Los derechos de la inmensa mayoría
Miércoles 17 de septiembre por la tarde. El sol pega sobre la trama urbana y revela con claridad la geografía de una multitud hastiada de las políticas de ajuste, de la crueldad, de la corrupción y del veto constante del Gobierno nacional. Cientos de miles de personas desbordan la Avenida de Mayo y se desplazan por las calles adyacentes en una marea humana donde confluyen estudiantes, docentes, investigadores, trabajadoras y trabajadores de la salud, jubiladas y jubilados, organizaciones sociales y culturales… Dicen No al desfinanciamiento de las universidades. Dice No al vaciamiento del hospital pediátrico Garrahan.
La movilización expresa algo más que un reclamo puntual. Es la afirmación colectiva de que bienes públicos, como la universidad, la salud pediátrica y la investigación científica, conforman un entramado que atraviesa edades, generaciones y clases sociales. Estudiantes universitarios, docentes y no docentes que resisten la precariedad laboral y la merma presupuestaria, sindicatos, médicos, médicas y trabajadores del Hospital Garrahan, investigadores del Conicet, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y trabajadores de la cultura completan esta diversidad en defensa de la universidad pública y de la salud pediátrica. Destacan las columnas de jubilados y jubiladas; su sola presencia ensambla todas las luchas. Caminan sin temor a ser reprimidos, dado que el despliegue policial es menor que el habitual de cada miércoles.
Frente a un Congreso, estrictamente vallado, se lee un documento que da testimonio de las consecuencias materiales del recorte al financiamiento de universidades nacionales, la merma de partidas para investigación, la reducción presupuestaria en el Hospital Garrahan: menos docentes, menos camas, menos investigación, menos derechos. Minutos después, se anuncia que la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. La votación es elocuente: el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica es rechazado por 181 legisladores, 60 votan a favor de mantener la sanción y tan solo uno se abstiene; la Ley de Financiamiento Universitario recibe 174 votos a favor del rechazo, 67 en contra y 2 abstenciones. Más allá de los acuerdos y negociaciones, estos guarismos reflejan el peso de la protesta social que se expresa fuera del Palacio Legislativo.
Un estallido de júbilo atraviesa las calles y la jornada de lucha se transforma en fiesta popular. La consigna de que la educación y la salud pública superan cualquier veto se hace realidad en la acción colectiva. Políticamente, el rechazo de los vetos supone un golpe simbólico al Ejecutivo nacional y una inyección de moral para sectores opositores y para la sociedad movilizada. Sin embargo, no da por tierra los vetos; falta una última instancia en el Senado, que lo tratará en la primera sesión de octubre. Lo que sí se pone de manifiesto es que la participación popular puede influir en la agenda política.
En el plano institucional se reaviva el debate sobre la constitucionalidad de las sanciones presidenciales. Los vetos son una herramienta prevista en situaciones políticas de alto impacto social; su uso desmesurado genera controversias sobre la legitimidad democrática y la responsabilidad política. El rechazo parlamentario, por su parte, es una forma de control republicano: la Cámara de Diputados, ejerciendo su facultad, mostró que no acepta la clausura unilateral de iniciativas cuando existen mayorías que resisten.