¿Reformar o precarizar el trabajo?
La reforma laboral en Argentina implica una pérdida significativa de derechos para los trabajadores y un debilitamiento de la estructura sindical. Así lo pone de manifiesto un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional y concluye que sus principales ejes implican una pérdida de derechos para los trabajadores mediante cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, con el consiguiente debilitamiento de la estructura sindical, de la negociación colectiva y del derecho de huelga. Además, implica una millonaria transferencia de recursos del trabajo al capital y significativos cambios impositivos que afectarán a una gran mayoría de trabajadores y trabajadoras.
Entre los datos destacados, se hace hincapié en la reducción de un punto de contribuciones patronales destinadas a obras sociales sindicales supone un ahorro empresarial estimado en 679 millones de dólares anuales, mientras que el costo fiscal total por la baja de contribuciones patronales se estima en 2.070 millones de dólares anuales; se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con el 3% de la masa salarial bruta, que será compensable con contribuciones patronales y reducirá recursos destinados a jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares; el nuevo Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral reduce aún más aportes patronales para nuevas contrataciones a un 8% (incluyendo el 3% del FAL); el programa de “Promoción del Empleo Registrado” funciona como un blanqueo laboral con amplias amnistías fiscales, previsionales y penales; la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades implicaría un costo fiscal de 2.279 millones de dólares anuales beneficiando a 15.474 grandes empresas por 2.099 millones; las provincias perderían en promedio un 2,7% de coparticipación por esa medida; y la eliminación de impuestos internos sobre embarcaciones, aeronaves y objetos suntuarios afectaría 334 millones de dólares anuales.
Pérdida de derechos laborales
La reforma laboral propuesta en Argentina introduce múltiples cambios que resultan en la pérdida de derechos fundamentales para los trabajadores. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra el fraccionamiento de las vacaciones, que permite a los empleadores dividir el período de descanso anual, lo que puede perjudicar la capacidad de negociación del trabajador. Además, se establece un sistema de «banco de horas» que extiende la jornada laboral y elimina el pago de horas extra, lo que puede llevar a jornadas de hasta 12 horas sin compensación adecuada. También se permite la reducción del salario tras un accidente o enfermedad, lo que afecta la estabilidad económica de los trabajadores. La exclusión de los trabajadores de plataformas digitales de la legislación laboral formaliza su precarización, ya que operan sin derechos básicos como salario mínimo, aportes jubilatorios o cobertura por accidentes laborales.
Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo
La reforma modifica sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, debilitando la presunción de relación laboral y facilitando el uso de figuras como el monotributo para encubrir relaciones laborales.
Debilitamiento de la estructura sindical
La reforma también ataca la estructura sindical y la negociación colectiva. Se desfinancian sindicatos al eliminar la retención de cuotas sindicales por parte de los empleadores, lo que dificulta la sostenibilidad financiera de estas organizaciones. Además, se limita la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que los acuerdos de menor ámbito prevalezcan sobre los de mayor alcance, lo que fragmenta la negociación colectiva y debilita el poder de los sindicatos. La promoción de sindicatos de empresa y la restricción de la capacidad de acción sindical, como la necesidad de autorización para realizar asambleas, son medidas que buscan desarticular la organización colectiva de los trabajadores.
Transferencia de recursos del trabajo al capital
La reforma implica una transferencia significativa de recursos del trabajo al capital, favoreciendo a los empleadores a través de la reducción de contribuciones patronales y la creación de un régimen de incentivos que desfinancia el sistema de seguridad social. Se permite el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios, lo que abre la puerta a la intermediación financiera y puede poner en riesgo los derechos de los trabajadores. La reducción de aportes a las obras sociales y la creación de un nuevo régimen de blanqueo laboral son medidas que benefician a los empleadores a expensas de la protección social de los trabajadores.
Reformas impositivas y su impacto
La reforma laboral también incluye cambios impositivos que favorecen a las empresas, como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Estas medidas tienen un impacto fiscal significativo, reduciendo la recaudación nacional y afectando las transferencias a las provincias. La eliminación de impuestos internos que afectan a sectores de alto poder adquisitivo y la reducción de contribuciones patronales son parte de un enfoque que prioriza los intereses del capital sobre los derechos de los trabajadores.
Antecedentes y contexto de la reforma
La reforma laboral se inscribe en un contexto de reformas previas, como el DNU 70/2023 y la Ley Bases, que ya habían introducido cambios regresivos en la legislación laboral.
Propuestas alternativas para un trabajo digno
Frente a la reforma, se presentan propuestas alternativas que buscan una actualización laboral moderna y progresiva. Estas incluyen la defensa de paritarias libres, la actualización del salario mínimo, la inclusión de derechos para trabajadores de plataformas y la promoción de la participación en las ganancias. Se aboga por un enfoque que priorice la dignidad del trabajo y la protección de los derechos laborales, en contraposición a las medidas regresivas de la reforma actual.