantas veces supo levantarse una y otra vez».
En medio de un sobredimensionado operativo de seguridad, su voz se convirtió en un grito colectivo que denuncia la judicialización de la política, la ampliación peligrosa de facultades policiales y la creciente erosión de derechos y garantías civiles en un momento crítico para la democracia argentina.