Marcha federal del 17 de septiembre
por Cristina Peña
La derrota en las urnas de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires no fue seguida por un giro sensible en la hoja de ruta del gobierno. El presidente Milei, tras admitir que tendría que corregir algunas equivocaciones, dejó en evidencia que la esencia de su programa no soporta corrección alguna: el dogma del déficit fiscal cero permanece inamovible. En los días siguientes llegaron señales precisas: vetos presidenciales a tres leyes que, en su diversidad, apuntaban a frenar o amortiguar el impacto del ajuste sobre sectores centrales de la vida social: Financiamiento universitario, Emergencia pediátrica y Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Esas decisiones muestran, con nitidez, la prioridad política que guía al Ejecutivo y a sus interlocutores financieros. No importa —al menos en el corto plazo— el veredicto electoral que exprese rechazo a la política económica vigente; ni importan las demandas de sectores profesionales, académicos o populares: la lógica es mantener la disciplina fiscal para satisfacer una consigna que tiene por soporte a actores externos e internos del poder económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el “círculo rojo” empresarial están cómodos con esa orientación. No es una exageración: Julie Kozack, vocera del FMI, expresó públicamente la “colaboración estrecha” con las autoridades argentinas y celebró la adhesión oficial al “ancla fiscal” y a la agenda de desregulación.
Ese respaldo internacional no es un dato menor: legitima, desde afuera, políticas que desde adentro generan conflicto y pérdida de derechos. Las universidades ven recortados recursos que condicionan la investigación y la gratuidad relativa a la que aspiran los sectores populares; la salud pediátrica, en un contexto de crisis y limitación de prestaciones, sufre el freno a medidas que buscaban mitigar la emergencia; y los ATN, mecanismos de transferencia a provincias y distritos, resultan ahora más escasos en un marco de ajuste centralizado. El mensaje es claro: reducción del gasto público, menores impuestos a los sectores de acumulación y reformas que flexibilicen el mercado laboral y las jubilaciones.
La narrativa oficial contrasta con la realidad de hospitales con recursos limitados, universidades con presupuestos reducidos y jubilados preocupados por las reformas previsionales. Esto revela tres características constantes de la gestión: la prioridad innegociable del ajuste fiscal, la convergencia entre el gobierno y los actores financieros internacionales que validan esa prioridad, y el aumento de la resistencia social y sindical para frenar el deterioro de las condiciones de vida y la degradación de los derechos sociales básicos. Efectivamente, la reacción social no tardó en hacerse escuchar.
La convocatoria a la marcha federal del 17 de septiembre aglutina a distintos actores: universidades, personal de salud, jubilados y trabajadores. La exigencia es precisa y contundente: que la Confederación General del Trabajo (CGT) rompa la tregua y convoque a un paro general para unificar las luchas contra los vetos y el plan que —denuncian— se implementa en consonancia con el FMI. Para muchos sectores, la hora de las medidas aisladas quedó atrás; sostienen que únicamente una respuesta general, coordinada y contundente podrá frenar la continuidad del ajuste.
En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un Paro Nacional de Salud el mismo miércoles 17, con movilización al Congreso. La protesta reclama la derogación de los vetos a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario, normas que, según sus promotores, ofrecían herramientas necesarias para proteger a niños, familias y al sistema público de educación superior frente a la erosión presupuestaria. Las conducciones sindicales en cada distrito determinarán la modalidad de las acciones, pero la consigna es que se garantizarán tan solo las guardias mínimas: la protesta se plantea con firmeza, sin desconocer la necesidad de sostener servicios esenciales.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sintetizó el diagnóstico y la indignación: “No se puede ajustar sobre la salud y la educación; recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal; avanzamos hacia una Argentina en la que solo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”. Con estas palabras, el dirigente gremial resume la percepción de quienes consideran que el ajuste fiscal no es un ejercicio técnico neutro, sino una elección política que redefine quién tiene derechos garantizados y quién queda expuesto a la mercantilización de necesidades básicas.
El llamado a que el Congreso rechace los vetos presidenciales y la denuncia sobre el autoritarismo crecientemente visible forman parte de la convocatoria. “Es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso. Tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional”, sostuvo Aguiar, subrayando la tensión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que el veto presidencial vuelve explícita.
La recientemente vetada Ley de Emergencia de Salud Pediátrica busca mejorar los salarios del personal pediátrico, eximir del Impuesto a las Ganancias las horas extras y guardias, aumentar el presupuesto para hospitales públicos como el Garrahan, y asegurar la continuidad de las residencias y la formación profesional. Los profesionales de la salud argumentan que esta medida no es un reclamo aislado, sino una reparación urgente ante la disminución del financiamiento público, denunciando una caída del 30-40% en los presupuestos hospitalarios desde la asunción de Milei, contrastada con el aumento del gasto en inteligencia, y convocan a un Paro Nacional de Salud en respuesta a lo que consideran una destrucción del sistema sanitario público.
En paralelo, los reclamos por la educación superior se entrelazan con la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada también por el Ejecutivo; plantean un aumento presupuestario que acompañe la inflación acumulada de los últimos dos años, actualizaciones bimestrales por inflación y una recomposición salarial docente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El sindicato anunció una conferencia de prensa para detallar la medida de fuerza: lunes 15 a las 15 horas en las puertas del Congreso de la Nación.
La semana se presenta, entonces, con medidas de fuerza y movilizaciones que buscarán poner en agenda la defensa del sistema público de salud y la universidad estatal.