Privatización de AySA ¿Repetir el error menemista?
Amparándose en la Ley de Bases, que declaró a AySA «sujeta a privatización», el Gobierno nacional ha puesto en venta el 90% de las acciones estatales de la empresa. Un 51% se transferirá a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, y el resto se venderá en bolsas y mercados locales. Este cambio normativo implica una profunda transformación en la gestión estatal, vigente desde 2006, de un servicio básico y sensible como el agua potable y el saneamiento.
A simple vista, la medida parece una reedición de una mala copia de una película de los años 90, cuando Carlos Menem privatizó la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Sin embargo, el contexto actual presenta un nuevo agravante: para facilitar el proceso al futuro contratista, Javier Milei emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, que modifica el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la zona más poblada del país. Este DNU introduce cambios en más de 100 artículos del régimen vigente desde 2006, ampliando considerablemente las facultades de la concesionaria responsable del servicio bajo la administración de AySA, lo que podría tener un impacto significativo en la gestión y calidad del suministro de agua en la región.
Uno de los aspectos más controvertidos que plantea el Decreto 494/2025 es la posibilidad de cortar el suministro de agua ante la falta de pago del servicio, práctica que en los inmuebles residenciales estaba restringida debido a la condición esencial de este servicio. Esta modificación representa un retroceso en los derechos sociales, porque pone en riesgo el acceso al agua de las personas en situación económica vulnerable, al tiempo que entra en conflicto con las recomendaciones internacionales que priorizan el acceso universal al agua potable como un derecho fundamental.
Por otra parte, la priorización de la rentabilidad por parte del nuevo operador privado implica necesariamente un aumento tarifario en la cuota del agua, que en el último año y medio ha sufrido un incremento del 300%. También existe el riesgo de desigualdad territorial, dado que empresas privadas suelen favorecer barrios con mayor poder adquisitivo, dejando rezagadas las zonas vulnerables.
En el plano legal, el acceso al agua está reconocido como un derecho humano por la ONU y ratificado en Argentina por tratados internacionales, con pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigen al Estado garantizar este acceso incluso bajo gestión privada. Por ello, aunque AySA pase a manos privadas, el Estado mantiene la obligación de asegurar la continuidad del servicio, tarifas justas y el acceso universal, especialmente para los sectores más vulnerables. El DNU 493/2025, al facultar a una concesionaria privada a cortar el servicio por falta de pago, se aparta de estas garantías y pone en jaque los compromisos internacionales asumidos por el país.
Hace 27 años, en 1993, la empresa estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) era privatizada por el entonces presidente de la Nación Carlos Menem. La gestión del agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó entonces en manos del consorcio liderado por la empresa francesa Suez-Lyonnaise des Eaux. Esta privatización se realizó bajo la promesa de mejorar la eficiencia, invertir en infraestructura y expandir el servicio. Sin embargo, durante la gestión privada surgieron problemas significativos, como el incumplimiento del 43% de las obras comprometidas entre 1999 y 2002, aumentos tarifarios desproporcionados que superaron ampliamente la inflación, la detección de contaminantes peligrosos en el agua y la exclusión de zonas vulnerables por falta de rentabilidad. Estos problemas, junto con la crisis económica de 2001, llevaron a que en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner re-estatizara el servicio, creando Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) para recuperar el control, ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Este breve racconto es uno de los motivos por los que el segundo proyecto de privatización de AySA es rechazado por organizaciones sociales, sectores políticos y expertos en derechos humanos, quienes advierten sobre el peligro que representa para la población más desfavorecida. Asimismo, se teme que la privatización de AySA cause una escalada en las tarifas y una menor supervisión estatal sobre la calidad y cobertura del servicio.
Desde el gobierno, en cambio, se argumenta que la modificación del marco regulatorio busca modernizar la empresa y mejorar la eficiencia del servicio, abriendo la puerta a inversiones privadas que, supuestamente, asegurarían la sustentabilidad del sistema a largo plazo. En tanto que argumenta que la medida se fundamenta en la “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. Vale señalar que el actual estancamiento que se observa en la infraestructura de AySA responde a la reducción y la paralización de obras por parte de la actual gestión de gobierno: están activos solo 36 proyectos de 299 iniciados en 2023. Este parate significó, además, el despido de más de 1.500 trabajadores.
No obstante, el avance libertario hacia la concesión privada de un servicio esencial abre un debate central: ¿Debe prevalecer el interés económico sobre un derecho humano fundamental?