Lucha de clases en el siglo XXI: La reforma laboral
El asalto libertario contra la clase trabajadora
por Juan Pablo Costa
En la narrativa oficial, la libertad es un concepto absoluto, casi místico, que supuestamente viene a desatar las manos de los argentinos para alcanzar la prosperidad. Sin embargo, cuando se corre el velo de la retórica y se analizan los detalles de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la «libertad» se revela como un eufemismo para la desprotección absoluta. Lo que el oficialismo presenta como una «modernización» necesaria no es más que una amputación sistemática de derechos conquistados durante un siglo, diseñada para transformar la relación capital-trabajo en un escenario de servidumbre moderna.
El fin de la jornada limitada: la estafa del banco de horas
Uno de los pilares del ataque libertario a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) es la destrucción de la jornada laboral tal como la conocemos. Bajo el engañoso nombre de “banco de horas”, el Gobierno propone que las horas extra dejen de pagarse como tales. La reforma habilita a los empleadores a administrar el tiempo de los trabajadores según su conveniencia, permitiendo jornadas de hasta 12 horas diarias sin que esto implique un recargo salarial, siempre que se «compensen» con descansos posteriores.
Esta medida no solo es un golpe al bolsillo, sino un ataque directo a la vida privada: el trabajador pierde el control sobre su propio tiempo, quedando imposibilitado de planificar estudios, cuidados familiares o simplemente el descanso. Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda reducir la jornada a 40 horas semanales para mejorar la productividad y la salud, Argentina —que ya tiene una de las jornadas más extensas del mundo con 48 horas— camina en sentido opuesto, profundizando un modelo de explotación intensiva.
En la misma línea de «individualización» del conflicto, se propone el fraccionamiento de las vacaciones. Lo que se vende como un «acuerdo entre partes» es, en un contexto de desigualdad, la facultad del empleador para dividir el descanso anual en fragmentos mínimos de siete días, rompiendo la función reparadora del ocio.
El «modelo Rappi»: la exclusión como política de Estado
La reforma muestra su cara más cínica al referirse a los trabajadores de plataformas digitales. Lejos de integrarlos al sistema de seguridad social, el proyecto los excluye explícitamente, rotulándolos como «prestadores independientes». Esto garantiza que empresas como Uber, Rappi o PedidosYa operen sin pagar salarios mínimos, aguinaldos, vacaciones ni aportes jubilatorios.
Los números publicados en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) son aleccionadores: para septiembre de 2025, un repartidor necesitó realizar 461 pedidos mensuales solo para no caer bajo la línea de pobreza. Con un valor promedio por pedido de $2.553. Esto indica que un trabajador debe pedalear o conducir para concretar más de 15 entregas diarias, todos los días del mes —llueva o truene—, sin margen para enfermarse ni descansar.
A este esquema se suma la figura del «colaborador», que permite a un trabajador independiente contar con hasta tres «colaboradores» sin que exista relación de dependencia, legalizando de facto el fraude laboral y la tercerización encubierta. Es la legalización del monotributo como pantalla para relaciones laborales estables, una maniobra que blinda a las empresas frente a futuros reclamos judiciales.
El despojo: la transferencia millonaria del trabajo al capital
Detrás de cada cambio normativo hay una transferencia de recursos. La reforma laboral de Milei no es la excepción; es una maquinaria de desvío de ingresos desde los sectores asalariados hacia la rentabilidad empresarial. Un punto paradigmático es la modificación del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habilita el pago de sueldos a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá.
Esta medida, celebrada por empresarios como Marcos Galperín, permite a los intermediarios financieros privados captar el flujo salarial de millones de personas, debilitando al sistema bancario tradicional y abriendo un interrogante sobre la seguridad del sistema, ya que los fondos de las billeteras virtuales no están garantizados por el Banco Central.
Pero el golpe más profundo al sistema de seguridad social viene por el lado de las contribuciones patronales. El Gobierno propone una reducción generalizada de estas alícuotas: del 20,4% al 17,4% para comercio y servicios, y del 18% al 15% para el resto del sector privado. Esta rebaja, sumada a la reducción del aporte a las obras sociales sindicales del 6% al 5%, representa una pérdida de USD 2.070 millones anuales para el Estado y el sistema de salud.
Para financiar las indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se nutre de un aporte del 3% de la masa salarial, pero con una trampa: ese 3% es compensable con las contribuciones que deberían ir al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En criollo: el empleador financia los futuros despidos con el dinero que debería pagar para las jubilaciones actuales, desfinanciando deliberadamente el sistema previsional para luego justificar un aumento de la edad jubilatoria o una privatización del sistema.
El disciplinamiento sindical y la justicia a medida del patrón
Para que este modelo cierre, es necesario silenciar la protesta y quebrar las organizaciones obreras que resistan. La reforma ataca la estructura sindical en tres frentes: financiamiento, negociación y acción. Se elimina la obligatoriedad de la cuota sindical por retención de haberes, se limita el crédito horario de los delegados a apenas 10 horas mensuales y se criminaliza el derecho a huelga mediante la ampliación discrecional de los «servicios esenciales». Esto genera un conflicto.
Y si el conflicto llega a la justicia, la reforma también allí pone obstáculos. Se habilita el pago de condenas laborales en 12 cuotas mensuales, licuando el valor real de las indemnizaciones en un contexto inflacionario y debilitando la naturaleza alimentaria del crédito laboral. Además, se introduce por primera vez la caducidad de instancia en el fuero laboral —además con plazos muy breves de seis meses en primera instancia y tres meses en segunda instancia—, lo que significa que miles de juicios podrían extinguirse simplemente por demoras procesales, incluso si son ajenas al trabajador.
El espejo de Perú y el sueño de Mc Ewen
El equipo económico de Milei no oculta sus referentes. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ha elogiado públicamente el caso de Perú, destacando su supuesta estabilidad macroeconómica y señalando el 70% de informalidad laboral no como una tragedia social, sino como un activo deseable de «orden». Cuestión similar planteó el diputado radical Tetaz, cuando reclamó mayor flexibilidad aduciendo que “el mundo del trabajo cambió, porque hoy un abogado hace Uber para llegar a fin de mes”, normalizando así la degradación del mercado de trabajo.
Estas miradas no son simples observaciones sociológicas; son definiciones políticas que consideran a la formalidad como una barrera para la acumulación de capital. Al proponer desconectar la seguridad social del empleo, el oficialismo y sus aliados le dan el tiro de gracia a cualquier planteo de movilidad social ascendente, reemplazando el derecho a un trabajo digno por un emprendedurismo de supervivencia, donde la única libertad que queda es la de elegir en qué plataforma precarizar la propia vida.
Este es el mundo que también imagina Robert Mc Ewen, el magnate minero beneficiado por el RIGI, quien relata con orgullo cómo logró quebrar un sindicato tras una huelga de 46 meses para reducir sus costos de producción de 360 a 60 dólares por onza. Para este modelo extractivista, los derechos laborales son simplemente un costo a eliminar.
Conclusión: Una Argentina de dos velocidades
Al igual que en los años 90 y durante el macrismo, el discurso de la «flexibilización» vuelve a presentarse como el único camino para generar empleo. Sin embargo, la historia y los datos recientes desmienten esta premisa: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 138.573 empleos registrados privados a pesar de las flexibilizaciones laborales contenidas en el DNU 70/2023 y la Ley Bases.
En definitiva, estamos ante un ataque frontal diseñado para desarticular la capacidad de organización y resistencia de la clase trabajadora. Al fomentar la atomización de los convenios colectivos, limitar la acción de los delegados y asfixiar financieramente a las organizaciones gremiales, el oficialismo busca quebrar, de una vez y para siempre, la combatividad histórica del movimiento obrero argentino, transformando a los sindicatos en actores fragmentados y sin poder de fuego en la mesa de negociación.
El objetivo último de esta arquitectura del despojo es consolidar una regresión brutal en la distribución funcional del ingreso, garantizando que la riqueza generada por el esfuerzo nacional se desvíe sistemáticamente desde los bolsillos asalariados hacia la rentabilidad del capital. La reducción generalizada de las contribuciones patronales y el uso de recursos previsionales para financiar el costo de los despidos no son medidas aisladas, sino los engranajes centrales de una ingeniería que hipoteca la seguridad social de las mayorías para engrosar los balances de las corporaciones.
Sin embargo, la historia de nuestro país demuestra que ningún esquema de exclusión y despojo logra ser definitivo; la memoria de las conquistas sociales y la inagotable capacidad de organización del pueblo permanecen como la reserva moral de una nación que no se rinde. La clase trabajadora argentina se enfrenta a un ataque frontal. De su tenaz resistencia dependerá la posibilidad de articular un consenso social y político para oponer a la avanzada del capital y sus lacayos políticos.