La ONU cuestionó el protocolo antipiquetes
La ONU advirtió que la implementación del protocolo antipiquetes, junto a una serie de reformas legales regresivas menoscaba gravemente los derechos de asamblea, asociación y movilización.
Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa un contexto de represión y criminalización de la protesta social, situación que generó la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un informe conjunto elaborado por nueve Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo del sistema de derechos humanos, la ONU instó al Estado argentino a revisar y adecuar el marco legal asociado al protocolo de actuación policial. Asimismo, solicitó la investigación y sanción de los funcionarios de seguridad responsables por actos de violencia estatal durante manifestaciones públicas y pacíficas. El informe expresa serias preocupaciones respecto a múltiples violaciones de derechos civiles y políticos fundamentales, tales como la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión, la protección contra detenciones arbitrarias, el derecho al debido proceso y la garantía de independencia judicial. Esta advertencia subraya la necesidad de proteger los derechos humanos en el ejercicio de la protesta social en el país.
El informe describe las graves vulneraciones de derechos y la violencia estatal en el marco general de lo que acontece desde la implementación del protocolo antipiquetes y que, junto a otros organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, viene denunciando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La ONU señala que el protocolo antipiquetes implicó, entre otras cosas, un desproporcionado despliegue de las fuerzas de seguridad, que incluye la presencia de fuerzas, como Prefectura y Gendarmería, cuyo mandato operativo nada tiene que ver con la intervención en movilizaciones sociales, el uso permanente de armas menos letales que dejaron cientos de personas heridas, entre ellos niños, personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos que cumplían tareas de control y monitoreo.
Además, hace una mención especial sobre las detenciones arbitrarias, muchas de ellas ocurridas en las desconcentraciones, y con el uso de imputaciones a través de “cargos vagos y no individualizados”, y sin las garantías legales necesarias. Señala, también, su preocupación por el hostigamiento del Gobierno nacional hacia los jueces que intervienen en estas detenciones y/o en los operativos policiales en salvaguarda de los derechos de los manifestantes. En particular, los casos del juez Roberto Gallardo, que fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de Nación ante el Consejo de la Magistratura de CABA, por ordenar que sólo intervenga la Policía de la Ciudad en las marchas de jubilados. Y de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la libertad de todas las personas detenidas en la movilización del 12 de marzo de este año por considerar que no respetaban las más mínimas garantías legales; tras esa intervención, funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Justicia anunciaron públicamente que solicitarían su destitución.
En este sentido, la ONU advirtió su “preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional”. En esta línea, cuestionó reformas como la ley de financiación del terrorismo, la ley anti-mafia, las normas de inteligencia nacional, entre otras, todas tendientes a otorgar mayores niveles de discrecionalidad al Ministerio de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.
Este llamado de atención ocurre en un contexto de aumento de la represión que, tal como adelanta el nuevo informe especial que presentará la CPM, en los primeros seis meses de este año ya hubo más personas heridas y detenidas en el marco de la protesta social que durante todo el año pasado. La presentación de ese segundo informe, observado entre enero y junio de este año, se llevará a cabo mañana martes 22 de julio, a las 18 horas en el anfiteatro de la sede nacional de ATE en la CABA.