Alerta sobre el declive en la Libertad de Expresión en Argentina
por Mariane Pécora
El segundo informe anual sobre libertad de expresión en Argentina, elaborado en conjunto con la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), da cuenta del grave deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo bajo el gobierno de Javier Milei.
Presentado el martes 2 de diciembre ante autoridades de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara de Senadores, el documento advierte de la existencia de un plan sistemático y persistente de parte del Gobierno para perseguir y reprimir a periodistas y trabajadores de prensa, orientado también a desfinanciar el sistema de medios públicos.
En 2025, el escenario comunicacional de Argentina se caracterizó por la aceleración y profundización del deterioro de la libertad de expresión y el aumento de la represión hacia periodistas y manifestantes, sintetiza el informe. El análisis sistemático de casos y datos expuestos en el mismo da cuenta de la continuidad en el retroceso en materia de derechos comunicacionales. Como también del deterioro sostenido en las condiciones del debate público. En este aspecto apunta a la puesta en marcha, a través de actores estatales y paraestatales, de mecanismos de hostigamiento, censura y disciplinamiento a periodistas, comunicadores, docentes, artistas, activistas y cualquier persona que se exprese en disidencia con las políticas oficialistas.
El relevamiento y monitoreo en tiempo real de estos casos a partir de múltiples fuentes, el análisis de los discursos oficiales, de políticas públicas, los registros judiciales, legislativos y el seguimiento del clima de las redes sociales y los ámbitos institucionales testimonian la consolidación de una política estatal orientada a restringir, de forma sistemática, tanto el derecho a la protesta como la libertad de expresión, sentencia el escrito y explica que esta política se instrumenta mediante prácticas de represión y criminalización a manifestantes y periodistas, como también a través de restricciones administrativas y físicas al trabajo de prensa o bien con un uso intensivo de mecanismos judiciales y administrativos. Lógica que se ve acompañada por campañas de estigmatización impulsadas desde el propio seno del poder estatal y replicadas en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno.
Las estadísticas ponen de relieve la magnitud de esta maquinaria represiva. En 2025 se registraron 1251 personas heridas por las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales, de las cuales 179 (el 14,4%) son trabajadores de prensa. Por otra parte, se constataron hechos represivos en el 54% de las movilizaciones, lo que equivale a un aumento del 26% respecto a 2024.
Respecto al informe de 2024, este año se constató un incremento del 66% en los casos de represión directa hacia los trabajadores de prensa. El hecho más trágico se registró el 12 de marzo, durante la habitual marcha de jubilados y jubiladas frente al Congreso de la Nación, cuando el fotorreportero Pablo Grillo fue gravemente herido tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Este episodio puso en evidencia la impunidad de la violencia estatal, como también la indiferencia del poder judicial ante este tipo de hechos. Si bien tras un largo proceso de investigación impulsado desde los gremios de prensa y organismos defensores de derechos humanos, se logró el procesamiento del gendarme que efectuó el disparo, la falta de respuesta oficial expuso el desamparo de los periodistas agredidos por las fuerzas de seguridad involucradas en la represión. Cabe señalar que ese mismo día se documentaron 20 casos de violencia policial hacia periodistas, incluyendo intoxicaciones por gases, impactos de balas de goma, golpes y vejámenes.
Sobre las estrategias de silenciamiento, el informe documenta que en el transcurso del presente año fueron detenidas de forma arbitraria durante las manifestaciones 130 personas, porcentaje sensiblemente mayor al registrado el año anterior, con 93 detenciones. Destaca también el uso creciente de la herramienta judicial para silenciar voces disidentes. Este tipo de persecución se extiende a periodistas críticos, activistas sociales y dirigentes políticos o sindicales. En cuanto a la censura, el documento cita la prohibición de la difusión de audios relacionados con corrupción que involucraban a Karina Milei, hermana del presidente, el «bozal legal» impuesto por un juez a un medio en Tucumán y las nuevas restricciones impuestas para ejercer la labor periodística en el ámbito de la Casa Rosada.
Este contexto no solo propicia un preocupante aumento de la desinformación y el uso de deepfakes en redes sociales, sino que también fagocita el debilitamiento del pluralismo y la diversidad informativa producto de la concentración mediática y la falta de transparencia en la asignación de la pauta oficial. Situación a la que se suma una escalada de agresión y desprestigio hacia el periodismo impulsada por el discurso oficial, que incita a la hostilidad contra los periodistas y críticos. Mientras que en paralelo a estas limitaciones a la libertad de expresión, se detectan también restricciones a la cultura, incluyendo ataques a activistas y artistas, intimidación a docentes y colectivos culturales, suspensión de eventos, demolición de monumentos y cierres de espacios culturales, junto con detenciones sin orden judicial, que dejan expuesta la tendencia hacia la censura y la represión.
En cuanto a la situación laboral de los trabajadores de prensa, el informe indica que las condiciones de trabajo son críticas. El 70% de los periodistas en el Área Metropolitana de Buenos Aires perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. En lo que respecta a la prensa escrita, esta situación alcanza al 80% de los trabajadores, afectando al 92,12% de los redactores. Con lo que tenemos, tan solo un 4,8% puede vivir de su salario, mientras que el 55% ejerce múltiples empleos. Por otra parte, el 27% de los periodistas ha sufrido agresiones o amenazas, siendo el 33% por parte de fuerzas de seguridad.
La emergencia alcanza también a los medios comunitarios y alternativos. Las políticas dispuestas de intervención del ENACOM produjeron la paralización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En consecuencia, se paralizó la entrega de las licencias a este tipo de medios, se suspendió la entrega de los FOMECA y se propició el allanamiento violento de radios comunitarias, como el caso de Petü Mogeleiñ en Chubut. Como contrapartida, el gobierno nacional ha implementado cambios regulatorios que favorecen la concentración mediática ilimitada de empresas de comunicación comerciales, como lo es la compra de Telefónica por Telecom. Apuesta que plantea riesgos significativos para la competencia en el mercado de telecomunicaciones.
El debilitamiento de los medios públicos y el retroceso en el acceso a la información han sido factores claves del deterioro en materia de libertad de expresión. El gobierno ha clausurado la agencia de noticias Télam, interrumpido la producción de contenidos en medios públicos y recortado personal y presupuesto en RTA y Contenidos Públicos. La producción audiovisual nacional enfrenta un estancamiento, con una caída del 60% en la taquilla del cine argentino en 2024. Modificaciones regulatorias han limitado el apoyo estatal al cine, eliminando cuotas de pantalla y restringiendo subsidios. Se intentó privatizar plataformas de cine nacional como Cine.ar. El acceso a la información pública ha disminuido, con un aumento significativo en solicitudes sin respuesta. Se han implementado recortes en la pauta publicitaria oficial, aunque YPF mantuvo altos gastos en publicidad. Además, se ha intensificado la cibervigilancia y el control social, con denuncias de abusos de autoridad y monitoreo de grupos sociales vulnerables, generando amenazas a la libertad de expresión.
El informe menciona también las intervenciones ejercidas por organismos internacionales que vienen denunciando el deterioro de la libertad de expresión en Argentina. Entre ellas, la preocupación por la represión y la falta de garantías para periodistas expresadas por parte de la CIDH y la OEA. Mientras que la Federación Internacional de Periodistas advirtió que «el Estado argentino no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa mediante prácticas de estigmatización, represión, persecución judicial y desmantelamiento de garantías institucionales». Subrayando, además, que «esta política sistemática de ataque a los medios y sus trabajadores impide que se garantice un ecosistema mediático democrático, plural y libre de violencia, fundamental para que se aseguren los derechos a la libertad de expresión e información».
Durante la presentación del informe prestaron testimonio Ari Lijalad y Julia Mengolini, periodistas que sufrieron denuncias judiciales de parte del presidente Javier Milei.