La Corte, Cristina Fernández y la tormenta política que se avecina
por Cristina Peña
En un contexto político que atraviesa una crisis profunda, donde trabajadores y jubilados luchan por sobrevivir con salarios que ni siquiera alcanzan a cubrir una canasta básica, donde las protestas sociales se han convertido en una constante diaria y los discursos de odio sobreabundan, la reciente actuación del máximo tribunal de justicia ha encendido una mecha que difícilmente podrá apagarse.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la controvertida causa de Vialidad dictaminó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de inhabilitarla a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Es un acto de grado político con consecuencias que trascienden el ámbito jurídico y se adentran en el terreno de la disputa por el poder y la representación popular. Los magistrados Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en una decisión rápida y polémica, parecen haber cedido ante una presión mediática y política que buscaba un objetivo claro: impedir la candidatura de la mayor líder de la oposición al actual gobierno.
Esta resolución judicial ha provocado una reacción intensa en la sociedad argentina, que se ha expresado en las calles. Miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país han salido a manifestar su indignación, cargando banderas que ondean como símbolos de resistencia y dejando en claro que no aceptan lo que consideran una utilización arbitraria del poder judicial para fines políticos. Frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, la vigilia se transformó en un acto simbólico cargado de afecto, memoria y compromiso colectivo.
La imagen de velas encendidas, cánticos, mates compartidos y discursos improvisados refleja una comunidad en lucha, fuerte y unida, que busca abrazar a su referente desde las calles. Cada amanecer, con la luz que despunta entre las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país, esa vigilia se renueva, como si despertara con la fuerza de un juramento: No dejar que esta causa se convierta en una mancha más en la democracia argentina. La voz popular cuestiona la independencia del Poder Judicial, acusándolo de parcialidad y de transformarse en una herramienta al servicio de intereses políticos y económicos concentrados.
El eco de esta injusticia percibida no se ha limitado a las fronteras argentinas. A nivel internacional, la condena ha despertado preocupaciones y pronunciamientos de solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y con quienes la apoyan. El expresidente boliviano Evo Morales, figura emblemática del progresismo latinoamericano, denunció que la resolución de la Corte es de «lawfare». Este concepto representa el uso distorsionado y estratégico de la justicia para eliminar o debilitar a líderes populares que desafían los intereses tradicionales de las élites políticas y económicas.
Diferentes organizaciones internacionales y sindicatos, incluyendo la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), han elevado su voz en defensa de la justicia y contra lo que consideran una maniobra política revestida de legalidad. Los paralelismos con casos emblemáticos como el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva son inevitables. Así como Lula fue encarcelado y posteriormente liberado en un proceso revolucionado por evidencias de manipulación judicial y mediática, muchos observadores ven en esta condena a Cristina Fernández un intento deliberado de proscripción política disfrazado de fallo judicial.
Pero, ¿qué es realmente el “lawfare”? Esta expresión, que combina los términos en inglés “law” (ley) y “warfare” (guerra), describe la utilización sistemática y estratégica del sistema judicial para librar una batalla política y comunicacional contra rivales que representan una amenaza real para quienes detentan el poder económico y político. Los métodos empleados incluyen acusaciones infundadas o exageradas, procesos judiciales prolongados y altamente mediatizados, y un manejo mediático que busca moldear la opinión pública en función de intereses particulares y no en base a evidencias concretas.
Lejos de ser un fenómeno nuevo, el lawfare tiene raíces en múltiples casos históricos, pero en la actualidad ha adquirido una sofisticación y una visibilidad que alarman a quienes defienden no solo a dirigentes políticos perseguidos, sino a la propia esencia de la democracia como sistema de gobierno pluralista y justo.
En definitiva, la condena emitida contra Cristina Fernández de Kirchner representa mucho más que una sanción personal: es un capítulo más en la historia de las tensiones políticas argentinas y latinoamericanas, donde el poder judicial, los medios de comunicación y las fuerzas políticas se entrelazan en un juego complejo que modifica los límites entre justicia y política. La respuesta social, nacional e internacional, es una demanda urgente de transparencia, independencia judicial, y respeto hacia la voluntad popular.