Las fallas estructurales en la relación Nación–Ciudad
La decisión del juez Herman Mendel de suspender el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires es, en esencia, un diagnóstico de las tensiones no resueltas del federalismo argentino y de la fragilidad institucional con la que se intentó ejecutar una de las reformas judiciales más profundas de los últimos años.
El fallo no discute el principio de autonomía porteña ni la legitimidad del traspaso como objetivo político. Lo que cuestiona es el modo en que se intentó llevar adelante: un procedimiento acelerado, con pasos omitidos y un impacto directo sobre miles de trabajadores que no fue debidamente evaluado. En ese sentido, la resolución judicial funciona como un espejo incómodo para el Congreso y el Poder Ejecutivo.
La incorporación del Acuerdo de Transferencia en la Ley 27.802 durante sesiones extraordinarias es el punto crítico. El traspaso no estaba incluido en el temario habilitado y, según el juez, tampoco se justificó su urgencia. Lejos de ser un tecnicismo, este es un recordatorio de que el Congreso no puede legislar sobre cualquier asunto en cualquier momento sin respetar los límites constitucionales.
A esto se suma la ausencia de intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento, un órgano creado precisamente para evitar que los traspasos de competencias se conviertan en decisiones unilaterales. Su omisión, además de vulnerar la ley, debilita la legitimidad política del proceso. La improvisación legislativa, en este caso, es el corazón del problema.
El fallo también expone un aspecto que suele quedar relegado en los debates institucionales: el impacto humano. El traspaso del fuero laboral implica mover una estructura de más de 1.500 trabajadores y cientos de miles de expedientes. Sin un plan claro de transferencia automática del personal, sin garantías sobre salarios, escalafones y condiciones laborales, el proceso se vuelve inviable.
La suspensión del traspaso reabre una discusión que parecía saldada: ¿qué modelo de autonomía debe tener la Ciudad de Buenos Aires? Desde 1994, la Constitución reconoce su carácter autónomo, pero la transferencia de competencias judiciales ha sido lenta, fragmentada y políticamente conflictiva.
El fuero laboral es especialmente sensible porque concentra litigios de alto impacto social, al tiempo que involucra a sindicatos poderosos y administra un volumen de causas que condiciona cualquier transición. En este sentido, la decisión judicial obliga a repensarlo desde cero.
Sin embargo, la medida cautelar, lejos de anular el traspaso, lo suspende indefinidamente. Para avanzar, el Gobierno nacional y la Ciudad deberán reconstruir un camino institucional que respete los procedimientos omitidos y garantice la estabilidad del personal. Esto implica rehacer el proceso legislativo, activar la Comisión Bicameral, negociar un régimen de transición laboral y redefinir el financiamiento y la estructura administrativa.