La pobreza como delito
Lo vemos a diario quienes caminamos las calles del centro de la ciudad. Entre el murmullo de voces apagadas, del tránsito exasperante, de los bocinazos sordos, hay cuerpos, casi sombras, que hunden sus manos en los aparatosos contenedores buscando algún mendrugo, un resto de comida, algo que conserve aún algún valor de intercambio. Nadie escarba un contenedor por placer. Lo hace por necesidad, porque es el único recurso que le ofrece una sociedad formateada en el odio de clase. Es decir, deshumanizada. Tener hambre No es delito. Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remover residuos de los contenedores es considerado una contravención. La norma no distingue entre el que ensucia y el que sobrevive.
A tono con este discurso deshumanizante que propagan los voceros de la derecha, este lunes el titular del ejecutivo porteño, Jorge Macri, anunció que el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad procederán contra las personas o grupos que se encuentren removiendo la basura de los contenedores y ensuciando las calles porteñas, exigiéndoles que limpien y ordenen el lugar de inmediato. En caso de negarse a cumplir con esta disposición, serán sancionados con multas que rondan los 100 mil pesos.
Para robustecer su argumentación y nutrir aún más el odio de clase, Jorge Macri compartió un video que muestra a dos policías cacheando a dos personas, acción que remite a procedimientos policiales usados contra sospechosos de cometer delitos graves. Durante la intervención, los agentes cuestionan con un tono peyorativo a esas personas con preguntas tales como “¿de dónde sos?” y “¿en Fiorito también lo hacés a esto?”, mientras les ordenan explícitamente que recojan la basura y la coloquen nuevamente en los contenedores.
El Código Contravencional castiga con multas o trabajos comunitarios a quienes alteren el orden urbano. Pero ¿qué orden se defiende cuando se penaliza a quienes reciclan, a quienes buscan cartón, a quienes rescatan lo que otros desechan? ¿Qué ciudad se construye cuando se invisibiliza la pobreza detrás de una multa? Este caso es sintomático de una política pública que, lejos de atender las causas estructurales de la pobreza, apuesta a la exclusión, el control y la violencia institucional.
La Ciudad de Buenos Aires incumple de manera flagrante el artículo 11 de su propia Constitución, que establece la igualdad ante la ley y la obligación de promover la eliminación de toda barrera que impida el desarrollo integral y la participación plena de las personas en la vida comunitaria. La estigmatización y criminalización de quienes no cuentan con otros recursos que revolver en la basura como método de supervivencia solo alimenta el odio, genera tensiones sociales y convierte a estas personas en blanco fácil para el abuso y la represión policial.
Los recicladores informales —muchos de ellos migrantes, mujeres, adultos mayores— no ensucian: organizan, clasifican, devuelven valor a lo descartado. Son parte de una economía paralela que sostiene la ecología urbana sin reconocimiento ni salario. Sin embargo, su gesto es vigilado, corregido, sancionado.
La basura, en CABA, está contenida. Pero la exclusión no. Y cuando el Estado decide que hurgar en un contenedor es una falta, lo que se castiga no es el acto, sino la presencia incómoda de quienes recuerdan que la ciudad no es igual para todos.
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