Represión en el Congreso
Crónica desde las vallas
por Mariane Pécora
El Congreso amaneció blindado. Las vallas, altas y frías, parecen marcar no solo un perímetro, sino un clima: un anticipo de la distancia entre lo que ocurre dentro del recinto y lo que se vive en la calle. Adentro, el Senado se prepara para debatir el proyecto de ley de modernización laboral, una reforma laboral —elaborada a la medida de las exigencias del FMI— que perjudica enormemente a las y los trabajadores y beneficia a los grandes empresarios, patronales y algunos popes del sindicalismo vernáculo. Afuera, desde temprano, se concentran miles de personas. Intentan hacerse escuchar.
Desde temprano, una frase se repetía entre quienes se acercaban a la plaza: “Si el Congreso está vallado, nada bueno para los y las trabajadoras está tratándose adentro”. Para las y los manifestantes, la aprobación de esta ley significa un retroceso en derechos laborales. Lo decían con megáfonos, con carteles improvisados, con la voz ronca de tantas jornadas: “Esta mal llamada reforma laboral es la destrucción de las leyes de protección del trabajo. Es la posibilidad de despidos sin indemnización. Es trabajar más y cobrar menos”. Cada consigna parecía condensar años de luchas, de conquistas, de miedos y de memoria colectiva.
Por la tarde, cuando la plaza rebozaba de gente, media docena de infiltrados voltearon dos vallas, agredieron a las fuerzas de seguridad, arrojaron baldosas y una bomba molotov. La escena dura apenas unos segundos, pero alcanza para desatar un furibundo despliegue policial. Lo que hasta entonces era una manifestación multitudinaria se transforma en un caos de gases, corridas y balas de goma. Los manifestantes se dispersan por las calles aledañas, donde luego comenzará la cacería humana. Las motos policiales avanzan a toda velocidad, barriendo el espacio público con gases y balas de goma; persiguiendo y deteniendo gente al voleo; hiriendo a trabajadores de prensa. Una historia que vuelve a repetirse como un bucle interminable.
La violencia política se hace palpable. No existe otra forma de aprobar una ley en contra del pueblo si no es reprimiendo al pueblo. Lo que comenzó como una manifestación pacífica de repudio a la quita de derechos derivó en una salvaje actuación de las fuerzas de seguridad. Entre gases asfixiantes y balas de goma, la Posta de Salud y Cuidado y el CeProDH informaron que atendieron a más de 250 personas con heridas de distinta gravedad. Algunos tenían cortes en la cabeza, otros moretones, otros crisis nerviosas. La mezcla de humo, gritos y sirenas convertía la escena en un paisaje de guerra.
Minutos antes de que comience la cacería humana, en una de las esquinas, el músico Ariel Pratt acompañaba a su madre de 87 años. Amalia solo falta un miércoles a la plaza cuando el clima o los nietos la retienen. “Lleva un año ronca por los gases tragados aquel día”, relata el cantautor, que asegura que la constancia de su madre necesita del acompañamiento de otros. A su alrededor, la gente la saluda, le agradece, la abraza.
Mientras las fuerzas de seguridad persiguen, cazan, disparan y se apoderan del espacio público, dentro del recinto continúa el debate. La distancia entre ambas escenas —la institucional y la callejera— parece crecer minuto a minuto, como si pertenecieran a mundos distintos que apenas se rozan.
Cae la tarde. Las vallas siguen en pie. La plaza, que horas antes era un hervidero de cuerpos y consignas, queda sembrada de cartuchos de gases lacrimógenos, de balas de goma, de banderas e ilusiones destrozadas una vez más. El aire que se respira en la calle es tan asfixiante como estremecedor. La policía ha detenido o demorado alrededor de medio centenar de personas. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchas de ellas están golpeadas o heridas. La noche cae sobre un Congreso que permanece iluminado, ajeno, mientras en las calles todavía resuena el humo, la bronca y una sensación amarga que aprieta en la garganta.